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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley de Trabajo a Distancia, tras un acuerdo entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo cerrado el lunes por la noche. El principal escollo, que ha estado a punto de hacer encallar la negociación, se ha centrado en cómo quedan las empresas que implantaron el trabajo forzadas por el estado de alarma por el Covid-19 y actualmente están afectadas por "medidas de contención sanitaria".En una redacción alambicada y confusa, se determina que estas empresas están obligadas a dotar de medios, equipos, herramientas y consumibles en un plazo de 20 días, cuando entrará en vigor la norma. También, debe abrir una negociación con los trabajadores para establecer la forma de compensar los gastos mediante negociación colectiva. La regulación del teletrabajo entrará en vigor el 13 de octubre.