La Unión Europea está dando un paso importante para regular los criptoactivos dentro de la unión monetaria, buscando proteger sus mercados financieros sin privar a los ciudadanos y empresas de las nuevas tecnologías.

El fondo europeo de recuperación de 750.000 millones de euros, que ultiman los Estados miembros y el Parlamento Europeo, llegará con condiciones. Los países tendrán que presentar reformas para desbloquear la ayuda. Pero la condicionalidad podría ir incluso más allá, dado que el artículo 9 incluido en la propuesta podría llevar a la suspensión de los desembolsos si los países no cumplen con las metas fiscales que les marca la Comisión Europea.

El final del verano ha hecho trizas las previsiones más optimistas sobre la evolución de la crisis ligada al Covid. La expectativa de una mitigación de los contagios en época estival, que permitiera una reactivación económica rápida, se estrelló con un afloramiento de rebrotes cada vez más semejante a la primera oleada de la epidemia. Igual suerte corrió la esperanza de contar con una vacuna fiable a finales de año.

La Comisión Europea ha recurrido la sentencia del Tribunal General de la UE (TUE) que anuló en julio la decisión que obligaba a la multinacional tecnológica Apple a devolver 13.000 millones de euros en Irlanda por haberse beneficiado durante años en este país de ventajas fiscales ilegales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá a finales de octubre o comienzos de noviembre con todos los presidentes autonómicos para abordar el destino de los fondos de reconstrucción para España.

La Comisión Europea destaca la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a dependencia de la Fiscalía del Ejecutivo y la falta de una estrategia general anticorrupción en el Informe sobre el Estado de Derecho en los Veintisiete, publicado este miércoles.

El pasado 23 de Septiembre se constituyó el nuevo subcomité del Parlamento Europeo para Asuntos Tributarios. El socialista holandés Paul Tang será su presidente. En una entrevista con elEconomista, Tang no duda en describir a su país como un paraíso fiscal. Opina que Holanda pagará por la dureza que ha mostrado con Italia y España durante la negociación del fondo de recuperación, ya que el resto de países también serán estrictos con sus arreglos tributarios. Tang además no cree que el ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, sea una buena elección para la presidencia del Eurogrupo.

El comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, ha confirmado este lunes que las reglas fiscales de gasto seguirán suspendidas durante 2021 para amortiguar los efectos de la pandemia de coroanvirus.

El fondo de recuperación continúa con su tortuoso y complicado proceso de ensamblaje. El acuerdo histórico de los líderes de julio sirvió para romper tabúes y fijar el nivel de ambición. La UE pedirá prestada la cifra récord de 750.000 millones de euros, un endeudamiento sin precedentes, que luego ofrecerá a los países como ayudas no reembolsables y préstamos para superar la crisis causada por el covid-19.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta este miércoles el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española para "iniciar la segunda gran modernización de la economía española", un plan necesario para desbloquear los 25.000 millones correspondientes a la asignación del primer tramo de los 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea creado por la pandemia.

El presidente Sánchez presentó su trabajo de primer año de legislatura para la asignatura de economía. El tribunal era variopinto y amistoso. Todos dispuestos a darle una buena nota, los partidarios de la izquierda porque si no se juegan los asientos y el poder, la “sociedad civil”, económica y social, porque piensa chupar de la vaca Estado que parece va alimentar la UE. De manera que presentó un esquema aprendido de los eslóganes a la moda: transición ecológica, economía digital, inclusión social y de género, ...

El presidente Sánchez presentó ayer el Plan de Reconstrucción con el que promete crear 800.000 empleos y sumar más de dos puntos al avance del PIB. Tan ambiciosa iniciativa repite el problema de base propio de la mayor parte de las iniciativas económicas del Gobierno desde el inicio de la crisis.

