La crisis económica desencadenada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto los desequilibrios macroeconómicos de España. Una vez la recuperación esté asentada, es preciso abordar cambios de calado en su estructura impositiva.
El pueblo estadounidense ha votado y, aun cuando los resultados electorales aún no han sido oficialmente proclamados, los escrutinios provisionales apuntan a que el próximo 20 de enero la Casa Blanca tendrá nuevos moradores.
El Ministerio de Hacienda ya empezó la planeación de la nueva reforma fiscal que presentará a consideración del Congreso a comienzos de 2021, informó La W Radio.
Los planes de pensiones son uno de los instrumentos de ahorro que tradicionalmente han contado con notable popularidad en España. Aunque actualmente están copando las portadas de los periódicos por la reforma fiscal que se quiere llevar a cabo, lo cierto es que hasta el momento se ha considerado una opción a valorar como complemento a la jubilación.
El acuerdo alcanzado por el Gobierno con Esquerra Republicana para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 pretende que se fijen "límites mínimos y/o máximos de gravamen efectivo" en el Impuesto sobre el Patrimonio para evitar que comunidades como Madrid lo bonifiquen hasta hacerlo prácticamente inexistente.
El sistema fiscal español presenta un repertorio llamativamente amplio de deducciones y exenciones tributarias. Sólo en el año próximo se estima que por esta vía se dejarán de recaudar (entre impuestos directos e indirectos) 77.000 millones, el equivalente al 50% de las ayudas europeas que están destinadas a nuestro país del fondo Next Generation EU.
Una vez más, voy a continuar reflexionando sobre la necesaria reforma fiscal, centrándome hoy en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En medio del caos vivido en la última semana en la capital estadounidense, el ocaso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culminó el viernes en un tuit donde el mandatario confirmó que no acudirá a la toma de posesión del presidente electo, Joe Biden, el próximo 20 de enero. Sin embargo, la decadencia de su gobierno días antes comenzó a manifestarse en múltiples frentes económicos.
En medio del caos vivido en la última semana en la capital estadounidense, el ocaso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culminó el viernes en un tuit donde el mandatario confirmó que no acudirá a la toma de posesión del presidente electo, Joe Biden, el próximo 20 de enero. Sin embargo, la decadencia de su gobierno días antes comenzó a manifestarse en múltiples frentes económicos.
El Ministerio de Hacienda quiere iniciar este año su anunciada reforma fiscal en la que planteará, entre otras medidas, un aumento de los impuestos especiales, concretamente el que grava el consumo de tabaco, así como una revisión del sistema de módulos por el que tributan muchos autónomos y un replanteamiento de las deducciones que existen actualmente en el Impuesto sobre Sociedades, según han trasladado a Europa Press en fuentes de este departamento.
El Ministerio de Hacienda abordará en los próximos meses una reforma fiscal en profundidad con la que pretende reflotar las maltrechas arcas del Estado tras la el impacto de la pandemia. Con el estrecho margen que dejó la crisis sanitaria para desplegar los planes tributarios del Ejecutivo en el Presupuesto que ya ha entrado en vigor desde el 1 de enero, las miras se ponen ahora en la segunda mitad del presente año, y la diana puesta en las Cuentas de 2022. Será para entonces cuando, entre otras medidas, el Ejecutivo podría dar más detalles de un incremento del impuesto de Sociedades, una revisión del sistema de tributación por módulos de los autónomos, además de una nueva revisión de los impuestos especiales al tabaco y alcohol.
Los cuatro años de mandato de Trump han marcado una polarización de la sociedad americana, y no podemos olvidar que casi la mitad del electorado de Estados Unidos es fiel seguidor de su populismo nacionalista. Por eso, el escenario social que enfrentará Biden representa uno de sus principales desafíos, una sociedad profundamente fragmentada, reflejo de otra división, la política. Ahora, Estados Unidos es un país marcado por una grieta social y política y Biden llega a la Casa Blanca con la promesa de recuperar el alma americana.
El Gobierno reiteró su compromiso con la realización de un ajuste fiscal de mediano plazo, para lo cual presentará al Congreso de la República próximamente un proyecto de ley en el que el balance primario se incrementa en por lo menos 1,5pp del PIB.
(Bloomberg).- Fitch Ratings esperará a que Colombia apruebe un proyecto de ley de reforma fiscal que aumente los ingresos de forma estructural antes de llevar a cabo una revisión de la calificación crediticia de la nación, según el analista de crédito soberano Richard Francis.
El presidente de EEUU, Joe Biden, confirmó este miércoles en una entrevista que las personas que ganen más de 400.000 dólares al año sufrirán un aumento del IRPF con su próximo programa económico, dentro del plan de su Gobierno para abordar la desigualdad, en parte a través de un alza de impuestos a las clases pudientes. "Todos los que ganen más de 400.000 dólares anuales verán un aumento de impuestos que irá de pequeño a significativo", dijo Biden en el programa Good Morning America de la cadena ABC. "Pero los que cobren menos de 400.000 no tendrán que pagar un solo centavo más".
El presidente de EEUU, Joe Biden, ha anunciado una nueva fuente de ingresos para financiar su proyecto de presupuestos. Además de la subida de impuestos a las empresas, pretende ahorrar 35.000 millones de gasto eliminando los subsidios a las compañías de petróleo y gas, y en su lugar cobrarles tasas por la contaminación que emiten
Llevamos años, quizá desde el mismo día que se aprobó la Constitución española en 1978, hablando de reformas fiscales y de financiaciones autonómicas e implantándolas, aunque siempre con vida más o menos efímera. Lo digo así en plural, porque tras una reforma fiscal al poco tiempo se anuncia el estudio de otra y cuando parece que el puzle de la financiación autonómica se solventa, se reabre el debate.
