La condena por prueba indirecta o por indicios, es uno de los grandes desconocidos de la sociedad española. Existe una extendida pero equivocada creencia de que, si no hay una prueba directa de la culpabilidad (como sería por ejemplo, una cámara que graba los hechos), entonces el autor del delito necesariamente tendrá que ser absuelto.
El emir de Dubái, Mohammed sin Rashid al Maktum (70), ordenó el espionaje del móvil de su ex esposa, la princesa Haya de Jordania (46), durante su proceso de divorcio a través de la tecnología militar israelí Pegasus, según ha sentenciado un juez del Alto Tribunal de Londres.
El Gobierno y el PP han llegado a un acuerdo que permitirá renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, según han informado ambas partes.
El Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia que, junto a los proyectos de Ley de Eficiencia Procesal y de Eficiencia Organizativa (en tramitación parlamentaria), constituyen la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar este servicio público y hacerlo más eficiente.
La comprobación del umbral numérico para la existencia de un despido colectivo, en la que se exige individualizar cada contrato para examinar el fraude, es competencia del juez social en los procesos individuales. y no de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que carece de competencia al no ser materia del proceso de despido colectivo.
El Tribunal Constitucional declara nulo e inconstitucional el método objetivo de determinación de la base imponible del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como la plusvalía municipal. Hasta ahora la justicia había rechazado el pago cuando se producía la venta de un inmueble con pérdidas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto este miércoles una multa de un millón de euros diario a Polonia por incumplir la sentencia que le obliga a suspender el régimen disciplinario que impone a los jueces del país y que la UE considera que viola la independencia judicial.
Como si de una serie de televisión de juicios y abogados se tratase, el Tribunal Constitucional nos ha brindado un perfecto spoiler del final judicial del culebrón de la plusvalía municipal, anunciando, antes de publicar la sentencia, el contenido de la parte dispositiva por la que declara la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Haciendas Locales que establecen el cálculo de la cuota del impuesto. Lógicamente, sin posibilidad de determinar las cuotas, el impuesto deja de tener sentido como fuente de ingresos para los municipios.
El pasado 26 de octubre, el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de tres artículos de la Ley de Haciendas Locales, los que regulaban la base imponible del impuesto municipal de plusvalía. Esto no era una sorpresa, hacía ya más de cuatro años que el Tribunal Constitucional había declarado que pagar como si se hubiese ganado, cuando en realidad se había perdido era injusto, confiscatorio y en consecuencia inconstitucional. El problema radicaba en que el sistema de fijación de la base imponible, es decir de la magnitud sobre la que recae el impuesto era tan defectuosa que llegaba a producir resultados confiscatorios. Ahora, el Constitucional ha determinado que todo el sistema de fijación de la base imponible es contrario a la Carta Magna.
El Ministerio de Justicia facilitará a cada la llamada Carpeta Justicia, que facilitará el acceso a los servicios y procedimientos para las personas que sean partes o interesadas, entre ellos al servicio de cita previa, el de consulta del estado de la tramitación, así como de acceso a los expedientes judiciales en los que el ciudadano sea parte.
El Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para repartir un total de 63,3 millones de euros entre las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas en materia de Justicia, para la realización de varios proyectos del plan Justicia 2030. Estos créditos presupuestarios se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán sometidos a la Conferencia Sectorial de Justicia para su territorialización.
El 14 de diciembre tres jueces decidirán si la demanda de paternidad presentada por Paquita España contra el ex futbolista Paco Gento (88) tiene un recorrido satisfactorio para la demandante, y el 21 de ese mismo mes se conocerá la sentencia definitiva del caso.
La Fiscalía de Palermo ha reabierto, una vez más, el caso de Mario Biondo, marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva. Una nueva demanda por parte de los padres del cámara italiano, presentada el pasado mes de mayo, ha dejado al descubierto que el forense encargado de realizar la segunda autopsia, Paolo Proccacianti, trabajó con restos que no eran los de Mario Biondo.
Pilar Piniella, viuda del periodista José María Iñigo, fallecido hace tres años, recurrirá ante el Supremo la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que, como ya hemos informado en esta web, se revoca una sentencia anterior en la que se reconocía que la muerte de Iñigo estaba relacionada con la intoxicación por el amianto que aislaba el Esfudio 1 de TVE en el que el fallecido presentador trabajó en sus inicios televisivos.
Malas perspectivas le esperan a Rafael Amargo tras hacerse público que el titular del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha dictado un auto en el que concluye que hay indicios suficientes para acusar al bailarín, su novia y otras dos personas como supuestos autores de un delito contra la salud pública, más exactamente de tráfico de drogas, y otro de pertenencia a grupo criminal. El juez Juan Ramón Reig Purón cree que el bailaor granadino era el cabecilla de la organización delictiva.
