Esta misma semana se reunirá por vez primera la mesa de negociación para el teletrabajo acordada por los agentes sociales la pasada semana para regular las condiciones de una modalidad de empleo que ha irrumpido en nuestro país a partir del confinamiento durante la pandemia, pero que sin embargo parece haber llegado para quedarse y cambiar las reglas. Precisamente, éste es el objetivo de la negociación que arranca en los próximos días: dotar de una normativa a este modelo de relación entre el empleado y la empresa, a distancia.

La dirección de Nissan Motor Ibérica ha descartado hoy la suspensión o la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que registró a finales de junio y que afecta a 2.525 trabajadores, con el objetivo de cerrar sus plantas barcelonesas de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca. | Nissan presenta un ERE para 2.525 trabajadores de las plantas de Barcelona

El Gobierno ha propiciado un mal comienzo de las negociaciones sobre la normativa del teletrabajo. Una vez más, el diálogo social quedó en segundo plano, ya que patronal y sindicatos critican que no se contó con ellos para elaborar esta primera propuesta.

La primera ronda de contacto en la Mesa de Diálogo Social para negociar las condiciones del teletrabajo ha llevado al traste los planes previos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La patronal tumbó el anteproyecto en el que se está trabajando de puertas del ministerio para adentro, entre otros motivos, por la rigidez que se presenta para el empresario en la asunción de costes generados por el empleado en el teletrabajo. De hecho, este parece será el caballo de batalla e una negociación que irremediablemente se prolongará más allá de verano. De entrada, en esta primera toma de contacto, hasta los propios sindicatos han criticado la uniteralidad del anteproyecto de ley abordado por el Ministerio de Trabajo. Así, tanto patronal como sindicatos han acordado enviar alegaciones al gabinete de Yolanda Díaz, que el posteriormente serán incluidas en una nueva redacción del documento, tumbando de facto el texto previo, ya que según el Ejecutivo se reformulará recogiendo las demandas de los agentes sociales."Tras la reunión mantenida este miércoles con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, CEOE y Cepyme consideramos que el Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia sometido por el Ministerio de Trabajo a información pública se ha concebido al margen del diálogo social orillando la necesaria implicación y participación de los interlocutores sociales en la vida económica y social del país", lamentaba la patronal asegurando que el resultado es un texto desequilibrado, de enfoque errático, apartado de la realidad del tejido productivo y de las necesidades de empresas y trabajadores, que lejos de fomentar con garantías la utilización de esta forma de organización del trabajo podría desincentivar su implantación en España y ralentizar su consolidación. "A consecuencia de ello, es un enfoque que no aporta la confianza y la seguridad necesarias para generar inversiones y empleo", sentenciaban desde la CEOE tras la reunión.Lo que sí parece haberse despejado en esta primera toma de contacto es la empresa deberá atender a ciertos costes generados por el empleado a distancia, después de que la CEOE se haya ceñido al acuerdo europeo que firmaron sindicatos y empresarios europeos en 2002, en el que se contemplaba que los gastos los deben asumir las empresas. "Por lo tanto, no tendrían que poner mucha pega porque ellos han puesto en valor ese acuerdo y suponemos que han puesto en valor todo el acuerdo y no sólo de una parte", aseguró la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, al término de la reunión tripartita celebrada este miércoles. Si bien, cabe recordar que la norma no detalla el mecanismo con el que deberán cuantificarse esos gastos ni la forma de compensación sino que emplaza a fijarlo en el marco de la negociación colectiva.

La primera toma de contacto en la Mesa de Diálogo Social para negociar las condiciones del teletrabajo evidenció esta semana la distancia existente entre el Gobierno y la patronal, principalmente, si bien los sindicatos también han enarbolado críticas al documento previo elaborado por el Ministerio de Trabajo. La CEOE tumbó de facto este pasado miércoles el anteproyecto de teletrabajo, criticando duramente el documento que tachan de "errático" y "alejado a la realidad" debido a la rigidez que se prevé en la norma sobre la imputación de costes para el empresario por los gastos repercutidos por el empleado a distancia durante el ejercicio profesional.

