El Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla ha absuelto del delito de prevaricación administrativa al secretario general del PP de Melilla y presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Miguel Marín, tras haber sido denunciado por la contratación de un arquitecto en su etapa como consejero de Administraciones Públicas, según la sentencia a la que ha tenido acceso este viernes Europa Press.
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Noticias de Manos Limpias
El Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla ha absuelto del delito de prevaricación administrativa al secretario general del PP de Melilla y presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Miguel Marín, tras haber sido denunciado por la contratación de un arquitecto en su etapa como consejero de Administraciones Públicas, según la sentencia a la que ha tenido acceso este viernes Europa Press.
El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis entre los años 2000 y 2010 en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares entra, a partir de este lunes, en la fase testifical y pericial, después de que hayan declarado ya todos los encausados.
El secretario general del PP de Melilla y presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, ha denunciado este lunes, tras conocerse que ha sido absuelto de un delito de prevaricación por el que la Fiscalía y acusación particular pedían diez años de inhabilitación, los "ataques furibundos" que ha recibido estos años de la oposición, con "argumentos miserables y falacias que han mantenido todos estos años los partidos de la oposición y que se han visto fulminados por esta sentencia judicial y absolutoria".
El magistrado Juan Antonio Calle Peña, presidente del tribunal que juzga en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla a 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz por el caso de los ERE, ha pedido a las partes no alargar el proceso y evitar preguntas "prescindibles" a los testigos.
Juan Antonio Calle Peña, el presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían ayudas sociolaborales en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha vuelto a pedir a las partes personadas en la causa no hacer preguntas "irrelevantes" para no alargar "innecesariamente" el juicio. "No podemos seguir a este ritmo", ha subrayado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha acordado la exclusión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández de la pieza separada que investiga las ayudas concedidas entre 2001 y 2007, por importe de 8,4 millones de euros, a las empresas del sector del corcho vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde del PSOE de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha acordado la exclusión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández de la pieza separada que investiga las ayudas concedidas entre 2001 y 2007, por importe de 8,4 millones de euros, a las empresas del sector del corcho vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde del PSOE de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.
Llama la atención a las partes, especialmente a la Fiscalía, por las "reiteradas" preguntas sobre ayudas que serán juzgadas en las piezas separadas
El magistrado Juan Antonio Calle Peña, presidente del tribunal que juzga en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla a 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis entre los años 2000 y 2010 en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares, ha hecho un llamamiento a las partes, Ministerio Fiscal, acusaciones y defensas, para no alargar el proceso, pidiendo no hacer preguntas "prescindibles" a los testigos.
Los magistrados Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles, que conforman el tribunal que juzga el caso de los ERE irregulares, han expresado que "comparten plenamente" los motivos de la huelga de jueces y fiscales convocada para este martes, pero que dadas las "peculiarísimas circunstancias" no la secundan.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado la "inadmisibilidad" de un recurso promovido por la sociedad Qbis Resources, en demanda de la "nulidad" del concurso público promovido en 2014 por la Junta de Andalucía para la adjudicación de la explotación de la corta minera de Aznalcóllar (Sevilla), toda vez que el citado procedimiento afectó a dos permisos de investigación minera solicitados por dicha entidad.
Al mismo tiempo, la Audiencia confirma la exclusión de Antonio Fernández de la misma pieza
Madrid, 12 jun (EFE).- El Tribunal Supremo ha rebajado la cuantía que la Audiencia de Palma impuso pagar a la infanta Cristina como responsable civil a título lucrativo de 265.088 euros a 136.950 euros al entender que no puede responder de esa manera de los delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin.
Los magistrados creen que "la mirada y la cabeza" de la acusación popular estaban también "fuera de la sala de justicia"
El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha fijado una sesión más cada semana que se celebrará la tarde de los lunes a la vista del retraso en el desarrollo del juicio.
Los abogados de las defensas de los 22 ex altos cargos de la Junta que están siendo juzgados por la Audiencia Provincial de Sevilla por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en los expediente de regulación de empleo (ERE) irregulares han solicitado al tribunal suprimir la sesión adicional que ha fijado para las tardes de los lunes, pues supondría poner en una situación "insostenible" a algunos de los despachos de los letrados.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares entre los años 2001 y 2010 ha citado para la próxima semana a 16 testigos, entre los que se encuentran el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y los exconsejeros Mar Moreno y Antonio Ávila.
Este lunes es el turno de Daniel Rivera, Justo Mañas, Gonzalo Suárez y Antonio Valverde, ex altos cargos excluidos del procedimiento por la Audiencia
El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández (IU), ha considerado este lunes que con el informe de la Intervención General de la Administración del Estado que no aprecia vulneraciones en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de la localidad a la agrupación empresarial México Minorbis, el proyecto minero supera "otro filtro más", confiando en que se archive de nuevo la investigación judicial promovida a cuenta de la denuncia de Emerita-Forbes Manhattan.
El tribunal interrumpe al abogado del PP-A por interrogar a la testigo "como un acusado" o "como su fuera un debate parlamentario"
El PP ha anunciado este miércoles que no descarta interponer una querella contra MÉS per Mallorca después de que el juez haya desestimado su solicitud para personarse como acusación popular en la causa que investiga los contratos con empresas del ex jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau.
MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
El Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra los dirigentes de Ausbanc -la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios- y el Sindicato Manos Limpias por unos supuestos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales. El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado e instructor de la causa, ha decretado el envío del procedimiento a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para juzgar a los 10 imputados por la supuesta trama de coacciones contra diferentes entidades bancarias y personas, como podría haber sucedido con el Caso Nóos, donde Manos Limpias se presentó como acusación popular.
El Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra los dirigentes de Ausbanc -la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios- y el sindicato Manos Limpias por unos supuestos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales. El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado e instructor de la causa, ha decretado el envío del procedimiento a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para juzgar a los 10 imputados por la supuesta trama de coacciones contra diferentes entidades bancarias y personas, como podría haber sucedido con el Caso Nóos, donde Manos Limpias se presentó como acusación popular.