La reforma del Código Penal que planteará el Gobierno para adaptar la tipificación de los delitos de rebelión o sedición a la realidad actual tras los hechos ocurridos y juzgados en Cataluña no es una de las condiciones que ERC puso sobre la mesa durante las negociaciones para sacar adelante el pacto de investidura que mantuviera a Pedro Sánchez en Moncloa.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apostado hoy por una reforma del Código Penal, que modifique los tipos de los delitos de rebelión y sedición. "Son figuras más propias de ataques a la soberanía en el siglo XIX cuando se pensaba en ataques con tanques en la calle", manifestó.
El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, se muestra alarmado en elEconomista ante el afán del Gobierno de suavizar la definición de los delitos de sedición y rebelión. Hay razones de peso para ello. Toda modificación de este tipo en el Código Penal obligaría, de forma automática, a emprender una operación tan delicada como revisar las condenas de Oriol Junqueras y de los demás condenados por el 1-O, aunque se derivan de sentencias firmes.
La polémica no es gratuita ni inmotivada. Al contrario: tiene todo el fundamento y la gravedad. El señor Ábalos, ministro del Gobierno de España, en el aeropuerto de Madrid con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana.
La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido este miércoles en que la ley de libertades sexuales en la que trabaja su departamento estará en cuestión "de semanas" y que la reforma del Código Penal que afecta a este tipo de delitos se tramitará de forma independiente a la modificación relativa al delito de sedición que también ha anunciado el Ejecutivo.
El Tribunal Supremo rechaza la agravación de la pena por multirreincidencia en los delitos leves de estafa al considerar que no está regulada de forma expresa y clara, como sí figura en los hurtos y que, en su defecto, no se puede permitir "una interpretación extensiva en contra del reo, un doble salto penológico desde el delito leve a la modalidad agravada".
La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha reconocido este lunes que aún no ha visto borrador alguno de la reforma del Código Penal, un proyecto en el que está trabajando el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo y que incorporará como delito, ha anunciado, la exaltación del franquismo.
El Tribunal Supremo avala el uso de denuncias anónimas para poner en conocimiento de los responsables de la empresa de la existencia de prácticas delictivas y que se inicie una investigación interna, sin que sea necesario identificar al autor.
Las investigaciones internas que realiza la empresa cuando sospecha que un empleado o directivo le está robando deben respetar los derechos fundamentales del sospechoso si quiere que las pruebas obtenidas y las conclusiones se admitan en un juicio posterior.
Las empresas españolas aún presentan algunas carencias en la incorporación y desarrollo de sistemas de compliance en sus respectivos sectores de actividad. En un momento en el que es imprescindible contar con un sistema de gestión de cumplimiento penal con independencia del tamaño o de la actividad de una compañía, gran parte de los empresarios reconocen no contar con un modelo integrado conforme a la normativa española y demás estándares internacionales de referencia.