UGT se ha sumado a las empresas de ingeniería, consultoría y servicios en sus reclamaciones a Aena para que reactive los contratos y "sea el primero en dar ejemplo de la necesidad de proteger el empleo". El sector privado demanda al presidente del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, que permita continuar los proyectos que sean "teletrabajables" y demanda que en ningún caso prolongue las suspensiones más allá del estado de alarma.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este jueves a las 11:00 horas con las principales organizaciones sindicales, CCOO y UGT, y con la patronal, CEOE y Cepyme, para sentar las bases de la recuperación tras la crisis del coronavirus que hasta ayer ha compartido en una ronda con los grupos políticos de representación parlamentaria -menos Vox y la CUP- que se zanjó con una comisión parlamentaria hacia una Mesa de reconstrucción.
Los responsables de Salud Laboral de los sindicatos UGT, Ana García de la Torre, y CCOO, Pedro J. Linares, denunciaron ayer que los inspectores de Trabajo se han quedado sin la potestad de paralizar de forma temporal un centro de trabajo si las condiciones no aseguran la salud de los trabajadores. Según los dirigentes sindicales, en instrucciones internas de la Inspección de Trabajo se alega que al tratarse de una alarma sanitaria y no de índole laboral, las competencias de paralizar una empresa han pasado al ministerio de Sanidad, competente en decisiones relacionadas con la extensión del COVID-19. Una información que no valoran desde el Ministerio de Trabajo. | Trabajo amenaza con redoblar el esfuerzo de las inspecciones.
Los sindicatos mayoritarios ofrecen aportaciones de muy diferente valor en el debate sobre cómo debe actuar el sector público, ante crisis de grandes empresas debidas a la epidemia. UGT ve razonable que el Estado busque ahora presencia en firmas estratégicas, una posición que puede entenderse ante el riesgo actual de que inversores oportunistas tomen su control.
Los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el INE no han convencido ni a la patronal ni a los sindicatos sobre lo que es una foto fidedigna de la actual coyuntura del mercado laboral español. Aunque sí que se recoge un ligero incremento de la tasa de paro al 14,4% y una destrucción de casi 300.000 empleos en los tres primeros meses del año respecto a 2019, la cifra de la semana de referencia que habla de un incremento de más de 500.000 personas que no se han visto empleadas en dicho periodo hace asomar la punta del iceberg del impacto real de la crisis sanitaria en el tejido productivo español.
Reclaman al Gobierno andaluz que "tome la iniciativa" convocando a los agentes sociales y económicos
El ministerio de Industria ha reunido hoy a la mesa encargada del seguimiento de la inversión del fondo suizo Parter en las antiguas plantas que Alcoa tenía en Avilés y La Coruña. El encuentro ha servido para mostrar las dudas que gran parte de los miembros de este grupo mantienen sobre la operación de venta de las plantas y la solvencia del Grupo Riesgo, nuevo accionista de control. De hecho, el propio secretario general de Industria, Raül Blanco, preguntó al representante de Parter si habían comprobado el nivel de solvencia de sus socios, así como de la planta holandesa que les tendrá que nutrir de chatarra y el propio representante del fondo suizo reconoció que no había sido corroborada.
El Gobierno ha creado una Comisión Interministerial en la que, al menos, estarán representados los ministerios de Economía, Hacienda, Trabajo, Seguridad Social y previsiblemente Industria y Transporte, para calcular el coste presupuestario de las medidas que se vayan tomando para la desescalada. Una Comisión a nivel de Secretarios de Estado que estará presidida por Economía, concretamente por la secretaria de Estado de Economía y Tesoro, Ana de la Cueva.
Los empresarios reclaman del Gobierno medidas de liquidez duraderas para evitar una ruptura de la cadena de pagos, que agrave el impacto de la crisis sanitaria en la economía y aboque a muchas compañías al cierre. La desescalada gradual decretada unilateralmente por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha desatado duras críticas en los partidos de la oposición, debe ir acompañada de medidas complementarias, a juicio de las patronales, y de una extensión de las medidas de emergencia adoptadas, tales como aplazamientos y moratorias de impuestos, extensiones de los Ertes por fuerza mayor, y una mayor y más ágil afluencia del crédito con aval público, que no fluye como consecuencia de la batalla de las entidades bancarias con el ICO.
