El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este lunes un estudio sobre política fiscal en el que pulsa la opinión de los españoles sobre los impuestos. Un testeo el del instituto presidido por el socialista José Félix Tezanos que será clave para el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de gestionar la subida impositiva que tiene en la agenda.
El déficit del Estado alcanzó en el primer semestre del año los 48.767 millones de euros como consecuencia de la crisis del coronavirus, una cifra que multiplica por más de cinco la del mismo periodo del año pasado (10.346 millones) y que equivale al 4,36% del PIB, frente al 0,83% del año pasado.
El Tribunal Supremo ha resuelto, en una sentencia de 28 de mayo de 2020, que la Administración, cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa, no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes ese recurso de forma expresa. En el supuesto analizado, el contribuyente había interpuesto un recurso de reposición potestativo contra una liquidación tributaria sin que, correlativamente, solicitara con su interposición la suspensión de la ejecución de la deuda mientras se resolvía dicho recurso.
La Abogacía Española ha solicitado al Ministerio de Hacienda que, en el marco de las modificaciones que a nivel europeo se están estudiando en la Directiva del IVA, el Gobierno español reclame una aplicación de tipos reducidos para los servicios jurídicos de dirección y defensa en toda clase de procesos judiciales, mediación y arbitraje.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Coronavirus, última hora, en directo.
La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado este lunes el documento de Hacienda que permite a los ayuntamientos utilizar el superávit y lo ha conseguido con el único voto a favor del PSOE que ha suscitado un empate, roto por el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero.
Los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza han coincido este miércoles, en la reunión de la Junta de Portavoces, en calificar de "injusto" el acuerdo del Ministerio de Hacienda aprobado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por el que se destinarán 5.000 millones de euros a los ayuntamientos que dispongan de remanentes, dejando fuera a entidades locales como el Consistorio de la capital aragonesa. Por ello, esperan que sea modificado en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno presentará en septiembre un aumento del techo de gasto para 2021 sin comparación con el de otros ejercicios, ya que estará "alterado" por la incorporación de fondos europeos, según ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista con EFE.
La letra pequeña del decreto que posibilita a los ayuntamientos disponer de su superávit para hacer frente al covid-19 ha disgustado aún más a las entidades locales que ya se oponían al acuerdo entre la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y el Gobierno. En el texto recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles se desarrolla que el Estado tendrá 15 años a partir de 2022 para devolver a los consistorios sus remanentes, cuando en el acuerdo inicial se hablaba de 10.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha remarcado que el acuerdo firmado con el Gobierno sobre los remanentes garantiza que "el plazo que tiene que ofertar la Dirección General de Tesoro (para su devolución) tiene que ser de diez años".
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado que este viernes, 7 de agosto, se va a celebrar una reunión por videoconferencia a la que se han sumado, al menos, otros siete alcaldes de diferentes partidos políticos de España con el objetivo de suscribir un manifiesto para modificar el real decreto ley aprobado en Consejo de Ministros esta semana que recoge el acuerdo económico para la acción local ante la crisis de la COVID-19.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha informado que diez alcaldes que han mantenido una reunión por videoconferencia han aprobado una declaración conjunta de rechazo al Real Decreto-ley 7/2020, de 4 de agosto de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. Del encuentro ha destacado que "lo importante es que vamos a unir nuestras voces para defender a nuestras ciudades".
¿Cree que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos? y ¿considera que engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos? Si ha respondido que sí a ambas preguntas, coincide usted con la mayoría de la población española (63,6 y 88,9 %, respectivamente), de acuerdo con el reciente barómetro de Opinión pública y política fiscal publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que nos ayuda a comprender la opinión sobre los tributos de la sociedad española y su conciencia tributaria.
Un pacto de caballeros fue cumplido en la política española recientemente. Y eso es noticia en los tiempos que corren. Las corporaciones locales se comprometieron hace algunos años, en lo más crudo de la cruda crisis financiera, a no caer en gastos excesivos que les hicieran incurrir en un déficit que sería señal suficiente para que sus arcas fueran intervenidas por el Estado. Y lo cumplieron.
