El Tribunal Constitucional (TC) ha asegurado que el Parlament de Cataluña pretendía "cancelar" de nuevo la Constitución y el Estatuto de Autonomía con las resoluciones aprobadas los pasados meses de julio y septiembre para reafirmar su compromiso con el derecho a la autodeteminación y que han sido recientemente anuladas por el tribunal de garantías.
Muy difícil lo tienen quienes hayan sido sancionados por incumplir la norma que regula la declaración de bienes en el extranjero (Modelo 720), si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), falla que esta normativa española no se ajusta al Derecho comunitario, tal y como ha interpretado la Comisión Europea en su recurso.
El Tribunal Constitucional (TC) desarma al 73,6% de los trabajadores que no acuden al trabajo con su reciente sentencia de 16 de octubre de 2019. Más de un millón de personas no acuden a su puesto de trabajo de media cada día, según recoge Randstad. Entre ellas, este 73,6% se ausentó por incapacidad temporal, mientras que el 26,4% restante -276.968 personas- lo hicieron pese a no estar de baja.
La flamante presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, dijo que llevará adelante una gestión imparcial y transparente y abogó por la lucha contra la desigualdad y la inclusión de todos los peruanos.
El Ejecutivo de una Comunidad Autónoma no puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas en su Parlamento al no reconocerlo así la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, según establece el Tribunal Constitucional en una sentencia de 18 de diciembre de 2019.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido hoy el nombramiento de su antecesora, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado. "Es una profesional impecable", ha manifestado el ministro a su llegada a la entrega de premios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur), su primer acto oficial como ministro.
El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado pedir a la Fiscalía que informe de si el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha podido incurrir en un delito de desobediencia al tramitar en los últimos meses propuestas de resolución que reiteraban el derecho a la autodeterminación de Cataluña y la reprobación de la monarquía.
El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado parte del decreto del alquiler del Gobierno. En concreto, el Tribunal, en una sentencia que hará pública en los próximos días, obligará a revisar la disposición adicional primera, que establecía la movilización de suelo público para promover vivienda en alquiler social. El TC la declara inconstitucional y nula.
El Constitucional estima parcialmente el recurso que el PP presentó contra el real decreto que el Gobierno aporobó en marzo para hacer más accesible el alquiler residencial. En particular, queda anulada la medida con la que el antiguo Ministerio de Fomento buscaba adjudicar suelo de titularidad estatal a fondos privados, para que gestionen 20.000 viviendas de arrendamiento asequible durante 50 años. A priori, se trataba de una medida que contaba con importantes garantías a su favor.
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la constitucionalidad del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que fue el que permitió suspender el pasado mes de mayo a los entonces presos preventivos del 'procés' -hoy ya condenados por sedición- Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez- en su condición de miembros del Congreso de los Diputados. También se empleó durante la instrucción del caso para evitar que accedieran a su escaño en el Parlament y contra el expresident Carles Puigdemont y el resto de huidos en julio de 2018.
El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha insistido hoy en que el fallo del Tribunal Constitucional adelantado ayer sobre el Decreto del Alquiler no paralizará el plan de las 20.000 viviendas para el fomento de vivienda de alquiler social o asequible. "No perjudica para nada la política a corto y medio plazo del Gobierno", señaló Saura.
El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el precepto de la Ley de Presupuestos de Murcia que contemplaba el abono de los atrasos a los funcionarios de la Comunidad. El precepto, según el Constitucional, va contra lo dispuesto en la normativa estatal de carácter general.
No es una novedad, pero el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo especial énfasis sobre ello. De los 44 puntos del documento -"Agenda para el reencuentro"- que el presidente del Gobierno le dio en mano a Quim Torra el jueves, uno de los que más ha llamado la atención pese a 'llover sobre mojado' es el séptimo: "El Gobierno tiene el compromiso de que el proyecto de Presupuestos 2020 cumpla con las disposiciones contenidas en el Estatuto de Autonomía".
Al hilo de las recientes declaraciones de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, destacando la necesidad de avanzar en el "cumplimiento íntegro" del Estatuto y asegurando que ello "conlleva la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social", hay que destacar que el Tribunal Constitucional (TC) ve posible la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco bajo ciertas condiciones. Puede verse en una sentencia en relación a dos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno Vasco contra la atribución al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de la gestión de las ayudas para que suscriban un contrato de formación y aprendizaje, por un lado, y, por otro, frente a un recurso contra la regulación por parte del Estado del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED).
