01:15 CET - Colombia
Una eventual suma de los escaños de PP, Cs y Vox proporcionaría a esta posible coalición el control de siete comunidades en las próximas elecciones autonómicas. Ese escenario ocurriría en el hipotético caso de que los tres partidos replicaran la alianza del tripartito andaluz y cada elector repitiera el próximo 26 de mayo el mismo voto que el del pasado domingo. Siempre con esas premisas, Madrid, Aragón, Rioja, Extremadura, Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tendrían un parlamento mayoritario de derechas.
La Fundación Instituto Roche ha reunido las piezas del puzle autonómico para completar el primer mapa de España con las regiones que más y menos han avanzado en la implantación de la medicina personalizada de precisión. Es decir, la medicina que busca adaptar los tratamientos médicos a las características de cada paciente, integrando datos genómicos y de otras ciencias ómicas como la proteómica o la metabolómica, con los datos clínicos del paciente y su entorno, para permitir así intervenciones médicas preventivas, diagnósticas y terapéuticas más eficaces.
La regla de gasto es la gran perjudicada del periodo preelectoral. Esta condición fiscal, que limita el crecimiento del gasto autonómico para asegurar la viabilidad de las cuentas regionales y que está impuesta a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, restringía el aumento de las inversiones de las comunidades a un 2,4%. Sin embargo, todos los gobiernos en manos del PSOE o de partidos nacionalistas o regionalistas se saltaron este límite en 2018, prólogo de los comicios autonómicos del 26 de mayo.
La Comunidades de Canarias y Madrid han rebajado los tipos del IRPF por debajo del tramo estatal para las rentas más bajas. Murcia también aplicará rebajas al tramo autonómico. Mientras en Galicia y Guipúzcoa reducen el Impuesto de Patrimonio. Respecto al impuesto de AJD, en casi todas las regiones desaparecen los beneficios fiscales tras el cambio legislativo para que lo paguen los bancos en préstamos hipotecarios. Consulte nuestro especial Declaración de la Renta 2018.
La legislatura comenzó con el popular Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y va a terminar con el socialista Pedro Sánchez en Moncloa, moción de censura mediante. Sin embargo, a diferencia de la jefatura del Ejecutivo, el sistema de financiación autonómica, por cuya reforma y actualización claman sin excepción todas las regiones, no se ha tocado. De hecho, según ha podido saber elEconomista, los trabajos para remodelarla han quedado aplazados sine die.
Las Administraciones Públicas incrementaron la contratación en proyectos de infraestructuras hasta los 7.131 millones de euros en 2018, lo que representa un 50% más que los 4.755 millones registrados en 2017, según los datos provisionales recabados por el sector empresarial y a los que ha tenido acceso elEconomista. De este modo, la cifra crece por segundo año consecutivo (en 2016 tocó suelo con 3.592 millones), si bien aún se halla un 55,4% por debajo de los 16.001 millones de 2009.
La última Encuesta de Población Activa, correspondiente al cierre de 2018 y publicada el pasado martes por el Instituto Nacional de Estadística, arroja un fuerte aumento del empleo público a lo largo del pasado año. Se trata de un incremento de la plantilla en 136.300 efectivos, de los cuales el 50% se registra en territorio catalán. Así, entre todas las Administraciones -la del Estado, la Generalitat, las entidades públicas y los ayuntamientos- Cataluña destaca con un aumento de 67.500 puestos en el global de su plantilla pública a lo largo de 2018.
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 prevé una aportación de 129.899 millones de euros a las administraciones territoriales a través del sistema de financiación, lo que supone un incremento del 6,4%, es decir, de 7.859 millones.
La prórroga presupuestaria que planea el Gobierno de Pedro Sánchez ante la imposibilidad de sacar adelante las Cuentas en el Congreso -se plantea incluso no presentarlos, a pesar del mandato constitucional- puede desembocar en un serio problema para las comunidades autónomas. Este escenario -que se puede prolongar hasta 2020- provocaría que las regiones dejaran de recibir unos 6.938 millones de euros en entregas a cuenta y que tuvieran que afrontar un gasto que sí que subirá con los mismos fondos que en 2018.
El sector agroalimentario español ha hecho una apuesta clara por su internacionalización, con el apoyo del Gobierno que, desde el comienzo de la legislatura, ha establecido diversas políticas encaminadas a facilitar la internacionalización de nuestras empresas y su implantación en el exterior.
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