Comete delito de descubrimiento y revelación de secretos, regulado en el artículo 197.7 del Código Penal (CP), quien difunde imágenes que afectan gravemente a la intimidad de una persona, aunque la propia víctima se las haya entregado, según establece el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de febrero de 2020.
La Generalitat valenciana ha iniciado conversaciones con los colegios de abogados de la comunidad autónoma para crear una sección especializada en la defensa de las víctimas de violencia de género en el Turno de Oficio, cuyos integrantes no puedan defender a los acusados de este delito como abogados.
El avance del brote de coronavirus ("Covid-19") y su impacto en las relaciones comerciales y en el desarrollo de la actividad empresarial mundial es una realidad que está generando una serie de interrogantes legales sobre qué consecuencias puede tener en las relaciones contractuales vigentes.
La legislación española permite que la empresa del cónyuge de un alto cargo de la Administración pueda convertirse en proveedor del organismo dirigido por su pareja, siempre que no intervenga en el expediente y en la concesión.
Han pasado casi 10 años desde que se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las empresas y, actualmente, la mayor parte de las compañías españolas cuentan con medidas de prevención penal (bajo diferentes denominaciones; programas de compliance penal, sistemas de prevención de delitos, etc.). Como es sabido, este tipo de medidas deben ser diseñadas e implementadas de acuerdo con dos premisas fundamentales; el tipo de compañía (tamaño, recursos orgánicos, sector, etc.) y los riesgos a los que está expuesta la misma desde un prisma penal.
La utilización no autorizada del distintivo oficial de haber superado favorablemente la periódica Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es constitutiva del delito de uso de certificación falsa, según establece el Tribunal Supremo. en una sentencia de 26 de junio de 2020.
La Fundación Empresa Seguridad y Sociedad (Esys) cuyos patronos son Endesa, Telefónica y Prosegur, pide establecer penas de cárcel de tres a cinco años, similares a las existentes en Alemania, Italia y Francia, para atajar el robo de electricidad, un delito con un impacto económico que en España ronda los 150 millones de euros anuales.
La conservación de las imágenes de una trifulca mantenida entre dos trabajadores en su centro de trabajo -en este caso un hospital público-, es una medida necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva del denunciante, que debe prevalecer sobre el derecho a la protección de datos de la otra parte, según establece la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en una sentencia de 23 de julio de 2020.
Casado, García Egea y compañía podrán tomarlo como una bravuconada o una bufonada más del vicepresidente segundo del Gobierno. Pero Pablo Iglesias no amenaza en vano. Y cuando esta semana afirmó en sede parlamentaria que el PP no volverá a formar parte del Consejo de Ministros, puede que al final no lo consiga, pero estaba desvelando sus verdaderas intenciones y para lo que está trabajando desde el Ejecutivo y en la calle.
Que Sánchez es un gran estratega, ya no lo duda nadie. No hay más que ver cómo pasó de recorrer España en su Peugeot para ganarse el favor de las bases a una moción de censura que dejó K.O. a Rajoy. Después de tontear durante varias semanas con Inés Arrimadas, ahora se dispone a sacar adelante los Presupuestos con el apoyo de sus socios tradicionales, Unidas Podemos, ERC y PNV, a los que sumará pequeñas formaciones como los canarios, los regionalistas cántabros o incluso Bildu y el PDEcat.
El Ministerio de Justicia acaba de iniciar la tramitación de la Reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal (LECrim) que traspasará la instrucción de los procedimientos de los jueces a los fiscales.
El 75% de las empresas españolas con más de 200 trabajadores ya cuenta con sistema de Compliance o tiene previsto implantarlo en los próximos cinco años.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este viernes que el "calendario normativo establece" la reforma de los delitos de sedición y rebelión "antes de final de año", y ha reconocido que esa adecuación del tipo afectaría al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont si fuese finalmente juzgado.
El Ministerio de Justicia ha resuelto 1.240 expedientes de indulto entre enero y junio de este año. En total, se han recibido 1.499 solicitudes (32% del volumen total de la documentación recibida); 1.350 expedientes de los tribunales (28%); y 1.877 documentos diversos relacionados con los expedientes en tramitación (40%).
El Tribunal Supremo considera que, en general, es razonable un módulo de compensación de un día de prisión por cada seis meses de retención del pasaporte o de prohibición de salida de España adoptado mediante medidas cautelares, según establece, en sentencia de 16 de noviembre de 2020.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado remitir a los Juzgados ordinarios para que se investiguen la omisión de medidas de seguridad para sanitarios o policías, la contratación de material fallido y las muertes de ancianos en las residencias 20 querellas y 30 denuncias presentadas en los últimos meses contra el Gobierno por su gestión durante la crisis de la COVID, al considerar que no está debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo.
