Alrededor del 20% de los pacientes con coronavirus desarrolla una infección pulmonar grave y, de ellos, más de la mitad termina necesitando ventilación asistida. 

Greanpeace vinculó el 26 de febrero el aire sahariano con Covid19. "La calima es un asesino mucho más silencioso que el coronavirus" y genera "una crisis de salud pública".

El actor Tristán Ulloa, que cumple 50 años en mayo, ha recibido el alta del Hospital Infanta Leonor de Madrid tras haber estado ingresado por dar positivo por coronavirus, aunque seguirá aislado y en cuarentena en su casa otros quince días.

El 12 de marzo, un grupo de ingenieros, desarrolladores e informáticos decidieron ponerse manos a la obra y ayudar en la crisis del coronavirus empleando sus conocimientos en programación, desarrollo y tecnología 3D para imprimir material sanitario. Todo fue después de varias llamadas de médicos, alarmados por la falta de material que se hacía patente en Italia, sobre todo de respiradores.

Todas las esperanzas estaban puestas en el gran estudio llamado a revelar cuál era el auténtico porcentaje de la población española que se había contagiado con el coronavirus. Sin embargo, sus resultados han dejado una nota de alarma que condicionará los siguientes pasos a seguir en la desescalada y las medidas a implementar. Sólo un 5% de los habitantes del país -dos millones de personas- se ha contagiado de la enfermedad del COVID-19, por lo que la soñada inmunidad de grupo -de rebaño, como dicen los científicos- para combatir al coronavirus ya no es una opción. Esto significa que la vacuna emerge como única vía efectiva para hacer frente a la enfermedad. Una vacuna que aún no existe. | EN DIRECTO: Todos los detalles sobre la evolución del coronavirus

El viento ya no sopla a favor del doctor Oriol Mitjà, el especialista en enfermedades infecciosas, en el que el presidente Torra depositó su confianza para diseñar el plan de lucha contra el Covid-19.

El 61 por ciento de los castellanoleoneses valora "bien o muy bien" el sistema sanitario de Castilla y León frente a un 22,3 que tiene una percepción negativa mientras que la mitad de los habitantes de la Comunidad, el 50,3 por ciento califica de "mal o muy mal" la gestión que está haciendo el Gobierno.

La sanidad privada española ha dado muestras sobradas de su capacidad para estar a la altura de una pandemia histórica. Sus clínicas y hospitales trataron a casi un 20% de los pacientes a los que se diagnosticó el Covid-19 en nuestro país.

El Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, como órgano de contratación, publicó durante el día de ayer un acuerdo marco para llevar a cabo la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual para el Sistema Nacional de Salud y otras instituciones del Estado. El importe económico total del citado acuerdo marco alcanza los 2.431.793.480 con IVA y prórroga incluidos. Tiene, por lo tanto, una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la declaración para un gasto extraordinario por tramitación de emergencia de 675.570,41 euros para el suministro de materiales y el ensamblaje de 285 respiradores del prototipo 'Andalucía Respira'.

La Plataforma Huesca Suena se suma a la movilización que por la sanidad pública rural han organizado las plataformas de la España Vaciada. El acto será el próximo 3 de octubre, a las 12.00 hora. Una fecha en la que se llevará a cabo un paro de cinco minutos en la puerta de los consultorios o centros de salud de miles de pueblos para exigir un nuevo modelo sociosanitario de Sanidad Pública Rural.

Pese a la crisis generada por la extensión del coronavirus y la experiencia tras recuperar la gestión del hospital de Alzira, la Generalitat mantiene sus planes y comunicará mañana oficialmente que no prorrogará la concesión del departamento de Torrevieja a Ribera Salud el próximo año.

El Consejo de Ministros ha autorizado al Gobierno de Canarias a acometer operaciones de deuda a largo plazo, por un importe máximo de 1.965,6 millones de euros, con los que pretende reestructurar préstamos formalizados entre 2013 y 2018, con cargo a los distintos compartimentos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, con el fin de generar ahorros financieros.

Desde las entrañas del sistema sanitario asistimos desconcertados a decisiones políticas que, una vez más, nos confirman que en demasiadas ocasiones la ideología se antepone al bien común.

En la carrera por la vacuna del Covid desde elEconomista tenemos el corazón puesto en las que están más avanzadas, University of Oxford/AstraZeneca, Novavax, Moderna, pero en la cabeza, la de Sanofi. La de la francesa va más retrasada, pero es la farmacéutica que tenemos dentro del fondo que asesoramos, Tressis Cartera Eco30.

"Una de las razones por las que me dedico ahora a la parte más política es para contribuir desde todos los puntos de vista a que las siguientes generaciones afronten una situación sanitaria como la actual, si sucede, de la mejor manera posible", ha expuesto Juan Jorge González Armengol, viceconsejero de asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid en la clausura de la jornada Reindustrialización Sanitaria organizada por elEconomista en colaboración con GenesisCare y Janssen.

Triunfa el veto de la CUP a la sanidad privada

El interés de la Generalitat de Cataluña por impulsar la vacunación para lograr “una inmunización masiva contra el Covid” lo antes posible llevó a que la sanidad privada se ofreciera a participar en la campaña. Tanto es así que, según cuentan, han sido numerosos los acercamientos de estas empresas a la Consejería de Salut. Es más, se comenta que la propia consejera Alba Vergès estuvo al tanto puntualmente de este interés. Pues bien, parece que todo ha sido en vano, ya que la Generalitat ha rechazado este ofrecimiento y descarta la utilización de personal sanitario privado. “Todo correrá a cargo del Institut Català de la Salut (ICS) y de los hospitales concertados”, dicen en la Consejería. En círculos sanitarios catalanes se comenta que este rotundo rechazo se debe a la CUP, liderada ahora por Dolors Sabater. “Los antisistema se han salido con la suya. Sin duda, la prohibición de que participe personal de la sanidad privada en la vacunación ha sido una concesión de ERC a la CUP dentro de las negociaciones para formar Govern”, aseguran en círculos políticos catalanes.