El presidente del Gobierno está dispuesto a ejecutar la mayor parte de la ayuda de la Unión Europea en los tres años que le quedan de legislatura, pese al periodo de seis años que se diseñó desde Europa. Así lo anunció ayer con motivo de la presentación oficial del Plan Recuperación que enviará el 15 de octubre a Bruselas, y para el que tiene previsto gastar 72.000 millones entre 2021 y 2023. Con este dinero -afirmó este miércoles-, prevé generar "800.000 nuevos puestos de trabajo" y un impacto adicional en el PIB de más de 2,5 puntos anuales, a pesar de que Moncloa mantiene una previsión de tasa de paro del 17%.

El fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para superar la crisis causada por el covid-19 todavía está sobre la mesa de negociación. La llegada de la ayuda europea podría retrasarse al menos hasta la próxima primavera. Pero aunque todavía quedan meses para las primeras transferencias, en Bruselas ya se preguntan, entre el escepticismo y la preocupación, cómo será capaz España de absorber los 140.000 millones de euros que le han tocado del gran estímulo contra la pandemia.

Presentado por el presidente del Gobierno el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, expertos consultados por eE han valorado las líneas mollares de este trabajo, que en su generalidad, presenta más sombras que dudas. Mantienen que no se trata de un plan, y más bien parece un folleto, que es muy posible que Europa nos acabe devolviendo por falta de rigor y seriedad. Sostienen los expertos que el Gobierno dibuja un escenario demasiado optimista con la creación de 800.000 nuevos puestos de trabajo, cuando solo en 2020 se van a destruir cerca de un millón, el último trimestre del año se va a cerrar en negativo, y el próximo, en 2021, no parece que vaya a arrancar en positivo. Y máxime, cuando España puede sufrir una tercera oleada de la pandemia, por lo que se preguntan; "¿cómo pondremos en marcha esos programas?".

El consejero legal de Creditreform en España, Jacinto Soler Padró, analiza el contexto en el que se desarrolla la actividad de las agencias de rating europeas, como la que él representa, que quieren hacerse un hueco en este competitivo segmento, pero que chocan con el oligopolio de las grandes consultoras anglosajonas.

Lejos de mi intención está el competir en creatividad político-financiera sobre las cifras de los fondos que a propósito de la pandemia Covid-19 se han acordado en la Unión Europea (UE). Más allá de si "Next Generation EU" serán 750.000 millones de euros hasta 2027, 140.000 para España y 27.000 en 2021, deseo indicar algunos aspectos cualitativos. Los presentaré en forma de 10 tesis:

Queda un día para el 15 de octubre, la 'fecha tope' que tanto la Unión Europea (UE) como Reino Unido marcaron en el calendario para alcanzar un acuerdo para la salida definitiva del país del bloque comunitario (o Brexit) a final de año. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha advertido a lo largo de las últimas semanas que abandonaría las negociaciones si no había un pacto sobre la mesa antes de mañana. Sin embargo, parece que Londres seguirá manteniendo las conversaciones con Bruselas, según avanza Bloomberg.

Queda un día para el 15 de octubre, la 'fecha tope' que tanto la Unión Europea (UE) como Reino Unido marcaron en el calendario para alcanzar un acuerdo para la salida definitiva del país del bloque comunitario (o Brexit) a final de año. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha advertido a lo largo de las últimas semanas que abandonaría las negociaciones si no había un pacto sobre la mesa antes de mañana. Sin embargo, parece que Londres seguirá manteniendo las conversaciones con Bruselas, según avanza Bloomberg.

De no estar en el orden del día, a convertirse en el comentario apéndice del Consejo Europeo. En contra de los pronósticos de la delegación del Gobierno de Pedro Sánchez en Bruselas, este jueves, la Comisión Europea emitió un comunicado para apercibir al Ejecutivo español en su intención de cambiar las reglas del juego en la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno ha remitido a Bruselas un proyecto inacabado de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Adjetivizo “inacabado”, e insisto en ello, pues hay muchas partidas y cifras que no dicen de dónde van a salir los recursos. Además, lo remitido es más propio de un alumno de primer año de la carrera de Económicas que de un Ministerio de Hacienda.