La sociedad española celebra este viernes otro Primero de Mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, pero esta vez lo hace en un contexto inimaginable hasta ahora: familias y amigos confinados, en un escenario económico incierto y con un mercado laboral duramente golpeado por la crisis del Covid-19. En definitiva, una situación de la que todos queremos salir cuanto antes y en la que debemos tratar de buscar esa salida desde el trabajo conjunto.
El Día Internacional de los Trabajadores debe servirnos para rendir homenaje a todos aquellos y aquellas que con su esfuerzo, y algunos incluso hasta con el sacrificio de su propia vida, han hecho posible que hoy tengamos un elenco de derechos laborales que son el máximo exponente de las conquistas sociales que sustentan nuestro Estado del Bienestar.
La unidad de acción sindical entre UGT y CCOO, una conquista que llevó muchos años conseguir, ha tenido una fisura estas semanas durante la renovación de los Ertes de fuerza mayor. Un instrumento legal, cuyo periodo de vigencia llega a su fin cuando se levante legalmente el estado de alarma. Las diferencias entre las dos organizaciones de trabajadores no se han externalizado, pero se han dejado notar en la Mesa de Diálogo que negocia estos días discretamente.
Correos sigue adelante con su plan para reducir la temporalidad de su plantilla, que supera el 30%. Pese a los estragos que ha causado la crisis del coronavirus en las cuentas de la compañía, que ha estado más de un mes sin repartir paquetes , y el imparable desplome del negocio postal (envío de cartas), la empresa ha decidido adelantar a otoño el examen para cubrir las 3.412 plazas fijas que se convocaron a finales del año pasado.
Tras conocerse las dramáticas cifras de paro y afiliación correspondientes al mes de abril, la reacción de los empresarios y sindicatos es de pesar por una tendencia que constata la sangría que está suponiendo el impacto de la pandemia de coronavirus en el mercado laboral español, con 950.000 empleos menos y casi 600.000 parados más desde el 12 de marzo. "La recuperación de la economía mundial que se esperaba para 2020 se está viendo truncada por la magnitud y la extensión de la crisis sanitaria del COVID-19. Sus consecuencias en España son ya evidentes, con un impacto extraordinariamente elevado en la actividad empresarial, obligada a cesar por decisiones gubernamentales derivadas de la necesaria contención de la pandemia lo que, en el mes de abril, se traduce en un incremento de la cifra de desempleo de casi 283.000 personas, un 7,97% más, situando el desempleo en 3.831.203 personas afectadas", apuntan desde la CEOE sobre el cuadro que presenta el mercado laboral en abril.
La previsible prórroga del estado de alarma esta mañana en el Congreso ha quitado presión a la aprobación del modelo que regirá los Ertes durante la desescalada y los meses posteriores de la normalización económica. Ayer los expertos en Derecho Laboral se echaban las manos a la cabeza ante el vacío legal que se abría si el Congreso no revalidase el estado de alarma tras constatar que el Consejo de Ministros había pospuesto la reforma de los Ertes. Sin embargo, las distancias entre el Gobierno y los agentes sociales, especialmente los empresarios, dificultan un modelo pactado.
El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha rechazado la posibilidad de que se prohíban los despidos hasta diciembre y el mantenimiento del empleo durante seis meses para las empresas que hayan presentado un ERTE derivado de la crisis del Covid-19. En directo | Última hora sobre el coronavirus
Los sindicatos médicos en la Comunidad autónoma, CESM Aragón y FASAMET, están valorando nuevas acciones judiciales contra el Gobierno autonómico por la no realización de pruebas PCR y test serológicos del coronavirus al personal sanitario y sociosanitario.
La mesa de diálogo social ha dado frutos y tanto las patronales como los sindicatos han cerrado un acuerdo con el Gobierno para la prórroga de los Erte. Un acuerdo que se ha conseguido gracias a que el Gobierno ha suavizado considerablemente las prohibición de despedir en el plazo de seis meses si se ha usado un Erte.
