El Tribunal Supremo ha declarado improcedente el despido de una limpiadora del Hospital Clínic de Barcelona que en 8 años firmó 242 contratos de interina para cubrir vacaciones. De esta forma, el Supremo insiste que la vía del contrato de interinidad por sustitución no es válido en esos casos.
Un dicho popular asegura que lo barato sale caro. No sé si tal aserto corresponde siempre a la verdad, pero sin duda es más cierto lo siguiente: Todo aquello que se ofrece gratis es despreciado por parte de quien lo recibe y, además, le sale caro al bolsillo de los contribuyentes. Por eso no se entiende que en Madrid el Partido Popular haya ofrecido en su programa electoral viajar gratis total a las personas mayores de 64 años, lo cual significa la pérdida de un dineral para el Consorcio de Transportes. Un coste que nadie va agradecer ni nadie ha demandado.
El Sindicato de Enfermería, Satse, ha reclamado a las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, que actúen con "mayor contundencia" ante los persistentes casos de intrusismo profesional que siguen sufriendo los fisioterapeutas y conllevan "un serio riesgo" para la salud de los ciudadanos, además de ser "un claro fraude" a la sociedad con repercusiones negativas en la seguridad y salud de las personas.
Tras varios años en los que las empresas de servicios del ciclo urbano del agua han visto cómo la inversión pública caía ejercicio tras ejercicio, el objetivo de la Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamiento (AEAS) está en conseguir mejorar la eficiencia del servicio. Fernando Morcillo, presidente de la asociación, también habla de la calidad del agua y del informe publicado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, que relacionaba el cáncer de vejiga con el nivel de trihalometanos del agua.
Cada año se diagnostican en España unos 275.000 casos de cáncer nuevos, o lo que es lo mismo, 800 enfermos cada día. La cifra de muertes por cáncer ronda las 300 personas diarias y hay 1,5 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Por eso se considera que el cáncer es el mayor reto socio sanitario de nuestro país y se calcula que todo el proceso llega a costar a cada familia unos 90.000 euros por familiar afectado (aquí se incluye el gasto que supone dejar un empleo o reducirse la jornada para cuidar a un familiar enfermo).
El informe presentado por la Comisión Europea sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios ha concluido que los progresos respecto a la reducción y medición de estos productos son limitados. Una de las razones principales que esgrime el informe para explicar los malos resultados está en los planes de acción de los Estados, los cuales tienen deficiencias en una de las medidas estrella: la gestión integrada de plagas. En las inspecciones realizadas por el tribunal se ha puesto en evidencia que pocos Estados comprueban dicha premisa ya que la mayoría no pudieron confirmar la proporción de usuarios que verifican que se aplique correctamente, ya que la evaluación del cumplimiento requiere conocimientos técnicos e influyen demasiados factores.
Los desabastecimientos comienzan a hacer acto de presencia a medida que los casos de coronavirus aumentan. La voz de alarma llega en esta ocasión desde el Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), quien alerta de que se han quedado sin material para poder hacer las pruebas de Covid-19.
Un tercio de la humanidad comienza a encerrarse en sus casas y los españoles ya suman dos semanas de experiencia. Los gobiernos obedecen a las autoridades sanitarias y anteponen la salud de los pueblos frente a cualquier otra consideración. Como si fuera un mapa en blanco, sobre un terreno desconocido, el mundo sacrifica su derecho de libertad de movimientos para impedir que el maldito virus se propague. No hace falta ser virólogo para entender esa receta, ni muy perspicaz para apreciar que la curva de contagios en España comienza a aplanarse.
La situación actual en la que se encuentra toda la humanidad es del todo desoladora: calles vacías y hospitales abarrotados. No obstante, estas circunstancias también son un ejemplo para demostrar el esfuerzo sobrehumano que realizan varios sectores para afrontar el coronavirus. Uno de los más afectados es el sanitario, y hay imágenes que prueban la valentía y el duro trabajo que realizan cada día.
Alrededor del 20% de los pacientes con coronavirus desarrolla una infección pulmonar grave y, de ellos, más de la mitad termina necesitando ventilación asistida.
Greanpeace vinculó el 26 de febrero el aire sahariano con Covid19. "La calima es un asesino mucho más silencioso que el coronavirus" y genera "una crisis de salud pública".
El actor Tristán Ulloa, que cumple 50 años en mayo, ha recibido el alta del Hospital Infanta Leonor de Madrid tras haber estado ingresado por dar positivo por coronavirus, aunque seguirá aislado y en cuarentena en su casa otros quince días.
El 12 de marzo, un grupo de ingenieros, desarrolladores e informáticos decidieron ponerse manos a la obra y ayudar en la crisis del coronavirus empleando sus conocimientos en programación, desarrollo y tecnología 3D para imprimir material sanitario. Todo fue después de varias llamadas de médicos, alarmados por la falta de material que se hacía patente en Italia, sobre todo de respiradores.