El despido por ausencias al trabajo no es nuevo. Dicha causa de extinción contractual lleva contemplada en el Estatuto de los Trabajadores desde su primigenia versión de 1980. Es cierto que desde entonces ha sufrido cambios, pero la causa en sí lleva incorporada al ordenamiento jurídico español desde hace ya cuarenta años. Nadie se molestaba hasta una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que la aplicó.
El Consejo de Ministros ha derogado hoy el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite a los empresarios el despido objetivo de un trabajador por acumular bajas médicas justificadas mediante un Real Decreto-ley. A partir de mañana, que se publique la norma, estará ya en vigor.
Las corridas y pelea de toros, así como las peleas de gallo, seguirán vigentes en el Perú debido a que no se alcanzó en la sesión desarrollada hoy en el Tribunal Constitucional (TC) los cinco votos necesarios para declarar inconstitucional dichas actividades.
El Tribunal Constitucional ha dado la razón a los herederos del actor Christopher Lee (Christopher Frank Carandini Lee), después de que fuese condenado por el empleo de de una obra pictótica de un pintor español como cartel de una película protagonizada por él apagar una indemnización de 710.000 euros, pero sin haber sido oído en amparo, al desconocer el juzgado su dirección en el Reino Unido.
El sistema político europeo es, en su mayoría, de corte partidista. Las formaciones políticas son el centro de la vida pública del país, articulando argumentarios a sus miembros e imponiendo directrices y disciplinas de voto. La idea es que más allá de quién esté al mando de la nave, ésta sea reconocible a través del tiempo. Puede haber variaciones de rumbo, pero se presupone que el PSOE o el PP siempre serán coherentes con la inercia de su trayectoria histórica.
La asistencia por un letrado no puede retrasarse hasta que el sospechoso comparezca personalmente ante el tribunal cuando, habiendo sido citado por el juez para que acuda, y no habiéndolo hecho, se haya dictado una orden de detención contra él.
La Fiscalía de Chile abrirá una investigación por corrupción contra el Tribunal Constitucional (TC) por una presunta dilación intencionada de las causas sobre Derechos Humanos.
Desde hace semanas en elEconomista venimos anunciando, a través de consultas con magistrados y catedráticos en Derecho Constitucional, que el Gobierno se está saltando el Estado de Derecho. Que está anulando leyes y leyes orgánicas con Reales Decreto-Ley y con simples órdenes ministeriales. Objetivo a estas alturas de muchos de los numerosos recursos civiles y contencioso-administrativos que se están preparando por plataformas civiles y despachos de abogados.
La sentencia del Tribunal Constitucional alemán que obligará a que el programa de compras de deuda del Banco Central Europeo (BCE) sea ratificado por el Parlamento de Alemania y que, en lo sucesivo, forzará a que los programas de este tipo sean votados por los parlamentarios, está castigando a la cotización del euro y también a la deuda de los países de la zona euro.
La sentencia del tribunal Constitucional alemán que obliga al Banco Central Europeo (BCE) a justificar sus programas de compras de bonos, o de lo contrario la justicia alemana prohibirá que el Bundebank siga participando en estas operaciones, no pone en peligro las compras de deuda de la entidad europea. Aunque sí podría afectar a algunos detalles que pudiera estar planeando el organismo, el tribunal alemán parece que no tendrá músculo suficiente para doblegar al 'Whatever it takes' del BCE.
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este miércoles los recursos de amparo presentados por siete de los condenados por sedición en el Tribunal Supremo por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O. Da así el primer paso para revisar la sentencia en el primer pleno telemático de su historia.
¿Qué está pasando en la Justicia alemana? Cuando aún recordábamos la peculiar interpretación de la euroorden del Tribunal alemán de Schleswig-Holstein en el caso Puigdemont, ahora, el Tribunal Constitucional Federal alemán, con sede en Karlsruhe enmienda la plana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se pone a fiscalizar la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral por Real Decreto-Ley antes de concluir el estado de alarma, desde un punto de vista de técnica legislativa. Sin embargo, los especialistas en Derecho Laboral señalan aspectos que limitan la reforma.
El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado la subida de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades que impulsó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2016. El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional sobre la regulación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy mediante un real decreto-ley en septiembre del año 2016.
El acuerdo firmado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero, este martes, nace dañado o tocado por una ofensiva general de alcaldes de toda España que ya han empezado a manifestarse en contra de la propuesta de Hacienda, según la cual, los municipios con remanentes en Tesorería dan su dinero al Estado, para que éste les reparta el dinero a lo largo de 10 años, y solo destinado a proyectos concretos.
