El Consejo General de Economistas reclama una reforma fiscal que aporte liquidez al sistema económico y le dote de una mayor competitividad y que armonice la tributación, pero que permita una cierta competencia entre países y comunidades autónomas.

El Gobierno lleva meses insistiendo en que quiere acercar la presión fiscal de España a la media de la UE. El mantra del Ejecutivo es reducir esa brecha de seis puntos entre el 35,4% del PIB recaudado por España en 2019 y la media europea del 41,1%. Esta misma semana tanto el presidente, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han avanzado que las subidas fiscales no tardarán en llegar. Sin embargo, un alza que redujese esos seis puntos de diferencia con Europa haría peligrar dos millones de empleos y 10 puntos de PIB en el medio-largo plazo, según los cálculos del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, se ha comprometido este viernes a bajar los impuestos de Sucesiones y Donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Esta rebaja ampliará en 10 puntos porcentuales la bonificación fiscal de la existente hasta ahora. 

Aunque el Gobierno afirma ahora que no tiene intención de subir impuestos en el corto plazo, lo cierto es que Pedro Sánchez concedió la semana pasada todos los parabienes a un Consejo de Expertos para abordar la reforma fiscal, y donde el presidente del mismo, Jesús Ruiz-Huerta, es el director del Laboratorio o factoría de donde de salen las ideas y las reformas socialistas.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) considera que el tipo efectivo que pagan las empresas españolas en el Impuesto sobre Sociedades se sitúa en el 22,6% con datos de 2018, muy próximo al 25% del tipo nominal y muy lejos del 5,7% que se está manejando en diversos foros para exigir una subida de tipos en la próxima reforma del Impuesto.

La patronal catalana Foment del Treball celebró ayer la primera reunión de un grupo de 27 expertos que ha constituido para "situar la fiscalidad al servicio de la actividad productiva, de la recuperación y del mantenimiento de los puestos de trabajo", para lo que "el sistema tributario tiene que ser equitativo y competitivo".

El plan de reformas e inversiones remitido a Bruselas el pasado viernes por el Gobierno de España no cuenta con una memoria de impacto fiscal y tributario que tendrá el despliegue de las medidas sobre la economía española. "La prioridad es la creación de empleo y el crecimiento económico", señalaba la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en una rueda de prensa para dar cuenta de los detalles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Unión Europea para poder comenzar a recibir el dinero del fondo aprobado por Bruselas, reconociendo que el documento no recoge un impacto tributario concreto sobre volumen de PIB ya que "parte de la base de un programa inercial sin impacto fiscal por la elevada incertidumbre" económica.

En España tenemos muchos problemas, muchos más de los que teníamos hace poco más de un año. Es evidente que una pandemia global por sí misma es un enorme problema. Pero a los problemas sanitarios, como sabemos todos, se están sucediendo los económicos. Además de las dificultades económicas y sociales surgidas de la Pandemia, tenemos complicaciones económicas y sociales “heredadas” que la Pandemia ha agravado o nos ha puesto de manifiesto. Todo esto ha evidenciado la necesidad de “reformas” en múltiples ámbitos, que son costosas y no precisamente sencillas. Sólo hay que pensar, por ejemplo, en algunas de las cuestiones que están dando problemas en las negociaciones con las Autoridades Comunitarias, de cara a los fondos comunitarios: la reforma laboral, la de pensiones y la reforma fiscal.

Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G-20 aprobaron recientemente el histórico acuerdo sobre la fiscalidad de las empresas multinacionales. El acuerdo establece un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos el 15% a las empresas con una facturación que supere los 750 millones de euros, y sitúa en el foco a todas las compañías que tengan una facturación mundial superior a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad (ratio beneficios sobre ingresos) superior al 10%.

Los socios de Gobierno empienzan a moverse de cara a las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, y algunas cartas ya están sobre la mesa. Por parte de Esquerra Republicana, la presión la ejercerá, en cierta medida, por la ampliación del aeropuerto de Barcelona del Prat dondeel Govern independentista tiene problemas para encontrar apoyos para sus propias cuentas públicas, con el PSC dispuesto a echar una mano con tal de que haya nuevos Presupuestos en Cataluña.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, subrayó el jueves la importancia de finalizar y aplicar rápidamente las nuevas normas fiscales internacionales acordadas por 134 países bajo el marco de la OCDE y recalcó que el Congreso de su país avanza en el fortalecimiento de las normas fiscales internacionales.

Las posiciones enfrentadas de los socios de Gobierno sobre la conveniencia de incluir algunas medidas tributarias de la futura reforma fiscal en los Presupuestos de 2022 ha enredado el tramo final de las negociación de las cuentas, que el Ministerio de Hacienda quiere presentar en las próximas semanas.

El Colegio de Gestores Administrativos de Madrid aboga por la exención en el Impuesto sobre Sociedades de la reinversión de beneficios para la pequeña y mediana empresa y un tipo nominal máximo del 15% sobre los beneficios repartidos.