Muchos todavía no salen de su asombro. Cuando España económicamente está tocada, y no sé si hundida, y lo prudente ahora es promover todo tipo de acciones que den empuje a un país muy molido por la crisis, sin duda uno de los más golpeados como evidencian los datos, el Gobierno de la nación habla de reformas fiscales y laborales como si acá no pasara nada y todo marchara viento en popa. Ayer decíamos que este no es el momento de plantear una reforma fiscal cuyos resultados ya sabemos de antemano: subidas de impuestos. Pero convendría señalar de qué impuestos hablamos.
El Consejo General de Economistas reclama una reforma fiscal que aporte liquidez al sistema económico y le dote de una mayor competitividad y que armonice la tributación, pero que permita una cierta competencia entre países y comunidades autónomas.
El Gobierno lleva meses insistiendo en que quiere acercar la presión fiscal de España a la media de la UE. El mantra del Ejecutivo es reducir esa brecha de seis puntos entre el 35,4% del PIB recaudado por España en 2019 y la media europea del 41,1%. Esta misma semana tanto el presidente, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han avanzado que las subidas fiscales no tardarán en llegar. Sin embargo, un alza que redujese esos seis puntos de diferencia con Europa haría peligrar dos millones de empleos y 10 puntos de PIB en el medio-largo plazo, según los cálculos del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, se ha comprometido este viernes a bajar los impuestos de Sucesiones y Donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Esta rebaja ampliará en 10 puntos porcentuales la bonificación fiscal de la existente hasta ahora.
Aunque el Gobierno afirma ahora que no tiene intención de subir impuestos en el corto plazo, lo cierto es que Pedro Sánchez concedió la semana pasada todos los parabienes a un Consejo de Expertos para abordar la reforma fiscal, y donde el presidente del mismo, Jesús Ruiz-Huerta, es el director del Laboratorio o factoría de donde de salen las ideas y las reformas socialistas.
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) considera que el tipo efectivo que pagan las empresas españolas en el Impuesto sobre Sociedades se sitúa en el 22,6% con datos de 2018, muy próximo al 25% del tipo nominal y muy lejos del 5,7% que se está manejando en diversos foros para exigir una subida de tipos en la próxima reforma del Impuesto.
La patronal catalana Foment del Treball celebró ayer la primera reunión de un grupo de 27 expertos que ha constituido para "situar la fiscalidad al servicio de la actividad productiva, de la recuperación y del mantenimiento de los puestos de trabajo", para lo que "el sistema tributario tiene que ser equitativo y competitivo".
El plan de reformas e inversiones remitido a Bruselas el pasado viernes por el Gobierno de España no cuenta con una memoria de impacto fiscal y tributario que tendrá el despliegue de las medidas sobre la economía española. "La prioridad es la creación de empleo y el crecimiento económico", señalaba la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en una rueda de prensa para dar cuenta de los detalles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Unión Europea para poder comenzar a recibir el dinero del fondo aprobado por Bruselas, reconociendo que el documento no recoge un impacto tributario concreto sobre volumen de PIB ya que "parte de la base de un programa inercial sin impacto fiscal por la elevada incertidumbre" económica.
En España tenemos muchos problemas, muchos más de los que teníamos hace poco más de un año. Es evidente que una pandemia global por sí misma es un enorme problema. Pero a los problemas sanitarios, como sabemos todos, se están sucediendo los económicos. Además de las dificultades económicas y sociales surgidas de la Pandemia, tenemos complicaciones económicas y sociales heredadas que la Pandemia ha agravado o nos ha puesto de manifiesto. Todo esto ha evidenciado la necesidad de reformas en múltiples ámbitos, que son costosas y no precisamente sencillas. Sólo hay que pensar, por ejemplo, en algunas de las cuestiones que están dando problemas en las negociaciones con las Autoridades Comunitarias, de cara a los fondos comunitarios: la reforma laboral, la de pensiones y la reforma fiscal.
Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G-20 aprobaron recientemente el histórico acuerdo sobre la fiscalidad de las empresas multinacionales. El acuerdo establece un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos el 15% a las empresas con una facturación que supere los 750 millones de euros, y sitúa en el foco a todas las compañías que tengan una facturación mundial superior a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad (ratio beneficios sobre ingresos) superior al 10%.
Los socios de Gobierno empienzan a moverse de cara a las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, y algunas cartas ya están sobre la mesa. Por parte de Esquerra Republicana, la presión la ejercerá, en cierta medida, por la ampliación del aeropuerto de Barcelona del Prat dondeel Govern independentista tiene problemas para encontrar apoyos para sus propias cuentas públicas, con el PSC dispuesto a echar una mano con tal de que haya nuevos Presupuestos en Cataluña.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, subrayó el jueves la importancia de finalizar y aplicar rápidamente las nuevas normas fiscales internacionales acordadas por 134 países bajo el marco de la OCDE y recalcó que el Congreso de su país avanza en el fortalecimiento de las normas fiscales internacionales.
Las posiciones enfrentadas de los socios de Gobierno sobre la conveniencia de incluir algunas medidas tributarias de la futura reforma fiscal en los Presupuestos de 2022 ha enredado el tramo final de las negociación de las cuentas, que el Ministerio de Hacienda quiere presentar en las próximas semanas.