La formación de un Gobierno de coalición progresista, si finalmente Pedro Sánchez es investido presidente -algo que por lo pronto no está tan claro-, amenaza con recrudecer la guerra fiscal por los impuestos autonómicos entre el PSOE y el Partido Popular. Y es que, entre los planes fiscales de los socialistas está precisamente su intención de armonizar los tributos cedidos y de gestión regional y poner límite a la rebajas fiscales que tienen y plantean los territorios populares.

La Ejecutiva regional de Vox en Murcia, donde ganó las pasadas elecciones generales y logró tres diputados, ha dimitido este martes en bloque dado el "gran crecimiento" experimentado por su formación desde su nacimiento, según el vicesecretario de Juventud, David Ibáñez.

El jefe del Consell, Ximo Puig, ha insistido en que el recurso que va a interponer la Generalitat Valenciana contra el trasvase Tajo-Segura pretende "defender los intereses de los regantes de Alicante y del conjunto de la Comunitat", al tiempo que ha reclamado "no hacer guerras estériles del agua".

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha advertido que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" como el 'pin parental' que Vox ha conseguido implantar en Murcia y que propone que los padres autoricen la asistencia de sus hijos a clases con contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.

La noticia esta semana de que el Gobierno de la Región de Murcia, a manos de PP y Ciudadanos, había llegado a un acuerdo presupuestario con Vox para 2020 a cambio de consolidar a través de un decreto una resolución de agosto para implantar en los colegios el 'pin parental', defendido por los de Santiago Abascal en su programa y por asociaciones como Hazte Oír, ha levantado la polémica y ha provocado que el Gobierno de Pedro Sánchez mande un requerimiento al Ejecutivo murciano. ¿En qué consiste esta controvertida medida?

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha planteado la posibilidad de activar en Murcia el artículo 155 de la Constitución si el Gobierno regional no atiende a la petición de suspensión del 'pin parental' en los colegios, un comentario que más tarde ha calificado de irónico.

El Gobierno mantiene la batalla con Murcia por el pin parental y conmina a esa autonomía a retirarlo en un mes. Pero debería ser el Ejecutivo central el que reconsidere su actitud respecto a este mecanismo, que permite a los padres decidir sobre las materias que reciben sus hijos por parte de personal externo a los colegios.

No se le cae de la boca la palabra agravio y se refiere con dureza a la actitud que Pedro Sánchez mantiene con su tierra: "Quiere que Murcia reviente", señala. Le llama sectario ideológico y le advierte que si continúa maltratando a los murcianos se le volverá en contra. Fernando López Miras (Lorca, 1983) es el presidente autonómico más joven de España, y aunque lleva poco en el cargo no es un novato en política. Inició su andadura en las nuevas generaciones de Lorca, con 18 años, y tras ocupar varios cargos orgánicos fue diputado en la Asamblea autonómica. Licenciado en Derecho, es titulado en Mediación Civil y Mercantil y tiene un MBA en Administración y Dirección de Empresas, que le valió para que du-rante cuatro años, con solo 27, fuera el director de gestión del Hospital General Universitario de Lorca, cargo que desempeñaba cuando tuvieron lugar los terremotos de 2011, "que han marcado mi vida". Se enorgullece de ser murciano de pura cepa, hasta autodefinirse como "un bebé archenero, un niño aguileño, un escolar cartagenero, un bachiller lorquiano y un universitario murciano". En todos esos lugares ha vivido su familia, y ese trasiego ha predestinado sus aficiones: el campo y los animales. Presume de identificar cualquier raza canina y tiene al menos media docena de perros y un huerto. Tal vez por eso se muestra sensible a los problemas del campo, defiende a los agricultores y señala la inacción del Gobierno.

Este lunes 17 de febrero finaliza el plazo que el Gobierno le había dado a la Región de Murcia para que retirase el 'pin parental', una medida promovida por Vox e implantada a principios de curso en esta comunidad que gobiernan Partido Popular y Ciudadanos. Sin embargo, la Consejería de Educación y Cultura no atenderá al requerimiento remitido hace un mes por el Ministerio de Educación y Formación Profesional dirigido por Isabel Celaá.

Como estaba anunciado, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado un recurso por la vía contencioso-administrativa contra el 'pin parental' implantado en los centros educativos de Murcia a principios de curso que el Gobierno de la región se ha negado a retirar y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia su suspensión cautelar.