Las indemnizaciones por responsabilidad civil pagadas por las aseguradoras de los causantes de los daños físicos o psíquicos en cumplimiento de un acuerdo de mediación quedarán exentas de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según se establece en el texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y pendiente de su remisión al Congreso de los Diputados para su tramitación legislativa.
El compliance no es una panacea para las empresas, porque entre otras cosas el Código Penal "mantiene la pena de muerte, que ha desaparecido para las personas físicas, no para las empresas. No se pueden relajar los planes de gestión preventiva de los delitos, porque incluso grandes empresas pueden desaparecer, porque la Ley está para cumplirla y ante un tribunal debe ser capaces de demostrar ante peritos independientes el grado de previsibilidad en materia de gestión preventiva que tenían sus planes antes de la comisión del delito que ha provocado el procedimiento. Las cosas siempre hay que hacerlas bien"
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la sentencia de un juicio con jurado popular y ha ordenado repetirlo con otro grupo distinto de ciudadanos al entender que uno de los miembros que lo integraba pudo cambiar el sentido de su voto cansado de las largas horas de deliberaciones sin que se llegara a un acuerdo sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.
¿Pueden tener responsabilidad penal las empresas? La exigencia de responsabilidad a las personas jurídicas es una materia que ha dejado de ser novedosa tanto en los países de nuestro entorno como en el propio ordenamiento jurídico español.
Las autoridades españolas deben modificar el Código Penal para reforzar las garantías del derecho a la libertad de expresión y facilitar la labor de los tribunales españoles en la toma de decisiones, en consonancia con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, mediante la definición exacta de delitos como el de enaltecimiento del terrorismo, del artículo 578, que considera "problemático desde el punto de vista de los derechos humanos", según le ha comunicado al ministro español de Justicia, Juan Carlos Campo, la de Derechos Humanos del Consejo de Europea, Dunja Mijatovic.
La Comisión de Venecia del Consejo de Europa anima al Parlamento español a modificar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana -LOSC- (Ley 4/2015, de 30 de marzo), para entre otras modificaciones, establecer que las autoridades permitan las manifestaciones espontáneas, incluso aquellas que no hayan sido notificadas previamente o que se desvíen de las condiciones establecidas en la notificación, a menos que exista un riesgo constatable de "desórdenes sustanciales".
La responsabilidad penal del padre es absoluta, cuando ayuda a su hijo menor a conducir un vehículo y le graba desde fuera, porque no se trata solo de un descuido en la vigilancia del menor, sino que presta su colaboración para ello.
El Ministerio de Justicia prepara una normativa para reducir los plazos de cancelación de inscripción de antecedentes sexuales de los infractores menores de edad.
En las últimas semanas se viene hablando de que el Gobierno de la Nación concederá el indulto a las personas condenadas por la sentencia del denominado caso del proces.
A quién no le ha ocurrido que ha ido caminando por la calle y ha tenido la suerte de encontrarse una cantidad de dinero, por lo general pequeña, o un objeto que puede tener cierto valor (un móvil, un colgante o unas gafas). Una apropiación casual pero que puede estar considerada ilegal, por lo que se estipula cierta multa según el Código Penal y el Código Civil.
Quienes realicen operaciones con información privilegiada sin tener acceso reservado a la información privilegiada podrán ser castigados con penas privativas de libertad cuya duración máxima sea de, al menos, cuatro años.
No son admisibles para la liquidación de una deuda tributaria considerada como no ingresada o para la imposición de sanciones tributarias los documentos obtenidos en un registro domiciliario a terceros, que resultan de una prueba declarada nula por la jurisdicción Penal, al considerar los jueces que se han vulnerado derechos fundamentales en la operación.
Enrique Sanz Delgado, junto con Daniel Fernández Bermejo, ha ejercido la coordinación del 'Tratado de Delincuencia Cibernética', lo que le ha permitido adquirir un conocimiento de todos y cada uno de los aspectos que componen una materia tan novedosa como complicada y analizar las tendencias de futuro que se plantean.
Los jueces deben valorar las circunstancias económicas reales de la persona que incumple su compromiso de pago, que condiciona la suspensión de una pena, antes de proceder a revocarlo y emitir la orden de ingreso en prisión, según establece el Tribunal Constitucional, en sentencia de 7 de marzo de 2022.