La Confederación de Empresarios de Andalucía y la Asociación de Energías Renovables andaluza se han unido para presionar a Red Eléctrica ante la falta de inversión en la zona, que está provocando un cuello de botella para la instalación de energías renovables.
Vox ha presentado este jueves ante el Registro del Parlamento su enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para este año, el primero elaborado por el Gobierno de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs).
Cuando le preguntas si quiere ser consejera de la Comunidad de Madrid y si un cargo de ese perfil sería el precio que su partido piensa poner para que haya Gobierno de centroderecha responde rápido que no es una cuestión de sillas sino de programas. "Pero no quiero estar de invitada de piedra en la Asamblea de Madrid", sentencia. Es la cara y la voz femenina más reconocible de Vox y tiene una forma de estar en política muy rompedora, hiperactiva en las redes sociales y con gran presencia en los medios. Tal vez, por eso cuando insistes en si es una humillación que a su grupo parlamentario le hayan enviado al gallinero del hemiciclo responde, sin pelos en la lengua, que "nadie nos va a callar por mucho que nos alejen al último sitio. Nos vamos a ganar el sueldo que nos pagan los españoles". Es la mujer que en su día se atrevió a irrumpir en una rueda de prensa de Carles Puigdemont para entregarle unas esposas y un ejemplar del código penal al grito de "sin ley no hay democracia". Se dijo que era lo más parecido a un escrache que haya hecho un político de la derecha pero ni era la primera vez ni será la última en la que Rocío Monasterio (Madrid 1974) -arquitecta de profesión que acabó la carrera con una calificación de matrícula de honor o sobresaliente en todas las asignaturas, fundadora de su propio estudio, casada con el también político y compañero de partido Iván Espinosa de los Monteros y madre de cuatro niños- rompe moldes. Es de derechas sin complejos.
La innovación y el desarrollo tecnológico serán los factores clave que determinarán el crecimiento de la economía andaluza en los próximos años. Esa es una de las primeras conclusiones de la Jornada sobre Innovación y Sostenibilidad organizadas por elEconomista celebradas en el emblemático restaurante Abades Triana de Sevilla.
El Gobierno andaluz reclama la intervención de la Agencia Tributaria de esta autonomía para rastrear más de 4.600 millones que el equipo de la expresidenta Susana Díaz dejó pendientes de cobro.
Por la gestión ineficaz durante 37 años de los distintos gobiernos socialistas, por no proveer de recursos a la administración regional, por seguir trabajando con el patrón del papel en lugar de informatizar los servicios o, por directrices políticas varias, la Junta que hoy preside Juan Manuel Moreno Bonilla va a echar mano de la Agencia Tributaria Andaluza para rastrear y poder recaudar 4.665,8 millones de euros que Susana Díaz no cobró debidamente y dejo perdidos por el camino. Ahora, en este capítulo de derechos pendientes de cobro la Junta se ha topado con tasas, precios públicos, impuesto de Sucesiones, Donaciones, Actos Jurídicos, reintegros, recargos, multas o 996 millones de euros que vienen de transferencias de capital que corresponden a la gestión de Fondos Europeos.
El ingreso mínimo vital que está diseñando el Gobierno del PSOE a pesar de estar en funciones tendrá un aspecto similar al de las propuestas elaboradas por la AIReF y los sindicatos, y atendiendo al análisis del reparto autonómico elaborado por la autoridad fiscal, no todas las regiones contarán con el mismo volumen de beneficiarios. Ni, por lo tanto, se dedicarán a la medida el mismo volumen de recursos económicos. En este sentido, según una aproximación a la medida que pretende elaborar el PSOE, Andalucía coparía de largo la mayor parte del coste de la ayuda a nivel nacional -influida por un mayor volumen de familias en riesgo de pobreza y la tasa de paro más alta del país en el 21%-, concretamente algo más de 2.000 millones de euros cada año, lo que significa casi un 30% de todo el dinero destinado a la ayuda.
Eliminar el impuesto de Patrimonio "es un tema que no está en la agenda política" del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía. Así lo constatan a elEconomista fuentes oficiales del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, destacando que los 100 millones que actualmente recauda por este concepto, es una cantidad nada despreciable. Hay que tener en cuenta -recalcan las mismas fuentes- la "situación actual de ingresos", el marco de "incertidumbre económica" en el que vivimos, el "retraso de las entregas a cuenta" a las CCAA, de la administración en funciones de Pedro Sánchez y, todo ello, sin olvidar que Andalucía es -junto a Valencia y Murcia- "una de las regiones peor financiadas de España".
Magrudis, la empresa sevillana que distribuyó carne mechada contaminada con listeria, tiene un patrimonio para responder ante la oleada de querellas a la que se puede enfrentar de tan solo 48.452 euros. Constituida en 2003, la compañía es propiedad de Sandro José Marín Rodríguez, que figura además como administrador único.