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La Comisión Europea está harta de que España escurra el bulto. Bruselas ha llevado al Tribunal europeo la nula sensibilidad del país con los damnificados por sus normativas contrarias al Derecho europeo. El Ejecutivo comunitario considera que España no asume la responsabilidad patrimonial -es decir, las indemnizaciones- cuando sus inventos legislativos son tumbados por la Justicia europea.