Tener una correcta planificación financiera a lo largo de la vida es sencillamente imprescindible si se quiere disfrutar de una jubilación próspera. Y cuanto antes se empiece, mejor. Por eso, la inflación es un punto muy importante a tener en cuenta dentro de la preparación para la jubilación: ese enorme fantasma que se come los ahorros a largo plazo, frustrando objetivos futuros.
El Corte Inglés negocia estos días la incorporación de un socio español de contrastado prestigio y solvencia para su filial de Seguros, con el objetivo de diversificar sus negocios, no solo en el ámbito de las coberturas de riesgos sino también en la comercialización de fondos de inversión. Tal y como informó elEconomista en su edición de ayer, la multinacional española tiene sobre la mesa las propuestas de Mutua Madrileña y Mapfre -cada una con sus características diferenciales-, para incorporar a uno de ellos en el capital de Seguros El Corte Inglés antes de finales de este año.
Ahorrar para la jubilación es un proyecto de planificación a largo plazo que resulta imprescindible si se quiere disfrutar de una mayor tranquilidad y confianza una vez concluye la etapa laboral. En este ejercicio, una de las reflexiones más habituales que surgen es la posibilidad de que el importe de la pensión sea inferior al último salario. Por tanto, se plantea la necesidad de completar la futura pensión con otras alternativas de ahorro que permitan compensar esa diferencia, o una parte de la misma, para poder mantener el nivel de vida deseado. No obstante, antes de escoger un producto concreto, se deben de valorar y analizar una serie de aspectos, ya que nos ayudarán a organizar mejor nuestra jubilación.
Los planes de pensiones individuales van camino de cerrar su peor ejercicio desde 2016, ya que los reembolsos hasta septiembre superan los 230 millones. Se evidencia así el perjuicio que causó la reducción de 8.000 a 2.000 euros, en los Presupuestos de 2021, de la aportación máxima a estos vehículos deducible en el IRPF.
Llueve sobre mojado. El nuevo golpe fiscal a los planes de pensiones del sistema individual llega en un momento en el que estos productos de ahorro finalista han visto salir 231 millones de euros entre enero y septiembre, según los últimos datos publicados ayer por Inverco -es decir, el dato ni siquiera recoge el impacto que tendrá la nueva bajada en la cantidad deducible en IRPF, de 2.000 euros anuales a 1.500, que el Gobierno recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2022-. Por lo pronto, la anterior reducción, de 8.000 a 2.000 euros, anunciada el año pasado y que ha entrado en vigor en éste, ya ha provocado que los planes de pensiones del sistema individual vivan su peor año hasta la fecha desde 2016, cuando en el mismo periodo salieron 313 millones.
El Gobierno continúa con su proyecto de fomentar el ahorro privado complementario para la jubilación, dando prioridad a los planes de empresa. El objetivo de crear un super-fondo de este tipo, de promoción estatal pero gestionado privadamente, ha quedado en la cuneta sin que se llegara siquiera a redactar su reglamento.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto sobre la mesa un borrador del anteproyecto de ley de fondos de pensiones de promoción pública y planes simplificados, al que ha tenido acceso elEconomista, que describe el marco que regulará la entrada de distintos planes colectivos de empleo de promoción pública, alejando, así, la idea de un macrofondo de pensiones. Editorial | La industria tradicional está abocada a rebajar las comisiones.
Los planes de empleo se han convertido en el caballo de Troya que tendrán sus partícipes para desgravarse la máxima cantidad posible de sus aportaciones en la próxima declaración de Hacienda, si también disponen de un plan de pensiones individual. Son los privilegiados que deja José Luis Escrivá, el responsable del Ministerio de Seguridad Social, tras el tijeretazo a los topes de desgravación en los planes de pensiones realizado el año pasado.
Los planes de pensiones individuales salen mal parados en la comparativa con sus homólogos de empresa. En cuanto a rentabilidad, la ventaja que muestran los planes de empleo no es meramente puntual.