El balance del primer año completo de Rosa María Mateo al frente de RTVE deja un reguero de números rojos, conflictos internos, guerras de poder y desplome de la audiencia. La cadena pública ha cerrado 2019 con unas pérdidas de casi 30 millones tras tres años en beneficios y se espera que termine 2020 con un resultado negativo de 60 millones por el impacto del coronavirus.

El cierre es la única salida que Alcoa acepta para su planta de San Ciprian. La multinacional ignora así las propuestas de sindicatos y Gobierno para que venda la fábrica, una solución que sí aceptó en otros casos semejantes.

La suspensión de pagos de Pullmantur, la única empresa de cruceros basada en España y propiedad de Royal Caribbean, la segunda mundial del ramo, con el apoyo financiero de Cruises Investment Holdings, es un aviso a navegantes sobre el futuro de este negocio tan prometedor hace solo unos meses. Son tres barcos y a los clientes se les ha ofrecido viajar en otro de los buques del grupo. Para 2020 estaban previstos unos 34 millones de viajes en los 276 barcos operativos. Un crecimiento espectacular en la última década. Los barcos cada vez mayores, permiten un sinfín de actividades a unos precios realmente competitivos con los de los hoteles de igual categoría.

El Covid-19 no va a desaparecer, y otros virus peligrosos pueden estar en camino. Esto significa que es hora de afrontar la cruda realidad: muchos de los efectos de la pandemia en nuestras economías y sociedades serán persistentes, incluso permanentes.

El Govern ha firmado este lunes con agentes económicos y sociales el Acuerdo Nacional de Bases para la Reactivación Económica con Protección Social de Cataluña.

El Ministerio de Trabajo ha presentado a los agentes sociales una nueva propuesta sobre la regulación del teletrabajo, tras las alegaciones realizadas por sindicatos y empresarios al anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia elaborado por el Gobierno, y volverá a mantener una nueva reunión sobre este asunto esta misma semana.

La dirección de Nissan Motor Ibérica ha trasladado a los representantes de los trabajadores retrasar el cierre de las plantas que la multinacional nipona tiene en Barcelona (Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca) hasta junio de 2021.

La dirección de Nissan Motor Ibérica ha recordado hoy a los sindicatos la "urgencia" de avanzar en las negociaciones ante la inminencia del fin del periodo de consultas -el próximo 30 de julio-, con el fin de poder alcanzar "la mejor solución para todos los empleados".

La dirección de Alcoa San Cibrao (Lugo) ha accedido a ampliar hasta el 4 agosto el período de consultas sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la fábrica de aluminio en la planta de Cervo y que afecta a más de 500 trabajadores.

Unidas Podemos ha pedido en el Congreso impulsar una regulación legal específica del teletrabajo que incluya la compensación "adecuada" por los gastos derivados del teletrabajo, así como regular el uso de las tecnologías de la comunicación (mensajería y correos electrónicos o dispositivos móviles) fuera de la jornada de trabajo para garantizar el derecho de desconexión.

La dirección de Nissan Motor Ibérica ha emplazado a los sindicatos a valorar la propuesta presentada e intentar buscar posiciones que ayuden a desbloquear la situación y avanzar en el diálogo, con el propósito de llegar a puntos de encuentro que pudieran facilitar un acuerdo entre las partes y a las administraciones a trabajar en la búsqueda de propuestas de reindustrialización.

La dirección de Nissan Motor Ibérica ha abierto la posibilidad de negociar otra extensión al cierre de las factorías de Barcelona más allá de junio de 2021, si se logra gestionar el excedente de personal y siempre bajo un acuerdo entre las partes. | Nissan propone a los sindicatos retrasar a junio de 2021 el cierre de Barcelona

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 3 años de prisión para el exsecretario general de SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, por un delito continuado de apropiación indebida de fondos del sindicato. Además, la Sala II ratifica la condena a que indemnice al sindicatos por 425.000 euros.

