El pasado 26 de octubre, el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de tres artículos de la Ley de Haciendas Locales, los que regulaban la base imponible del impuesto municipal de plusvalía. Esto no era una sorpresa, hacía ya más de cuatro años que el Tribunal Constitucional había declarado que pagar como si se hubiese ganado, cuando en realidad se había perdido era injusto, confiscatorio y en consecuencia inconstitucional. El problema radicaba en que el sistema de fijación de la base imponible, es decir de la magnitud sobre la que recae el impuesto era tan defectuosa que llegaba a producir resultados confiscatorios. Ahora, el Constitucional ha determinado que todo el sistema de fijación de la base imponible es contrario a la Carta Magna.

Mientras que en España, poco a poco, se va cogiendo el pulso al Covid-19 y la vacunación parece servir de arma eficaz para reducir los nuevos contagios, así como para suavizar los efectos adversos de la enfermedad, las armas políticas con las que se pretendió luchar contra la fatídica pandemia han demostrado ser ineficaces, o, al menos, contrarias a la ley.

Salen a la luz los detalles de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el cálculo de la plusvalía municipal. El Pleno del tribunal, que el pasado 26 de octubre adelantó el fallo en el que declaraba la inconstitucionalidad y nulidad del sistema de cálculo, entiende que "aunque la cuota no sea superior a la plusvalía realmente obtenida, sí resulta excesiva o exagerada y podría lesionar el principio de no confiscatoriedad". | Consulta aquí la sentencia completa.

Los magistrados Conde-Pumpido Tourón y Balaguer Callejón consideran que el Tribunal Constitucional no debería haber anulado los artículos declarados inconstitucionales del Impuesto sobre la Plusvalía, porque era posible arbitrar un sistema por el que los contribuyentes que pagaron el impuesto podían haber recuperado su dinero.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública baraja llevar al próximo Consejo de Ministros un real decreto-ley para reformar los artículos que se han declarado inconstitucionales en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal.

El Gobierno ha aprobado este lunes el real decreto-ley que adecúa el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró nulo el método de cálculo de la llamada plusvalía municipal que grava la revalorización del suelo ante una venta, donación o herencia de una vivienda.

La Generalitat de Cataluña buscará “otras maneras” y mecanismos que compensen la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular por invasión de competencias estatales la rebaja en Cataluña del IRPF a las rentas más bajas aprobada en 2020, según explicó este lunes la vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament, Elsa Artadi.

La reforma exprés de la plusvalía municipal no establece ninguna transitoriedad, lo que para los juristas significa que las operaciones entre el 26 de octubre y ayer quedan exentas de tributar.

El Tribunal Constitucional acaba de dar un disgusto serio a los Ayuntamientos de todo el país al anular el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como impuesto de plusvalía. Sin embargo, como nunca llueve a gusto de todos, se trata de una buena noticia para los ciudadanos, sobre todo para aquellos que pueden recuperar el dinero pagado de forma injusta y para los que, a partir de ahora, no tendrán que asumir este impuesto.

El Consejo de Ministros ya ha "arreglado" lo de la plusvalía municipal, tal y como anunció la ministra Montero. Cuatro años y dos gobiernos después de la anterior sentencia del Tribunal Constitucional en 2017, la cual ya requería al legislador adecuar este impuesto municipal, finalmente se ha aprobado la reforma legal mediante la cual se quiere subsanar la declaración de inconstitucionalidad dictada el pasado 26 de octubre por el alto tribunal.

El Tribunal Constitucional celebró este jueves el acto de toma de posesión de sus nuevos magistrados: Juan Ramón Sáez Valcárcel, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera e Inmaculada Montalbán Huertas. El acto estuvo presidido por Juan José González Rivas, cuyo mandato de presidencia ha durado cuatro años y ocho meses.

El Pleno jurisdiccional celebrado el día 15 de diciembre ha decidido inadmitir a limine por unanimidad todas las recusaciones formuladas contra la magistrada Concepción Espejel y el magistrado Enrique Arnaldo.

El Partido Popular está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Constitucional con el fin de lograr un reparto justo de los fondos europeos, Next Generation, algo que en su opinión no está sucediendo hasta el momento. El lunes, el líder del PP y jefe de la oposición, Pablo Casado, abordaba esta cuestión y ponía de nuevo el acento en la útilización que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo de estas ayudas, premiando "a dedo" a administraciones regidas por el Partido Socialista.

Hoy el Consejo de Ministros aprobará por la Ley de Vivienda sin cambios sobre el anteproyecto, que ha sido considerado inconstitucional por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 7 de febrero de 2022, ha reconocido la vulneración del derecho de una mujer, que denunció que había sufrido un cacheo policial en el que se la había obligado a un desnudo integral, a la tutela judicial efectiva, en relación con el de no ser sometida a tratos degradantes, al considerar insuficiente la investigación judicial de su denuncia penal, tanto en la instancia como en el recurso ante la Audiencia.

