Lo advertimos en mayo: esto no se ha acabado. Políticos, agentes sociales, y otros trincones de la colaboración público-privada se frotaban las manos mientras se les llenaba la boca de resiliencia, digitalización, y otros palabros que obnubilan al pueblo llano que asiente, ovino, a las filípicas de la caja boomer o de la red zoomer.
Aunque se hayan presentado como decisiones muy meditadas por parte del Gobierno, los porcentajes de gasto que la Unión Europea condiciona (un mínimo de un 37% en acción climática y hasta un 33% en digitalización) condicionan buena parte de los proyectos que los Estados miembros van a poder llevar a cabo con los fondos europeos.
Compartir conocimiento para agilizar los resultados. La Fundación Mutua Madrileña promueve en su última convocatoria anual de ayudas, abierta durante todo este mes de febrero a la presentación de solicitudes, la realización de estudios de investigación en colaboración, es decir, realizados conjuntamente por equipos de al menos cuatro comunidades autónomas diferentes.
La negativa del Gobierno de España a activar un paquete de ayudas directas para los sectores más afectados por la crisis del coronavirus ha abierto un enfrentamiento con las comunidades autónomas y con Unidas Podemos. El socio de Gobierno de Pedro Sánchez exige ahora un paquete de medidas. Sin embargo, el presidente respondió esta semana con una nueva negativa.
Una persona que hereda de uno de sus padres en Comunidad Valenciana llega a pagar al fisco hasta 14 veces más que alguien en esa misma situación en Madrid, Murcia, Extremadura o La Rioja. Y si heredase en otras ocho autonomías españolas, ni siquiera tendría que hacer frente a ese pago del impuesto de Sucesiones. Es la situación que refleja un estudio elaborado por la compañía especializada en defensa jurídica Arag.
Adecco ha publicado un informe que revela el listado de perfiles profesionales que más cuesta encontrar en España. Un trabajo que posiciona a los informáticos, programadores y otros perfiles tecnológicos entre las profesiones más demandadas. Sin embargo, en este ranking se encuentran diferencias según Comunidades Autónomas.
De aquí a Estambul, la gran preocupación en estos momentos es ¿cuántas empresas zombis dejará la crisis del coronavirus? Christine Lagarde o Ursula von der Leyen, las principales responsables europeos, advierten que es esencial mantener las sociedades viables, que pasen por un mal momento. Pero, ¿cómo identificarlas? y después, ¿cómo ayudarlas a sobrevivir?.
La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha admitido este lunes en TVE que su ministerio, junto al Banco de España, está valorando varios instrumentos para ayudar a las empresas afectadas por el coronavirus -en el nuevo paquete de medidas de 11.000 millones que serán aprobadas en marzo-, donde se contempla la recapitalización de las empresas y la conversión de créditos en otros instrumentos de capital. Asimismo, Calviño precisó que "no se trata de dar más créditos, pues ya lo hicimos en noviembre ampliando el programa. Ahora analizamos ayudas directas", ha puntualizado.
Entrando ya en el mes de marzo se acercan las primeras grandes festividades del año a nivel nacional. Entre rumores de restricciones por el coronavirus, las diferentes comunidades se preparan para celebrar, con las mayores precauciones posibles estos festejos. Sin embargo, en función de la región puede cambiar el calendario de estos días festivos. Así, el calendario laboral de cada comunidad tiene diferentes festivos hasta el deseado verano, en el que, con ayuda de las vacunas, quizá tengamos algo parecido a la normalidad.
El desarrollo los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) van a encontrar dificultades para su desarrollo a causa de las grandes lagunas legislativas sobre el papel de las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales de que adolece el texto del Real Decreto-ley por el que se aprueban las medidas para la ejecución del Plan de Recuperación del Gobierno.
A falta de que el Consejo Interterritorial del próximo miércoles ratifique estas medidas, Gobierno y CCAA acordaron mantener el cierre perimetral de todas las comunidades del 27 de marzo al 9 de abril, y de rebajar el toque de queda a las 22h, teniendo en cuenta que ya había regiones como Madrid donde el toque de queda era a las 23h, o como Castilla-La Mancha, que desde hace días lo ha subido a las 24 horas.
Diciembre es el primer mes en el que el Periodo Medio de Pago de las Comunidades Autónomas se sitúa por debajo de los 30 días desde el inicio de la serie, en abril de 2018. En concreto, se ha situado en diciembre en 26,96 días, lo que supone una reducción del 16,43% (5,3 días) con respecto al mes anterior. Cataluña y Aragón son las comunidades autónomas que de media más tardaron en pagar a los a proveedores a cierre de 2020, con 38,17 y 37,32 días, respectivamente, según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han acordado finalmente este miércoles, con el voto en contra de la Comunidad de Madrid, cerrar perimetralmente las autonomías entre el 17 y el 21 de marzo en aquellos territorios en los que sea festivo el día 19 de marzo por el puente de San José, y desde el 26 de marzo al 9 de abril por la Semana Santa, según han informado a Europa Press fuentes de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Cuando a Salvador Illa (La Roca del Vallés, 1966), exministro de Sanidad y ganador de las elecciones catalanas, le preguntas qué siente cuando sus adversarios le llaman de todo por su gestión de la pandemia, afirma que "las descalificaciones de trazo grueso se vuelven contra quien las hace. Aunque no tiene ninguna relación con la medicina porque es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, MBA en el IESE Business School y ejerció de profesor, su cargo en el Gobierno le ha convertido en un experto en el Covid-19 al que no le duelen prendas en admitir que ha habido errores.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que "espera" que las empresas podrán recibir ya este verano las ayudas incluidas en el real-decreto ley de 11.000 millones. Esta declaración supone una ralentización, pues el Ejecutivo se da todavía un mes para hacer las transferencias a las CCAA, y luego estas tienen que hacer el reparto. De momento, el RDL todavía no ha pasado por el Congreso.