En España hemos presumido de tener uno de los mejores sistemas de salud del planeta y de ser uno de los países punteros en investigación médica. Sin embargo, la pandemia puso de manifiesto que ni lo uno ni lo otro era cierto. El colapso de los hospitales y, sobre todo, de las unidades de cuidados intensivos (UCI) durante la primera ola demostró que tenemos una sanidad de bolsillo, insuficiente para enfrentarse a contagios masivos de la población.

La sanidad pública española afronta un sudoku asistencial de resolución compleja. Son muchos los vectores que visibilizan las limitadas capacidades de su infraestructura y recursos actuales en el contexto que vivimos. El puzzle es de este calibre: a la atención del 75% de los cuatro millones de afectados por el contagio del COVID (el resto lo gestiona la sanidad privada), se une la obstinada estrategia de vacunación a toda la población española en exclusiva mediante recursos públicos, la gestión ordinaria de las necesidades asistenciales en todo el territorio y, por último, hay que añadir la asistencia sanitaria del agravamiento de otras patologías no-COVID por la demora en los diagnósticos y tratamientos registrada en el último año, que ha derivado en una inasumible congestión de las listas de espera.

Tener la tarjeta sanitaria de desplazado es el requisito indispensable para poder ser vacunado en otra comunidad autónoma a la original, ya sea porque se ha producido un cambio de residencia o se está disfrutando del periodo estival.

El Tribunal de Cuentas, en su informe del sector público autonómico del ejercicio 2018, sitúa a Andalucía, Madrid y Baleares como las comunidades autónomas con menor gasto sanitario publico en relación a su población. En concreto, Andalucía gastó 1.212 euros por habitante, la Comunidad de Madrid, 1.274 euros por habitante y Baleares, 1.387 euros por habitante.

elEconomista celebra este martes 19 de octubre el observatorio DATA 2030: El sector de la sanidad pública frente a la revolución del dato. El evento, en colaboración con Oracle, arrancará a las 10:00 horas.

Los altos niveles de positivos por infección de Covid que se están registrando en esta sexta ola han hecho saltar las alarmas en las empresas por el volumen de trabajadores que, debido a la cuarentena exigida por las autoridades, tienen que pedir la baja a sus médicos de cabecera. A lo que se ha sumado el caos generado en los servicios autonómicos de atención primaria que está dificultado la certificación de las bajas y de las altas de todos aquellos afectados que se ven obligados a quedarse en casa sin tener los certificados médicos acreditativos.

La sanidad privada sigue en un buen momento. Al cierre de 2021, el volumen de las primas de los seguros de salud ha subido un 4,93% hasta los 9.849 millones de euros, según los últimos datos presentados por Unespa. España, de este modo, se ha convertido en uno de los principales países de la OCDE en gasto sanitario privado con un 29% del gasto sanitario total. En total, más de 11,05 millones de españoles (el 19% de la población) tiene un seguro privado.

Todos antes o después vamos a ser pacientes. Esto involucra directamente al ser humano con la medicina, de hecho, uno de los retos del sector es evolucionar hacia el concepto one health. Pero, ¿esto que significa? Es un concepto acuñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que expresa cómo la salud de las personas está ligada a la salud de los animales y del planeta.

La sanidad privada está sufriendo un deterioro de sus servicios como consecuencia del colapso sufrido en la pública y el consecuente viaje de muchas personas de un servicio al otro. El presidente de la Fundación Idis, patronal que agrupa al sector, reconoce esta situación y pone en alerta a los usuarios. "Estamos en un proceso de deterioro en la sanidad pública que va a arrastrar al sistema privado", explica Juan Abarca al tiempo que reconoce que "hay un incremento de las listas de espera en la privada".

Cada vez más personas que esperan ser intervenidos por un especialista se suman a la lista de espera de la sanidad pública. La privada estima que de 706.740 pacientes se pasará a 800.000 en lista de espera quirúrgica en los próximos meses. Exige una colaboración con las administraciones y afirma que tiene un 15% de camas disponibles. Posé la capacidad de realizar 300.000 operaciones al año, lo que agilizaría la lista en un 30%.

La formación defenderá una Proposición no del Ley en la próxima Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón para exigir que se garantice la seguridad de este colectivo en todos los centros sanitarios de la comunidad.

Los últimos sondeos publicados por el Barómetro sanitario del CIS advierten de una tendencia que lleva tiempo instaurada en la psique colectiva: el sistema sanitario español necesita cambios. Los datos más alarmantes se encuentran en las listas de espera dentro de la atención primaria, donde solo el 25% de los pacientes que pidieron cita a su médico de cabecera fueron atendidos al día siguiente. El porcentaje restante se ve obligado a acogerse a las llamadas listas de espera, que se sitúan en una media de casi 9 días de media.

El sindicato de Enfermería, SATSE, ha emitido un comunicado en el que se refleja la realidad que experimentan los hospitales del territorio nacional: España solo dispone de 3 camas por cada mil habitantes en sus centros hospitalarios públicos. Esta situación es fruto de la continua desinversión a lo largo de los últimos 20 años en recursos y medios en los hospitales, según explica el sindicato. Desde principios de los años 2000, los sucesivos gobiernos han ido disminuyendo el número de camas en funcionamiento en los hospitales públicos hasta llegar a las cifras actuales.