Todas las esperanzas estaban puestas en el gran estudio llamado a revelar cuál era el auténtico porcentaje de la población española que se había contagiado con el coronavirus. Sin embargo, sus resultados han dejado una nota de alarma que condicionará los siguientes pasos a seguir en la desescalada y las medidas a implementar. Sólo un 5% de los habitantes del país -dos millones de personas- se ha contagiado de la enfermedad del COVID-19, por lo que la soñada inmunidad de grupo -de rebaño, como dicen los científicos- para combatir al coronavirus ya no es una opción. Esto significa que la vacuna emerge como única vía efectiva para hacer frente a la enfermedad. Una vacuna que aún no existe. | EN DIRECTO: Todos los detalles sobre la evolución del coronavirus
El viento ya no sopla a favor del doctor Oriol Mitjà, el especialista en enfermedades infecciosas, en el que el presidente Torra depositó su confianza para diseñar el plan de lucha contra el Covid-19.
El 61 por ciento de los castellanoleoneses valora "bien o muy bien" el sistema sanitario de Castilla y León frente a un 22,3 que tiene una percepción negativa mientras que la mitad de los habitantes de la Comunidad, el 50,3 por ciento califica de "mal o muy mal" la gestión que está haciendo el Gobierno.
La sanidad privada española ha dado muestras sobradas de su capacidad para estar a la altura de una pandemia histórica. Sus clínicas y hospitales trataron a casi un 20% de los pacientes a los que se diagnosticó el Covid-19 en nuestro país.
El Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, como órgano de contratación, publicó durante el día de ayer un acuerdo marco para llevar a cabo la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual para el Sistema Nacional de Salud y otras instituciones del Estado. El importe económico total del citado acuerdo marco alcanza los 2.431.793.480 con IVA y prórroga incluidos. Tiene, por lo tanto, una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la declaración para un gasto extraordinario por tramitación de emergencia de 675.570,41 euros para el suministro de materiales y el ensamblaje de 285 respiradores del prototipo 'Andalucía Respira'.
La Plataforma Huesca Suena se suma a la movilización que por la sanidad pública rural han organizado las plataformas de la España Vaciada. El acto será el próximo 3 de octubre, a las 12.00 hora. Una fecha en la que se llevará a cabo un paro de cinco minutos en la puerta de los consultorios o centros de salud de miles de pueblos para exigir un nuevo modelo sociosanitario de Sanidad Pública Rural.
Pese a la crisis generada por la extensión del coronavirus y la experiencia tras recuperar la gestión del hospital de Alzira, la Generalitat mantiene sus planes y comunicará mañana oficialmente que no prorrogará la concesión del departamento de Torrevieja a Ribera Salud el próximo año.
El Consejo de Ministros ha autorizado al Gobierno de Canarias a acometer operaciones de deuda a largo plazo, por un importe máximo de 1.965,6 millones de euros, con los que pretende reestructurar préstamos formalizados entre 2013 y 2018, con cargo a los distintos compartimentos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, con el fin de generar ahorros financieros.
Desde las entrañas del sistema sanitario asistimos desconcertados a decisiones políticas que, una vez más, nos confirman que en demasiadas ocasiones la ideología se antepone al bien común.
En la carrera por la vacuna del Covid desde elEconomista tenemos el corazón puesto en las que están más avanzadas, University of Oxford/AstraZeneca, Novavax, Moderna, pero en la cabeza, la de Sanofi. La de la francesa va más retrasada, pero es la farmacéutica que tenemos dentro del fondo que asesoramos, Tressis Cartera Eco30.
"Una de las razones por las que me dedico ahora a la parte más política es para contribuir desde todos los puntos de vista a que las siguientes generaciones afronten una situación sanitaria como la actual, si sucede, de la mejor manera posible", ha expuesto Juan Jorge González Armengol, viceconsejero de asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid en la clausura de la jornada Reindustrialización Sanitaria organizada por elEconomista en colaboración con GenesisCare y Janssen.
En España hemos presumido de tener uno de los mejores sistemas de salud del planeta y de ser uno de los países punteros en investigación médica. Sin embargo, la pandemia puso de manifiesto que ni lo uno ni lo otro era cierto. El colapso de los hospitales y, sobre todo, de las unidades de cuidados intensivos (UCI) durante la primera ola demostró que tenemos una sanidad de bolsillo, insuficiente para enfrentarse a contagios masivos de la población.
La sanidad pública española afronta un sudoku asistencial de resolución compleja. Son muchos los vectores que visibilizan las limitadas capacidades de su infraestructura y recursos actuales en el contexto que vivimos. El puzzle es de este calibre: a la atención del 75% de los cuatro millones de afectados por el contagio del COVID (el resto lo gestiona la sanidad privada), se une la obstinada estrategia de vacunación a toda la población española en exclusiva mediante recursos públicos, la gestión ordinaria de las necesidades asistenciales en todo el territorio y, por último, hay que añadir la asistencia sanitaria del agravamiento de otras patologías no-COVID por la demora en los diagnósticos y tratamientos registrada en el último año, que ha derivado en una inasumible congestión de las listas de espera.
Tener la tarjeta sanitaria de desplazado es el requisito indispensable para poder ser vacunado en otra comunidad autónoma a la original, ya sea porque se ha producido un cambio de residencia o se está disfrutando del periodo estival.
El Tribunal de Cuentas, en su informe del sector público autonómico del ejercicio 2018, sitúa a Andalucía, Madrid y Baleares como las comunidades autónomas con menor gasto sanitario publico en relación a su población. En concreto, Andalucía gastó 1.212 euros por habitante, la Comunidad de Madrid, 1.274 euros por habitante y Baleares, 1.387 euros por habitante.