Si el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, mantiene su intención de fijar un coste del 0,4% para los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, tal y como detalla el borrador de anteproyecto de ley filtrado esta semana, obligará a un replanteamiento general del esquema de comisiones que aplican las firmas de inversión por la gestión de los planes de pensiones privados.
Las diversas reformas que se han venido llevando a cabo desde hace un tiempo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas conducirán a una reducción de la tasa de sustitución (se estima que podríamos bajar del 80% actual al 50% de cobertura del último salario antes de la jubilación). Por ello, desde todos los ámbitos, incluido el Gobierno, nos están reiterando de forma machacona la idea de que hay que complementar las pensiones públicas para garantizar unos ingresos suficientes a la jubilación.
Los primeros aspectos normativos que regirán el fondo público de pensiones articulado por el Gobierno para su pleno funcionamiento a a partir del próximo año, y que aún deberá abordar ciertas modificaciones en la mesa de negociación del diálogo social, ya están sobre la mesa. El compromiso del Ejecutivo pasa por presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley antes de que finalice el año, y según el borrador de la norma al que ha tenido acceso elEconomista, parece que los trabajos están avanzados, a expensas de modificaciones.
Inverco ha vuelto a insistir en que los planes de pensiones cuenten con los suficientes incentivos fiscales y económicos para que resulten atractivos, tanto para los partícipes como para las empresas que promuevan uno de empleo.
Los nuevos Presupuestos volverán a aminorar la deducción fiscal para las aportaciones a planes de pensiones individuales. Tras reducirse este año la cuantía máxima deducible por ese concepto de 8.000 a 2.000 euros anuales, en 2022 volverá a bajar hasta 1.500.
La nueva vuelta de tuerca que prepara el Gobierno para la fiscalidad del ahorro en los Presupuestos Generales de 2022 podría suponer, lejos de un incentivo para incrementar la base de ahorro financiero, un golpe casi definitivo para parte del mercado, concretamente, para el segmento de planes de pensiones del sistema individual. Tal y como advierten desde el sector, ya para este ejercicio, las aportaciones a los planes del sistema individual se van a reducir un 40% de media, y la industria espera mayores caídas de flujo de ahorro para el próximo año cuando entrará en vigor la nueva revisión del esquema fiscal.
Salvo que quiera usted que el destino de su plan de pensiones dependa de una comisión formada por la dirección de su empresa y los sindicatos, probablemente prefiera ahorrar para la jubilación utilizando fondos de inversión.
Ibercaja ha lanzado la nueva campaña de planes de pensiones "Ahorro futuro" dentro de la que se ofrece un 5% en bonificaciones por traspasos de otras entidades y aportaciones que se realicen en la mayoría de sus planes de pensiones.
"Mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad, porque el sol de la mañana no dura todo el día". Esta frase de Benjamin Franklin sintetiza por qué un plan de pensiones de ciclo de vida es una buena elección para cualquier ahorrador que desee complementar su futura pensión de jubilación para gozar de la mayor tranquilidad posible durante el retiro.
El 74% de los españoles muestra preocupación por el sistema público de pensiones, hasta el punto de que solo un 14% cree que recibirá una pensión pública cuando se jubile, y que ésta será suficiente para garantizar su nivel de vida. Es una de las conclusiones que arroja el último Informe Naranja de ING, que lleva seis años investigando la actitud de los españoles frente a esta etapa de la vida y que este año, incluye, además, un apartado en el que analiza la incidencia que ha tenido la reforma legislativa en los planes de pensiones por la que el Gobierno anunció el año pasado una rebaja en la cantidad máxima deducible con las aportaciones a los planes de pensiones del sistema individual de los 8.000 a los 2.000 euros. Y las conclusiones no son nada favorables.
