La regla de gasto es la gran perjudicada del periodo preelectoral. Esta condición fiscal, que limita el crecimiento del gasto autonómico para asegurar la viabilidad de las cuentas regionales y que está impuesta a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, restringía el aumento de las inversiones de las comunidades a un 2,4%. Sin embargo, todos los gobiernos en manos del PSOE o de partidos nacionalistas o regionalistas se saltaron este límite en 2018, prólogo de los comicios autonómicos del 26 de mayo.

La Fundación Instituto Roche ha reunido las piezas del puzle autonómico para completar el primer mapa de España con las regiones que más y menos han avanzado en la implantación de la medicina personalizada de precisión. Es decir, la medicina que busca adaptar los tratamientos médicos a las características de cada paciente, integrando datos genómicos y de otras ciencias ómicas como la proteómica o la metabolómica, con los datos clínicos del paciente y su entorno, para permitir así intervenciones médicas preventivas, diagnósticas y terapéuticas más eficaces.

Una eventual suma de los escaños de PP, Cs y Vox proporcionaría a esta posible coalición el control de siete comunidades en las próximas elecciones autonómicas. Ese escenario ocurriría en el hipotético caso de que los tres partidos replicaran la alianza del tripartito andaluz y cada elector repitiera el próximo 26 de mayo el mismo voto que el del pasado domingo. Siempre con esas premisas, Madrid, Aragón, Rioja, Extremadura, Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tendrían un parlamento mayoritario de derechas.

Las autonomías activaron su modo electoral, incrementando el gasto independientemente de sus ingresos en los primeros cuatros meses de 2019. Sin embargo, la que más lo hizo fue Comunidad Valenciana, región en la que el déficit aumentó en una proporción que, si no fuera porque los datos son oficiales, resultaría increíble: un 972%.

Con casi toda seguridad, el debate para la introducción de la renta mínima estará presente en la agenda reformista de la próxima legislatura, a tenor de las propuestas programáticas del PSOE -vencedor de las elecciones- y Unidas Podemos, principales socios en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, las propuestas esgrimidas desde diferentes ámbitos difieren diametralmente en términos de impacto para las cuentas públicas. 

El incremento de los salarios pactado por la patronal y los sindicatos el pasado año para subidas de hasta un 3% anual de aquí a 2020 parece estar teniendo su efecto en las nóminas de los trabajadores, si bien no de forma homogénea en todos los rincones del país. Así aparece recogido en el Informe Infoempleo Adecco: Oferta y demanda de empleo en España, donde se aprecia como Cataluña es la comunidad autónoma donde se perciben los salarios más altos de todo el país.

La alerta roja económica vuelve a sonar en las comunidades autónomas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha anunciado que el Ministerio de Hacienda no contempla arreglar este año el problema que surgió en 2017 al cambiar el Sistema de Información del IVA (SII)- y que en su momento se solventó con un incremento presupuestario de las entregas a cuenta-, por lo que las regiones se quedarán este 2019 sin 2.500 de los millones que les corresponden por este impuesto, mientras que las entidades locales perderán unos 500 millones, un problema que el Gobierno quería resolver con el proyecto de Presupuestos de la legislatura pasada, que fue vetado.

El ingreso mínimo vital que está diseñando el Gobierno del PSOE a pesar de estar en funciones tendrá un aspecto similar al de las propuestas elaboradas por la AIReF y los sindicatos, y atendiendo al análisis del reparto autonómico elaborado por la autoridad fiscal, no todas las regiones contarán con el mismo volumen de beneficiarios. Ni, por lo tanto, se dedicarán a la medida el mismo volumen de recursos económicos. En este sentido, según una aproximación a la medida que pretende elaborar el PSOE, Andalucía coparía de largo la mayor parte del coste de la ayuda a nivel nacional -influida por un mayor volumen de familias en riesgo de pobreza y la tasa de paro más alta del país en el 21%-, concretamente algo más de 2.000 millones de euros cada año, lo que significa casi un 30% de todo el dinero destinado a la ayuda.

El panorama financiero de las autonomías es sombrío. La falta de Gobierno y la prórroga presupuestaria impiden que tengan acceso a unos 7.500 millones de euros que les corresponderían para este 2019. Esto pone muy cuesta arriba, casi imposible, que se puedan cumplir los objetivos de estabilidad para este 2019, sobre todo teniendo en cuenta que el déficit de las regiones es ya un 13% superior al del año pasado.

Pocas veces se puede decir, en política, que todas las tendencias estén de acuerdo en algo. Este es el caso del modelo de financiación autonómica de España y la necesidad de reformarlo. El último cambio en él lo ejecutó el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2009. Desde entonces, han pasado diez años en los que tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez han hecho promesas para modificar cómo se sostiene económicamente a las regiones, pero en ninguna de las ocasiones estos compromisos se han hecho realidad. Y no parece que se vayan a poder dar nuevos pasos en esta dirección, al menos hasta 2020.