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La ayuda procedente de la Unión Europea, cuyo reparto se está negociando actualmente, está claro que no llegará a nutrir las maltrechas arcas públicas de nuestro país sin una contraparte. Según las especificidades que ha fijado Bruselas y que serán la piedra de toque de cara al reparto de los fondos, para poder acceder a esta ayuda España deberá comprometerse a emprender una reforma de las pensiones que modere el gasto creciente de esta partida, que ya supone un 10,7% del PIB, y por otro lado deberá mantener y ahondar en los pilares de la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP y que la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió derogar al inicio de la legislatura.