Es un hecho bien conocido por todos aquellos que han trabajado alguna vez en los mercados financieros españoles: ninguna empresa nacional que busque captar financiación en grandes cantidades (sea deuda a largo plazo o fondos propios) puede hacerlo sin convencer a grandes inversores basados siempre fuera de nuestras fronteras. Puede pensarse que esto no es una peculiaridad nuestra. Al fin y al cabo, todas las grandes empresas del mundo, y no solo las españolas, se mueven en mercados globales de capitales y no se financian puramente dentro de sus fronteras. Lo que sí es más peculiar es la enorme proporción del tramo internacional, así como que en cualquiera de nuestras grandes colocaciones la práctica totalidad del tramo institucional de la misma sea extranjero, y que por el otro lado el tramo español esté casi al 100% compuesto por inversores minoristas o por instituciones muy pequeñas. Al final del proceso de colocación, el precio de la emisión de bonos o de acciones, y por tanto el coste del capital de la empresa emisora, se fija siempre en la práctica fuera de España, en negociación con inversores profesionales con sede en Londres o Nueva York. El capital español, mucho más atomizado, es generalmente un mero seguidor en esas discusiones. No se hace suficiente énfasis en las consecuencias de esta debilidad estructural de la economía española, un auténtico talón de Aquiles que afecta negativamente a la capacidad de nuestras empresas para crecer, invertir y crear empleo.
La nueva vuelta de tuerca a la fiscalidad del ahorro que plantea el Gobierno en los Presupuestos Generales de 2022 no solo tiene una lectura de impacto en el segmento de planes de pensiones individuales que comercializan gestoras y aseguradoras privadas -y para lo que ya prevén en el presente ejercicio una reducción del 40% en el volumen de aportaciones- sino que también tendrá un efecto heterogéneo entre los ahorradores en función de la comunidad autónoma, si se observa el ranking de dinero depositado en estos instrumentos de previsión social complementaria. Según los últimos datos de Inverco, los madrileños será los más afectados por la medida de recortar el límite de aportaciones exento a los 1.500 euros, toda vez que también son los que más dinero tienen depositado en planes de pensiones.
Todavía estábamos digiriendo en la industria de gestión de activos la decisión de rebajar el incentivo fiscal a los planes de pensiones individuales de 8.000 a 2.000 euros al año, cuando se ha llegado a plantear volver a rebajar el incentivo de 2.000 a 1.500 euros a partir de 2022. Adicionalmente en los últimos días el Ministerio se ha descolgado con el borrador de un nuevo Anteproyecto de Ley en el que propone la creación de dos nuevos instrumentos con los que fomentar el segundo pilar, el plan de empleo de promoción pública y el plan simplificado, en vez del macrofondo de pensiones para empresas y autónomos con gestión privada con el que se estaba trabajando inicialmente.
Invertir es el paso siguiente del ahorro, la palanca para que el dinero acumulado no pierda valor y genere un rendimiento a su dueño. El Banco de España desveló que los españoles tenían después del confinamiento casi un billón de euros con una rentabilidad que rozaba el 0%. Esto se explica porque los productos financieros predilectos de los ciudadanos son aquellos con un riesgo más bajo (efectivo, depósitos y cuentas). Todos ellos ofrecen una rentabilidad baja.
Los planes de pensiones afrontan una travesía del desierto para atraer dinero de los ahorradores, al no contar con la ventaja que hasta ahora proporcionaba la deducción fiscal. El año pasado el Gobierno socialista redujo el tope a las aportaciones de los planes individuales hasta los 2.000 euros, cifra que se verá rebajada hasta los 1.500 euros a partir del próximo año. El objetivo era impulsar los planes de empleo para los que se elevó el tope hasta los 8.000 euros (8.500 euros a partir de 2022) mediante planes de promoción pública, en los que se pretendía que alcanzaran un patrimonio de 300.000 millones de euros.