El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este lunes que su partido va a hacer todo lo que esté en su manos a nivel legal para evitar el "atraco a mano armada" del Gobierno a los ahorros de los ayuntamientos por el acuerdo firmado para el uso de sus remanentes.
Nuevo capítulo en el enfado de los alcaldes con Hacienda tras el acuerdo aprobado para disponer de los ahorros de los ayuntamientos. La medida ha provocado una gran rebelión de los jefes de consistorio de distintos partidos, que la han calificado como confiscatoria o de un "atraco a mano armada. En un intento por aplacar el nerviosismo imperante, el Gobierno se ha ofrecido a asumir el pago de los intereses que las entidades locales abonan a los bancos por tener depositados sus remanentes, por lo que los ayuntamientos que presten estos ahorros al Ministerio de Hacienda se beneficiarán de un tipo de interés efectivo del 0% pudiendo llegar a ahorrar hasta 70 millones de euros anuales.
Jorge Azcón, portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias, y antes que este cargo, alcalde de Zaragoza, la quinta ciudad más grande de España, y ahora una de las más golpeadas por los rebrotes del coronavirus, analiza para elEconomista las razones del gran desacuerdo de la mayoría de alcaldes del país, contrarios al decreto firmado entre la FEMP y el Gobierno. Y es que, de no modificarse el decreto -recalca Azcón-, supone la entrega de los ahorros municipales al Estado, es decir, de unos 15.000 millones de euros, a cambio de una ayuda de 5.000. Y eso en el mejor de los casos, porque lo que subraya este abogado es que tal decreto no contempla ayudas para aquellos ayuntamientos, como el suyo, el de Granada, Murcia, o Lleida, entre otros, que no tienen ni un solo euro de superávit, luego no tienen manera de obtener un céntimo para la reconstrucción local. Advierte además, que es un riesgo para los ayuntamientos entregar su dinero ahora mismo al Estado, si finalmente el decreto no prospera en el Congreso. El edil de Zaragoza también piensa, que los regidores socialistas, que hoy están callados siguiendo la disciplina de Ferraz, acabarán hablando. Y entonces la rebelión -calcula- será de todas las fuerzas políticas sin excepción, por mucho que lo rebata Abel Caballero, presidente de la FEMP, y cuyo voto de calidad ha dado pie al polémico decreto-ley para la reconstrucción.
Alcalde de Madrid, abogado del Estado y uno de los líderes más sólidos y respetados del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida ha conversado con elEconomista sobre la última gestión del presidente de la FEMP, Abel Caballero. La firma del alcalde de Vigo, en un acuerdo pendiente del voto del Congreso de los Diputados, trae de cabeza a la práctica totalidad de alcaldes por el uso de los ahorros municipales, y por las obligaciones y restricciones para recibir esta ayuda. El regidor de la Villa y Corte discute que sea Pedro Sánchez quien decida en qué y cómo invertir el remanente de los ayuntamientos. Considera Almeida injusto que los municipios que no tengan dinero en Tesorería no puedan llegar a esa partida. Reprueba que se aligere la regla de gasto en 2020, y en cambio, en 2021 -lo que para él será el peor año de esta crisis-, no se aplique la misma receta. Reprende al Gobierno por pedir a la UE que no se impongan condiciones a la hora de percibir los fondos, pero en cambio, él sí los exija a los alcaldes españoles. No olvida tampoco a Caballero, cuya actitud y cambios de opinión no entiende. En alusión a los fondos europeos, advierte que, como no haya una buena distribución de los 140.000 millones no va a haber recuperación. En fase de nuevos rebrotes o inicio de una segunda oleada, Martínez Almeida sostiene que Madrid sí va a poder resistir esta crisis, pero sin dejar atrás que desde el coronavirus, las arcas municipales han perdido ya 400 millones en ingresos. Eso sí, subraya: "No nos podemos permitir otro confinamiento general que paralice otra vez la actividad económica".Señor alcalde, el presidente del Gobierno ha dicho en Mallorca que tiene disposición a negociar con los ayuntamientos el decreto que firmó con el presidente de la FEMP. ¿Qué opina al respecto?Las palabras de Sánchez obedecen únicamente, a que ha constatado que no tiene mayoría suficiente para sacar adelante ese real decreto. No parece un ofrecimiento de querer llegar a un acuerdo, sino que ha constatado que no tiene votos suficientes. A partir de ahí, habrá que ver hasta dónde y cuándo quiere negociar. Lo que espero es que quiera negociar con el PP.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han recomendado este miércoles a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) que soliciten al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que retenga el IRPF o a sus propias empresas que realicen un ajuste y apliquen una mayor retención para evitar "sustos" en la próxima declaración de la renta.
