Las autonomías tienen complicaciones financieras, y se veían venir. Regiones como Canarias y Cataluña ya están aplicando recortes y conteniendo el gasto ante la falta de efectivo en sus arcas. ¿La causa? Un problema que todos los estamentos se olían y que finalmente ha estallado en las cuentas de las autonomías y en la financiación de los servicios públicos.

Las dificultades para formar Gobierno en España y las limitaciones que genera la interinidad del Ejecutivo están provocando problemas financieros en las comunidades autónomas. Concretamente, los impagos de adelantos del Estado, que ya tendrían que estar en las arcas regionales, suponen unos 8.200 millones de euros. A esto hay que sumar la prórroga presupuestaria, que también tiene un impacto económico en los territorios autonómicos: la falta de Cuentas Públicas aprobadas impide el incremento de las inversiones de la Administración Central, y son casi 2.300 millones. Es decir, que el vacío gubernamental y de Presupuestos le cuesta a las autonomías unos 10.500 millones. Un lío financiero que tenía solución antes del 28-A.

Los impagos de los incrementos de las entregas a cuenta y otros abonos que están bloqueados por parte del Estado a las comunidades por la situación de interinidad del Gobierno -un estatus en el cual, según la Abogacía, no se pueden hacer determinados desembolsos por razones políticas- amenazan tanto a las tesorerías de las regiones como su equilibrio financiero. Y es que, sin estos fondos -que suman como mínimo unos 7.500 millones, dependiendo de si se le pregunta a las autonomías a la Administración Central-, solo cuatro regiones podrán cumplir el objetivo de déficit para este año.

El drama de los impagos de los adelantos del Estado a las autonomías afectará a las regiones a nivel de tesorería pero, en cuanto a objetivos de estabilidad, las regiones pueden respirar relativamente tranquilas. Según ha podido saber elEconomista, el bloqueo de estos abonos no tendrá impacto en el déficit autonómico, puesto que las cantidades se computarán como entregadas a la hora de calcularlo. Con todo, esta estrategia no deja de ser una solución a medias: parte de estos impagos, que corresponden a un mes de IVA, sí que impactarán en el déficit regional.

Las dificultades que el bloqueo de las entregas a cuenta plantean a las autonomías lleva a Hacienda a matizar su postura sobre la ley que regula estos desembolsos. Si en agosto evitaba incluso el debate sobre posibles cambios, para esquivar parálisis como la ahora vigente, el Ministerio sí que plantea en este momento la posibilidad de que las entregas se desvinculen de la aprobación de los Presupuestos.

Lealtad institucional, eficacia y prudencia. En un tiempo donde la política se está convirtiendo en un torvo ejercicio de detentación del poder y de distracción de la realidad, es conveniente recordar estos tres principios básicos que son clave para comprender la actividad de un buen gobierno. Lamentablemente, son numerosos los ejemplos recientes que denostan estas reglas de ejemplaridad política y que ponen en cuestión la idoneidad de ciertos responsables políticos para el desempeño de determinadas funciones. Pongamos que hablamos de la actuación de la Ministra Montero a cuenta de las obligaciones económico-presupuestarias del Estado con las Comunidades Autónomas.

El que no se hayan aprobado Presupuestos Generales del Estado y la interinidad en la que se halla el Gobierno ante la falta de acuerdo para investir a Pedro Sánchez presidente del Ejecutivo han provocado un importante agujero de fondos en la financiación autonómica que preocupa, y mucho, en el seno del Ministerio de Hacienda. De ahí que su responsable, María Jesús Montero, haya trasladado a las comunidades su voluntad para que en el futuro se independicen los mecanismos de financiación autonómica de las Cuentas y que funcionen de manera totalmente independiente.

Las autonomías, al menos las del PP, no consideran válidos, o no se creen, los argumentos de la Abogacía del Estado que indican que un Gobierno en funciones no puede resolver los impagos de la Administración central a las regiones. Así lo indica un informe de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, que considera que hay espacio legal para que el Estado pague a las regiones los más de 4.500 millones de euros que les debe en materia de entregas a cuenta.

Si bien se espera que el conjunto de España cumpla el objetivo de déficit planteado por el Gobierno en funciones a la Comisión Europea, los números rojos de las comunidades autónomas están, a día de hoy, muy por encima de la meta pronosticada para este 2019. Según los datos más recientes, que corresponden a junio, el déficit autonómico está en el 0,63% de PIB, unos 7.938 millones de euros, una cantidad que sextuplica la meta del 0,1% que está en vigor y que equivale a unos 1.300 millones.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha coincidido con el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, en que el sector financiero debe pagar más impuestos por sus beneficios y que ello les "obliga" a subir el tipo mínimo efectivo de estas entidades tal y como ya anunció el PSOE a primeros de septiembre como parte de sus 370 medidas.