El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de ley del fondo público de pensiones con el que pretende potenciar los planes de pensiones de empleo entre los trabajadores de nuestro país y quintuplicar el volumen de patrimonio depositado a modo de ahorro para la jubilación de empleados. El Gobierno completa con esta medida el marco de actuación para fomentar la previsión social complementaria en España, a la cola de la UE en términos de ahorro financiero para la jubilación, tras la reducción de los incentivos fiscales de las aportaciones a los planes individuales de pensiones de 2.000 euros a 1.500 euros anuales, y elevar la ventaja fiscal para los planes colectivos de empleo hasta los 8.500 euros anuales. En España, los planes colectivos de pensiones solo alcanzan al 10% de los ocupados, mientras que en Europa la cifra va del 25 al 90%. "El objetivo de la norma es facilitar el acceso a planes colectivos a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes", apunta el Gobierno en la exposición de la ley que regirá el funcionamiento del fondo. En este sentido, el titular de la Seguridad Social señalaba en rueda de prensa que este anteproyecto responde a la recomendación 16 del Pacto de Toledo, a la reforma del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a la disposición adicional 40 de la ley de presupuestos de 2021. Este fomento de los planes colectivos espera facilitar un plan de ahorro a asalariados, autónomos y empleados públicos, que hasta el momento no han tenido acceso a un producto de ahorro.Escrivá asegura que España vive una "situación anómala desde hace dos décadas" en cuanto a planes colectivos, que se encuentran estancados, frente al crecimiento de los planes individuales. Estos últimos, beneficiaban, además, a las rentas altas y muy altas, como apuntaba el ministro. Además, los planes colectivos "estaban sometidos a una serie de trámites muy extensos, que dificultaban su creación". "Va orientado a eliminar todos los obstáculos que hasta ahora han dificultado la extensión de los planes colectivos", añade.
El Gobierno dio este martes un paso clave para el impulso del ahorro financiero entre la población trabajadora de nuestro país al aprobar el anteproyecto de ley del fondo público de pensiones destinado facilitar el ahorro de asalariados y de autónomos, así como de los funcionarios y trabajadores de las administraciones públicas. Con este pliego de actuaciones, donde se incluye el desplazamiento de incentivos fiscales del sistema individual al colectivo, el Gobierno pretende mejorar y elevar el ahorro en planes de empresa, y prevé que los 1,2 millones de autónomos con un plan individual incrementen en 9.000 euros el dinero de su plan de jubilación al ahorrar en el fondo público de pensiones.
Sólo una cuarta parte de las empresas españolas, en concreto el 26,8%, cuenta con planes de previsión social para sus empleados. El sector financiero es el más activo en esta materia ya que el 61,8% de las empresas cuenta con planes de previsión, en contraposición al del transporte y la logística, en el que tan sólo el 5,3% tiene este tipo de instrumentos para complementar la jubilación de sus empleados, según el V Informe Situación de las Pensiones en España en el que han participado 439 empresas de diferentes ramas de actividad.
Ya llega diciembre. El mes en el que se hacen balances, reflexiones y se mira con cierta perspectiva el año. Pero también es una etapa en la que se piensa en los planes del año siguiente. Y en la que no se debe perder de vista que en unos meses tocará rendir cuentas con Hacienda, y que entonces será tarde para intentar reducir la factura fiscal. El tiempo para pagar menos impuestos se acaba.
Digitalización, sostenibilidad, pandemia, reducción drástica de la incentivación fiscal a aportaciones a planes de pensiones individuales, etcétera. Son muchos y grandes cambios los que hemos tenido en los últimos tiempos, pero sigue inalterable la necesidad estructural de ahorrar para la jubilación. Con el lamentable paréntesis de la pandemia, la longevidad es un proceso que seguirá avanzando en las próximas décadas y el sistema público requiere ya de importantes inyecciones de recursos fuera del sistema de cotizaciones o un incremento de las cotizaciones para financiarse.