Los cierres autonómicos adelantan una Semana Santa de turismo local con menos de un tercio de ocupación y más de la mitad de la plazas hoteleras cerradas. A poco más de diez días del Miércoles Santo, el sector no se atreve a realizar previsiones por la falta de visibilidad aunque sí que coincide en dar la Semana Santa "por perdida" y esperar que sean los propios vecinos los que animen un poco la demanda de los hoteles, restaurantes, teatros, museos o spas.
La Semana Santa está perdida. La paralización del suministro de la vacuna de AstraZéneca durante los últimos días fue la puntilla. Si había dudas sobre la consecución de los objetivos de vacunación, ahora será aún más complejo.
Según fuentes autonómicas, y dado el repunte de la incidencia de la pandemia provocada por el covid-19, el Gobierno está estudiando adelantar el toque de queda a las 20 horas durante toda la Semana Santa. Esta medida será debatida este miércoles en el Consejo de Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad que se reúne esta tarde a las 16h.
La adecuación del IRPF a las características propias del contribuyente y su familia se concreta en el mínimo personal y familiar cuya función consiste en cuantificar aquella parte de la renta que, por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación por el IRPF.
A pesar de que Madrid es la región española con los tipos más bajos de en la tarifa de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), resulta que es la Comunidad Autónoma en la que la tributación por habitante en este impuesto es más elevada, con un media de 3.280 euros, lo que supone un porcentaje del 16,72% de la renta media disponible por habitante, según se desprende de los datos del Panorama Fiscal Autonómico de 2021 del Consejo General de Economistas-Asesores Fiscales (Reaf).
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este viernes cómo queda el reparto entre las comunidades autónomas de los 7.000 millones de euros en ayudas directas que el Gobierno aprobó para empresas y autónomos afectados por la crisis sanitarias y de los que 2.000 millones ya se anunció que irían destinados exclusivamente a las islas Baleares y Canarias dado su potencial turístico.
La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades y ciudades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha aprobado una actualización del documento 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19', conocido como 'semáforo COVID-19', que plantea la recomendación de cerrar el servicio en el interior de la restauración cuando las CCAA se encuentren en nivel de alerta alto o muy alto, es decir, con una incidencia superior a 150 y otros indicadores elevados como la ocupación hospitalaria.
La publicación en el BOE este viernes del reparto de 7.000 millones de euros con que está dotada la línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas ha levantado una polvareda entre administraciones regionales, autónomos y patronales, contrarios a los criterios de reparto del Gobierno de Pedro Sánchez.
Cataluña y Valencia son las regiones de España con mayor endeudamiento público por habitante, duplicando la cifra de Madrid y superando casi en un 40% la media del país, en 6.423 euros. Concretamente, de saldarse la deuda entre los habitantes de cada región, el coste para cada catalán ascendería a los 10.169 euros, mientras que en Madrid esta cifra se sitúa en los 5.111 euros, es decir, la mitad. En la Comunidad Valenciana, la segunda con una mayor deuda per cápita del país, la cifra asciende hasta los 10.060 euros.
Ser residente en Navarra, País Vasco, Aragón, Asturias, Extremadura o en la Comunidad Valenciana va a suponer una mayor tributación en la declaración del Impuesto sobre la Renta para los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (Erte), que por esta circunstancia se vean obligados a declarar por tener un segundo pagador y la declaración les salga a pagar como consecuencia de la falta de retenciones en las prestaciones abonadas por el Servicio Estatal de Empleo (Sepe).
Con motivo de las circunstancias económicas y sociales tan especiales que ha dejado la pandemia y el perjuicio qu eha podido suponer para determinados sectores, algunas comunidades autónomas han apostado por introducir en el campo de las deducciones pequeños beneficios para los contribuyentes si se dan una serie de condicionantes.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de cerca de 2.111 millones de euros entre las comunidades autónomas destinados a financiar políticas activas de empleo en los territorios.
Castilla-La Mancha es la única Comunidad Autónoma que incrementó la contratación de obra pública en 2020. En concreto, la autonomía registró un aumento del 63,2%, hasta los 232,7 millones de euros, en un contexto en el que todas las demás regiones se tiñeron de rojo y el conjunto de España, con el impacto de la pandemia, acumuló un descenso del 35,8%, al pasar de 10.993 millones de euros a 7.054 millones, retornando así a los niveles de 2014 y rompiendo con la tendencia positiva de los últimos años. El impulso de Castilla-La Mancha se sustenta tanto por la vía del Estado (+41,3%) como del Gobierno autonómico (+27,2%), con relevantes proyectos como el de la ampliación del Hospital de Albacete.
El Ministerio de Trabajo destinará en 2021 más de 3.500 millones de euros para modernizar las políticas activas de empleo (PAE) que ayuden a los desempleados a encontrar trabajo, tal como adelantó elEconomista. La mayoría se entregarán a las comunidades autónomas pero según se ha avanzado este viernes, el reparto se condicionará al cumplimiento de objetivos.