Las ministras de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, e Igualdad, Irene Montero, han suscrito este jueves con los sindicatos CCOO y UGT el 'Acuerdo para el Desarrollo de la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el Trabajo', que finalmente no ha contado con la rúbrica de la patronal tras haber participado en las negociaciones.

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Luis María Beamonte, ha criticado este jueves "las acusaciones" del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, "contra los trabajadores y gestores de las residencias de mayores" en relación a la propagación de la COVID-19 entre los residentes. Unas críticas que también se han realizado desde OSTA y SAE (Sindicato de Técnicos de Enfermería).

Endesa ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para permitir la salida voluntaria de un máximo de 577 empleados afectados por el cierre de sus centrales térmica de carbón en la Península Ibérica, con un impacto no recurrente en sus cuentas de 213 millones de euros, que no tendrá efectos en el pago del dividendo con cargo al presente 2020.

Las patronales CEOE y Cepyme aseguran que no han rubricado el acuerdo para los reglamentos de igualdad suscrito este jueves por Gobierno y sindicatos, porque incluyen "una reforma encubierta de la negociación colectiva" para garantizar la penetración de los sindicatos en empresas donde no tienen representación. Los empresarios no descartan llevar el asunto a los tribunales.

Las maratonianas negociaciones de los últimos días entre la dirección y los sindicatos de Nissan para pactar el ERE que afectará a 2.525 empleados, por el cierre de los tres centros de producción de la multinacional en Barcelona, han finalizado sin acuerdo la madrugada de este sábado.

La multinacional nipona Nissan ha dado un ultimátum al comité al poner encima de la mesa la "última oferta" antes de la aplicación del ERE en las plantas de Barcelona, mientras los sindicatos avisan de que llevarán la medida a los tribunales si la empresa no plantea otra alternativa en los próximos días.

La dirección de Nissan y los sindicatos han llegado este miércoles por la tarde a un acuerdo sobre el ERE a 2.525 trabajadores y el cierre de las plantas en Cataluña después de 25 horas consecutivas de reunión telemática.

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao ha emplazado a la empresa a fijar "fecha, lugar y hora" para una nueva reunión en la que cerrar el periodo de consultas del ERE e "intentar alcanzar un acuerdo para terminar el mismo en un sentido opuesto al que parece que finalmente ha prevalecido".

El objetivo de alcanzar esta semana un principio de acuerdo sobre la regulación del teletrabajo entre el Gobierno y los agentes sociales se convierte en imposible. Es lógico el rechazo de la patronal al modo tan restringido en el que el Ministerio de Trabajo definía el ámbito mismo de aplicación de la nueva norma.

El secretario general del sindicato británico Unite, Len McCluskey, ha asegurado que British Airways puede mirar a largo plazo sobre la recuperación del negocio "si hay voluntad de hacerlo".

Varios son los puntos de fricción que mantienen empresarios y sindicatos sobre el futuro anteproyecto de la Ley de Trabajo a Distancia. Varias fuentes conocedoras de las negociaciones señalan como uno de los principales la consideración a partir de qué porcentaje del horario se entiende por "trabajo a distancia regular". El borrador que presentó el Gobierno el viernes 31 de julio establece "un mínimo del 20% de la jornada", el equivalente a un día a la semana para que ya se considere que un trabajador "teletrabaja" y, por tanto, le sea aplicada la nueva normativa. Estas fuentes apuntan que para la CEOE es poco y quieren que se eleve al menos al 30% o dos días.

El grueso de los funcionarios españoles ha tenido que esperar a la aparición de la pandemia del coronavirus para que el teletrabajo fuera una realidad. La última administración en regularlo han sido la Administración General del Estado (AGE) -con aproximadamente 200.000 funcionarios, pero con fecha de caducidad: hasta que España no esté en situación de pandemia-, y las de Madrid y Cataluña con carácter permanente, que representan cerca del 50% de los 1,5 millones de funcionarios que emplean las Comunidades Autónomas.