Chile espera un crecimiento potencial de su Producto Interno Bruto (PIB) del 1,5% para 2021 y un precio promedio del cobre, la principal exportación de país, de 2,88 dólares por libra.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido este lunes en nombre del Gobierno a mantener congelado el decreto sobre los ahorros de los ayuntamientos y el nuevo fondo municipal de 5.000 millones hasta que los grupos acuerden posibles modificaciones durante el trámite del Congreso.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que "hoy mismo" habilitará el desembolso de los 2.000 millones del Fondo Covid que el Gobierno transfiere a las comunidades autónomas para que inviertan en materia de Educación.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que el Gobierno va a suspender a través de un nuevo real decreto ley la regla de gasto que frena que los ayuntamientos disparen sus gastos e inversiones pese a tener superávit. La titular de Hacienda ha trasladado este compromiso en una entrevista en laSexta días después de que el Congreso tumbara su decreto sobre los remanentes de los consistorios.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado este miércoles que el Gobierno de coalición tiene ya elaborado el 80% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha garantizado que las cuentas públicas del próximo año no contemplarán "ningún tipo de recorte" como hizo el PP en la anterior crisis económica.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha matizado este jueves la tardanza del Ejecutivo en presentar el borrador de los Presupuestos de 2021 y ha recordado que realizar una cuentas nuevas lleva tiempo.
El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ultima un acuerdo fiscal con subidas de impuestos a grandes patrimonios y rentas altas para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, aunque recogerá ajustes respecto al acuerdo programático del Ejecutivo y se pospondrá la reforma fiscal en profundidad inicialmente prevista.
El Ministerio de Hacienda ultima la nueva senda de estabilidad presupuestaria con los nuevos objetivos de déficit y deuda pública que prevé presentar a finales de mes en el Consejo de Ministros, junto al límite de gasto no financiero ('techo de gasto'), al tiempo que está concluyendo en coalición con Unidas Podemos un acuerdo fiscal con subidas de impuestos a grandes patrimonios y rentas con "ajustes" respecto al acuerdo programático del Ejecutivo".
A las puertas de la aprobación de la senda fiscal, y a expensas de que el borrador de Hacienda sufra alguna que otra corrección, el ministerio que dirige María Jesús Montero ha eliminado el fondo de 3.000 millones de euros incondicionales, que en el Real Decreto Ley que fue rechazado por la mayoría de las Cortes, el Gobierno se comprometía a dar los ayuntamientos para paliar así el incremento de gastos de los servicios públicos generados por la pandemia del coronavirus. El uso de 5.000 millones de euros de los remanentes municipales tampoco se contempla.
El culebrón entre el Gobierno central y los ayuntamientos amenaza con prolongarse ante la negativa por el momento de Hacienda a incluir en el nuevo decreto que prepara para la financiación municipal tras los efectos del covid-19 los 5.000 millones a fondo perdido que en un primer momento prometió a los consistorios con el aval de una divida FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).
En respuesta al Partido Popular, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió este miércoles a que los nuevos Presupuestos que traiga a la cámara -previsiblemente a lo largo del mes de octubre- serán unos Presupuestos Generales "sin recortes, sin bajada del gasto público" ni políticas "que asfixien a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos".