El Gobierno cumplió in extremis con su obligación de enviar a Bruselas su plan sobre los Presupuestos Generales del año próximo. El modo en que Moncloa apuró los plazos en nada ha contribuido a que el documento presente la necesaria concreción que cabe exigir a un informe de esta importancia.

La ley propuesta por el PSOE y Unidas Podemos para poder reformar el Consejo General del Poder Judicial se ha convertido no solo en un frente doméstico para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A la crítica frontal de los partidos de la oposición y la mayoría de las asociaciones de jueces se sumó este viernes la advertencia de Bruselas, preocupada porque podría aumentar la interferencia política en la Justicia.

El Gobierno de España insiste en subir impuestos en respuesta a la crisis del coronavirus pese a tener la economía del entorno más afectada por la pandemia. Moncloa ignora así las recomendaciones y las actuaciones de los países del entorno, que optan por una estrategia de rebaja fiscal para estimular el consumo y la inversión.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado este miércoles que se está trabajando con las entidades financieras y la Comisión Europea "para ver cómo adaptar los avales del ICO" y aseguró que "si hace falta" se adoptarán nuevas medidas para de apoyo al tejido productivo y el empleo.

La ministra de Economía y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, está negociando con la Comisión Europea (CE) que el dinero que el Tesoro pida el próximo año a los mercados para cubrir parte de los 27.400 millones de euros que se incluirán en los Presupuestos como fondos comunitarios no sean computados como deuda pública, según informan a eE fuentes de Economía.

El Gobierno insiste en sus alzas al gasto corriente frente a las inversiones productivas que exige Bruselas ante el desvío del déficit a causa de la crisis del coronavirus. Según el plan presupuestario enviado a la Comisión Europea la semana pasada, la partida el techo de gasto que maneja el Ejecutivo subirá el año que viene un 7,2% más. "Un límite de gasto para atender las necesidades ineludibles del ejercicio, que asciende a 136.779 millones", recoge la medida.

Europa ha puesto en marcha su primer sistema de control de inversiones extranjeras. Desde el 11 de octubre, el Reglamento que regula la entrada de empresas de otros países en sectores estratégicos está ya en vigor y además abre la puerta a una revisión en profundidad de todas las operaciones que se han llevado a cabo desde marzo por parte de inversores de fuera de la UE.

La Comisión Europea ha desembolsado este martes el primer tramo del préstamo a España para financiar el gasto público en Erte y ayudas por cese de actividad de autónomos que asciende a 6.000 millones de euros, según ha informado la institución en un comunicado. La Comisión ya había comunicado hace unos días que los pagos se iban a hacer inmediatamente.

¿Rechazará Bruselas la ley de alquileres?

Se comenta que el ala socialista del Ejecutivo de coalición es contraria a la regulación del alquiler que Pablo Iglesias exigió a Pedro Sánchez como como condición para pactar los Presupuestos de 2021. De hecho, y aunque la promesa del presidente del Gobierno es la implantación de la medida en cuatro meses, algunos ministros socialistas creen que la regulación acabará en el baúl de los recuerdos, junto a la derogación total de la reforma laboral. “Es intervencionista y lo único que producirá es que haya menos oferta e incrementos de los pagos en negro”, dicen desde un ministerio económico. Las mismas fuentes añaden que lo más probable es que la medida ni siquiera sea causa de nuevas discusiones en el Ejecutivo, ya que será Europa la que se encargue de tumbarla antes de que vea la luz. “No habrá batalla política. La regulación genera conflictos con las instituciones europeas y no creo que ni Podemos quiera poner en riesgo ahora la ayuda europea por una normativa que solo interesa a su electorado”, dicen desde el entorno del Gobierno. “Está claro que Bruselas no va a entregar 140.000 millones a un país que aprueba normativas descabelladas como es la regulación del alquiler al estilo de lo realizado en Cataluña”, añaden fuentes socialistas.