La reapertura del caso de la muerte de Mario Biondo en Italia ha reavivado el interés por lo sucedido aquí en España, donde están apareciendo nuevos datos sobre los hechos y también imágenes inéditas. La familia del camarógrafo italiano lleva ocho años luchando por demostrar fue asesinado y que no se suicidó, tal y como dictaminó la justicia española y aceptó Raquel Sánchez Silva.
El caso de Mario Biondo sigue en el punto de mira ocho años después de su muerte. El marido de Raquel Sánchez Silva, presuntamente, decidió poner fin a su vida el 3 de mayo de 2013. Desde entonces, la familia del cámara italiano ha luchado por reabrir el caso, el cuerpo ha sido exhumado dos veces y se le ha sometido a tres autopsias.
El Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, y las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas han acordado por unanimidad en la Conferencia Sectorial celebrada hoy un nuevo reparto de 63.304.990 euros. Esta cuantía irá destinada al desarrollo de los proyectos de inversión considerados prioritarios para la transformación del Servicio Público de Justicia en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla tarda 36 meses y tres días de media en resolver un asunto. Es el más lento de España. El "juzgado tortuga", llega a decir el Consejo General de la Abogacía en una información publicada hoy en su página web, citando datos de la plataforma de análisis jurídico Jurimetría. Y la situación actual de este juzgado, y de toda la atascada jurisdicción social hispalense, podría todavía empeorar, a juzgar por la última memoria del TSJA que prevé un aumento de asuntos derivados de la renta mínima vital, las prórrogas de los ERTE y los despidos colectivos.
El Gobierno de Aragón ha captado 3.970.000 euros de los fondos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) que destinará a diversos proyectos relacionados con la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma.
La Justicia falla a favor de Andrea Orcel y obliga a Santander a pagarle una indemnización de 68 millones por su frustrado fichaje como consejero delegado.
La junta del gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid decidió por unanimidad conceder la presidencia de honor a Antonio Garrigues Walker, como reconocimiento por su esfuerzo para apoyar al tejido productivo de nuestro país.
La detención del famoso bailarín hace un año por presuntos delitos contra la salud pública y tráfico de drogas ha hecho mella en su carrera. En libertad condicional, a Amargo le retiraron el pasaporte y le prohibieron salir de España. Unas medidas cautelares que ahora le están haciendo perder dinero.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado prorrogar a partir del próximo 1 de enero el plan de especialización en materia de cláusulas abusivas, en unos casos por seis meses y en otros por un año, en tres órganos judiciales andaluces y ha decidido su finalización en otros cinco. Entre los juzgados en los que se mantiene el plan está el Primera Instancia n.º 29 de Sevilla, que recibe 3.713 asuntos al año y tiene una pendencia acumulada de 15.694. Es el tercero con más pendencia de España, tras el de Madrid (70.119) y el de Barcelona (28.426).
Un tribunal federal de Nueva York ha declarado culpable de cinco de los seis casos que se le investigaban a la celebridad británica Ghislaine Maxwell por tráfico sexual de menores en la red de pedofilia dirigida por el multimillonario Jeffrey Epstein, mientras todavía se enfrenta a un segundo juicio acusada de perjurio.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá sobre la legalidad de la Declaración de Bienes en el Extranjero, el polémico Modelo 720, este mismo mes. Según ha podido saber elEconomista, los magistrados europeos tienen previsto emitir su sentencia final sobre el asunto el próximo 27 de enero.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asistido hoy a la XXV sesión ordinaria anual del Consejo del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), en la que se han presentado y aprobado la memoria de la actividad y el balance de la ejecución presupuestaria del Centro durante 2021, el proyecto de presupuestos para 2022, los próximos planes anuales de formación y el plan de actuación del Centro de Estudios Jurídicos para este año.
Algunas aplicaciones telemáticas en órganos judiciales, Fiscalía, Registros Civiles, Atención al Ciudadano y Ventanilla del Registro Central quedaron fuera de servicio desde las 7,45 horas hasta las 12,30 horas de hoy por problemas técnicos en uno de los dos Centros de Proceso de Datos (CPD) de la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia.
El empresario Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando admitieron este lunes en el juicio del caso Tándem haber contratado a José Manuel Villarejo para que investigase a una persona con la que el segundo tenía un conflicto monetario. El marido de la periodista admitió haberle pagado en metálico 20.000 euros para rebajar la pena que pide el fiscal de 8 años a 11 meses de prisión y así eludir la cárcel. Este martes, ha tomado la palabra el ex comisario en la Audiencia Nacional.