El Gobierno, los sindicatos y la patronal han firmado este lunes el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social para ampliar al 30 de junio los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), con la posibilidad de prorrogar este plazo si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegada esa fecha. Acuerdo firmado con sindicatos y empresarios para los ERTE (.pdf)
El comité de Nissan en Barcelona pedirá al SEPE, el servicio estatal de empleo, que rechace la inclusión en el ERTE de fuerza mayor del millar de empleados que se reincorporaron la semana pasada, pero que no pudieron seguir trabajando al quedarse sin piezas debido a la huelga indefinida.
El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), Raúl Palacios, ha reconocido que el pacto firmado entre empresas, sindicatos y Estado para proteger el empleo y el tejido productivo no se ha cerrado en las condiciones que esperaban, pero ante el riesgo de que el Gobierno legislara por su cuenta lo califica como un avance.
La patronal de los concesionarios Faconauto tacha de insuficiente que la extensión de los Erte por causa de fuerza mayor se extiendan sólo hasta el 30 de junio y espera que en las negociaciones previstas se pueda mejorar este y otros aspectos para dar viabilidad a un sector clave como es la distribución y reparación de vehículos.
ANPE Canarias ha presentado este martes a la Consejería regional de Educación sesenta propuestas para afrontar el fin de curso y el inicio del próximo en todos los niveles y etapas, un retorno a las aulas para el que exige garantías de seguridad de alumnos y docentes.
La comisión tripartita, formada por Gobierno y agentes sociales, que decidirá qué sectores necesitarán seguir con expedientes de regulación de empleo (ERTEs) más allá del 30 de junio iniciará este próximo miércoles, día 20 de mayo, sus trabajos, según ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Fue Nadia Calviño quien cambió el paso a Pedro Sánchez, el pasado miércoles, en unas tres tensas horas nocturnas, durante las cuales la vicepresidenta hizo al presidente abjurar del pacto recién rubricado en el Congreso con Bildu para derogar la reforma laboral del PP, un acuerdo que el líder del PSOE y Adriana Lastra tejían desde el lunes a espaldas del Ejecutivo -y de los agentes sociales- para lograr una nueva prórroga del estado de alarma. El argumento de Calviño fue incontestable: España perderá el acceso a futuras ayudas europeas justo en el momento de la historia en que más lo necesita. Advirtió además a Sánchez de la situación delicada que vive el país, en plena pandemia de Covid-19, y de que justo romper la seguridad jurídica en ese contexto agravaría la grave crisis económica que aqueja a España.
Los sindicatos médicos CESM Aragón y FASAMET han dirigido lunes un escrito a las consejeras del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, de Sanidad, y María Victoria Broto, de Ciudadanía y Servicios Sociales, advirtiéndoles de la "descoordinación y falta de un criterio único" para realizar los test de coronavirus a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad autónoma.
Entre las múltiples deducciones a la que los contribuyentes pueden acogerse cuando realizan la declaración de la renta se encuentran las cuotas pagadas a sindicatos y colegios profesionales durante el año fiscal. Unas cantidades que pueden ayudar a tener un descuento en el resultado final mediante un proceso sencillo.
CEOE deshoja la margarita sobre el futuro del diálogo social después de que su presidente, Antonio Garamendi, la dejase en suspenso tras filtrarse, por parte de la diputado de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, que su organización había cerrado un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos, los partidos que sustentan el Gobierno. Sin embargo, de momento los puentes del diálogo social están tímidamente abiertos para que la patronal pueda acudir a la Comisión de Seguimiento tripartita laboral, donde se analizan los sectores que podrán continuar con Ertes de fuerza mayor, y que ha sido convocada para mañana por la tarde. | Las patronales se unen en contra del Gobierno por el pacto con Bildu
La automovilística nipona Nissan ha revelado hoy que la adjudicación de un nuevo modelo no hubiese revertido la decisión de cerrar la planta de Zona Franca, por lo que tras analizar un plan de negocio a medio plazo la empresa ha decidido cerrar las tres fábricas de Barcelona.
La historia de los programas de rentas mínimas en la Unión Europea es extensa pero España se subirá ahora al carro de países que cuentan con una red de protección final para las familias y hogares más vulnerables, en situación de pobreza y exclusión social. A escasas horas de que el ingreso mínimo vital sea una realidad, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha confirmado que el primer pago de la ayuda se realizará a 100.000 hogares por elección de oficio y se efectuará a finales del mes de junio.