China afronta un fin de año muy accidentado, marcado por la proliferación de los cortes del suministro eléctrico y la crisis de deuda del segundo desarrollador inmobiliario más grande del país, Evergrande. ¿Qué significa esto para la recuperación económica post-pandemia y las perspectivas de crecimiento de China?

Somos los rezagados en la recuperación. Los motivos son obvios; Hay una subida generalizada de las materias primas, el Gobierno no ha hecho nada por reducir el recibo de la tarifa eléctrica, (sigue disparada con el decretazo en el limbo jurídico), y los empresarios viven con el temor de que tengan que trasladar la subida de los precios al consumo (5,5 por ciento en septiembre) a los salarios.

La presión fiscal sobre las empresas en España supera hasta en casi cuatro puntos a la media de la Unión Europea (UE). Según los datos de PIB y recaudación para 2021, recientemente publicados, la presión fiscal empresarial en 2021 aumenta hasta el 12% del PIB. Y todo ello incluso sin considerar el diferencial que significa la economía sumergida, ya que, si tenemos este factor en cuenta, la presión fiscal empresarial en España sería de un 15% frente al 11,1% de la UE. En 2018, la presión fiscal empresarial en España era del 11,1% del PIB frente al 9,6% de la media de la UE.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía Nadia Calviño, defendió la posibilidad de que los países de la UE puedan definir sus caminos de consolidación fiscal y que, a su vez, sean sendas "creíbles y compatibles" con el crecimiento sostenido y la creación de empleo. Lo hizo en un momento muy oportuno para lanzar ese mensaje, coincidiendo con su rueda de prensa junto al presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, presente en Madrid. 

La concienciación ciudadana, la asistencia a los contribuyentes, a reactivación de la denuncia recompensada, la simplificación de trámites o priorizar la estabilidad de la regulación tributaria, son algunas de las soluciones aportadas por los expertos en materia fiscal en la sexta jornada de los Encuentros REAF sobre la reforma fiscal, organizados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, afronta la actualidad sobre financiación autonómica, reforma fiscal, los fondos europeos y la problemática de la despoblación.

Vox anunció esta martes la intención de bloquear con sus votos en la Asamblea de la Comunidad de Madrid la Ley de Autonomía Financiera. Lo hace apenas dos días después de la celebración de los comicios autonómicos en Castilla y León, donde el popular Alfonso Fernández Mañueco ha ganado, pero sin la mayoría suficiente, lo que hacer prever que serán necesarios acuerdos con otras formaciones.

El Fondo Monetario Internacional ha instado este miércoles al Gobierno de España a presentar un plan de consolidación fiscal que sea creíble a medio plazo, así como a trabajar por la reducción de la deuda para evitar futuros 'schoks'. Además, de recomendar medidas prudentes, también sugiera subir impuestos como el IVA o las tasas medioambientales.

Foment del Treball presentará hoy su propuesta para la reforma fiscal estatal que prepara el Gobierno, un documento de un centenar de páginas fruto de casi un año de trabajo por parte de un grupo de una treintena de expertos entre los que figuran economistas, académicos, abogados y consultores.

Foment del Treball ha presentado este lunes una propuesta de reforma fiscal estatal que pasa por rebajar impuestos y gasto público ineficiente, así como por atacar el fraude para incrementar el número de contribuyentes y la recaudación que ahora escapa de las arcas públicas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió ayer el informe sobre política fiscal encomendado en abril al comité de expertos que ella misma creó.

Podemos vuelve a desmarcarse del Gobierno e insiste en aplicar ya una subida de impuestos de 30.000 millones centrada en las empresas y los que ellos consideran "ricos".

Mientras la ministra Montero decía, con la boca pequeña, eso de que no es el momento de subir impuestos, se guardaba en el cajón el informe a medida de ese grupo de serviles disfrazados de expertos para asestarnos un nuevo atraco fiscal en cuanto la guerra nos pille descuidados.

La reforma fiscal que plantean los expertos a los que el Ministerio de Hacienda solicitó la redacción de un Libro Blanco en materia tributaria, tendrá un impacto directo en las rentas medias que podría llegar a los 50.000 millones de euros.

El Grupo Popular en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) con una serie de modificaciones para la rebaja fiscal de los combustibles ante la emergencia energética. En la propuesta de la oposición se alcanzaría una rebaja de hasta 73 céntimos por litro en las gasolinas a través de una reducción en el combustible sin plomo, en el diésel y el gasoil agrícola. Además, proponen la supresión del impuesto especial sobre hidrocarburo y la reducción del IVA al 10%. En este sentido, cabe recordar que, desde este miércoles, el Gobierno arranca una ronda de contactos con partidos y agentes sociales para plantear una reforma fiscal ad hoc, empezando con el Partido Popular.

El pasado día 3 de marzo el grupo de expertos creado para llevar a cabo un diagnóstico sobre el sistema tributario español, de cara a plantear las bases para un Reforma Fiscal, entregó, tras diez meses de trabajo y algunas desavenencias que hicieron que dos miembros dimitieran, sus conclusiones plasmadas en el denominado “Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria”.

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre de 2021, introduce dos figuras contractuales, como son el contrato de formación en alternancia y el de prácticas profesionales que buscan el fomento del empleo.