Los jueces están facultados para examinar la conformidad con el Derecho de la Unión Europea (UE) de una normativa nacional aunque haya sido avalada por el Tribunal Constitucional del Estado miembro, mediante sentencia.

El Tribunal Constitucional avala, en una sentencia, la decisión de dar publicidad oficial a una sanción administrativa, al considerar que cuenta con expresa habilitación legal y que respeta el contenido esencial del derecho a la protección de datos personales (artículo 18.4 de la Constitución Española -CE-).,

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos los apartados 1, 2 y 3 del artículo único del decreto-ley 37/2020 de 3 de noviembre, de la Generalitat de Cataluña de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia, que habían sido recurridos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Pedro Sánchez y ha anulado tres apartados del artículo único del decreto-ley de la Generalitat de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia, si bien puede tener consecuencias más allá y suponer la supresión de la obligación para los grandes propietarios de ofrecer un alquiler social antes de iniciar un procedimiento de desahucio.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado, por unanimidad, los recursos de amparo promovidos por los periodistasBlanca Pou Schmidt y Francisco Mestre García, y por las empresa de información que les empleaban (Europa Press Delegaciones y Editora Balear SA, respectivamente).

Los jueces deben valorar las circunstancias económicas reales de la persona que incumple su compromiso de pago, que condiciona la suspensión de una pena, antes de proceder a revocarlo y emitir la orden de ingreso en prisión, según establece el Tribunal Constitucional, en sentencia de 7 de marzo de 2022.

El Tribunal Constitucional despertó este jueves por la tarde la polémica entorno a la legislación sobre vivienda con una sentencia que anuló los artículos de la ley catalana de vivienda que en 2020 puso límite a los precios del alquiler en las localidades con mayor tensión entre demanda y oferta. Y lo hizo pocas horas después de que ERC salvara en el último momento en el Congreso el primer trámite de la Ley de Vivienda nacional.

El Tribunal Supremo ha acordado la suspensión del acuerdo del Consejo de Ministros, del pasado 22 de febrero, por el que se comunicó al Congreso de los Diputados sendas ternas de candidatos a la Presidencia y Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), al considerar que el procedimiento está viciado de raíz al apartarse de la normativa vigente.

El Tribunal Constitucional (TC) frena a Hacienda y exige que las parejas de hecho puedan acceder a los beneficios fiscales reservados para los convivientes aunque no estén inscritos en el registro autonómico. En concreto, la Sala Segunda del TC, en sentencia cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha estimado por unanimidad el recurso de amparo en el que la integrante de una pareja de hecho inscrita en un registro municipal madrileño -el de Rivas Vaciamadrid- impugnó la decisión de la administración tributaria, ratificada judicialmente, que le denegó la bonificación autonómica en la cuota tributaria en un caso de donación de una parte de la vivienda familiar que compartía con su pareja.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) publicó el 18 de febrero de 2022 el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda, siendo una de las reformas que más ha sido anunciada y discutida en los últimos meses. El texto señala literalmente en el correspondiente acuerdo:“Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena y por el procedimiento de urgencia, conforme a los artículos 148 y 93 del Reglamento, a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de ocho días hábiles, que finaliza el día 28 de febrero de 2022”

Se padece indefensión cuando la citación a comparecer en un juicio no se practica con especial diligencia sin garantizar que la parte demandada sea oída en el proceso, según establece el Tribunal Constitucional en dos sentencias, de 4 de abril de 2022.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la reforma legal del Gobierno que dejó en manos de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) el aval judicial a las restricciones sanitarias adoptadas por las comunidades autónomas, lo que supone el tercer varapalo de la corte de garantías al Gobierno por las medidas anti-Covid, después de que declarara inconstitucionales ambos estados de alarma.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció ayer la posibilidad de que el Gobierno pueda nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde por cuota aunque no se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque tienen que cumplir con la Constitución Española.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por amplia mayoría avalar las respaldado que se pueda multar con hasta 600.000 euros a quienes realicen actividades económicas y se nieguen a entregar información contable a Hacienda en el transcurso de una inspección tributaria, al considerar que, pese a la severidad de la sanción, no existe un desequilibrio "patente y excesivo con el fin de la norma".

El PSOE ha anunciado el registro en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley, que se tramitará por la vía de urgencia, que modificará de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial y facultará al CGPJ para que pueda nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional, a pesar de la prohibición de realizar nombramientos que tiene mientras se mantenga en funciones.