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Pocas oportunidades y violencia empujan a menores a infringir ley en Honduras

- 20:51 - 12/02/2019

    Tegucigalpa, 12 feb (EFE).- La falta de oportunidades, la pobreza, la violencia y la poca credibilidad en el sistema de justicia, son algunos de los factores que empujan a los menores a infringir la ley en Honduras, alerta un informe de la organización World Vision difundido este martes en Tegucigalpa.

    El 49 % de los 133 menores infractores encuestados por World Vision abandonó su hogar a los 12 años y solo el 23 % de ellos vivía con sus dos padres, señala el informe "Niñez y juventud privada de libertad: Entendiendo realidades, uniendo voluntades".

    El 37,8 % de los menores en conflicto con la ley recluidos en centros de internamientos consumieron drogas por primera vez a los 12 años, mientras que el 47,2 % afirma que en sus comunidades venden estupefacientes.

    El 70 % de esos adolescentes tienen entre 16 y 18 años, pero su internamiento en correccionales "no está directamente relacionado con el inicio de sus conductas antisociales, ni con el tipo de infracciones que han cometido", señala el documento.

    Edwin Medina, autor del estudio, dijo a Efe que más del 50 % de los jóvenes que están en centros de internamiento tienen amigos pandilleros o consumen drogas y alcohol.

    "Está fallando la atención que se está dando (a los menores) y tiene que ver con todo el sistema del país, cómo estamos tratando el tema de la pobreza, de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y la impunidad", subrayó.

    Para Medina, la falta de oportunidades causa que cada día más jóvenes integren estructuras criminales o cometan actos delictivos, ya que lo ven como "una salida a veces a esas situaciones precarias en las que viven".

    Los jóvenes en conflicto con la ley, según el estudio, consideran que en Honduras hay "un Estado fallido" porque no está presente en las comunidades donde ellos vivían.

    El estudio determinó que el 55 % de los menores infractores considera que la violencia en el país "no se ha reducido" en los últimos años, y el 67 % está insatisfecho con la situación económica de Honduras.

    La mayoría de los menores internos en cinco correccionales consideran que en el país centroamericano "no hay oportunidades de educación y trabajo" para los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

    El 50 % de esos menores comenzaron a trabajar antes de los 12 años, el 84 % considera que hay corrupción en la Policía hondureña y el 50 % cree que el sistema de justicia "no es eficiente".

    El director de World Vision en Honduras, Jorge Galeano, indicó a Efe que los menores están expuestos a una serie de vulneraciones que en muchas ocasiones les obliga a vincularse a grupos criminales.

    "Muchos de los jóvenes que están en este momento en centros de rehabilitación vienen de unas condiciones de vida sumamente tristes (...), por ejemplo 8 de cada 10 vienen de un hogar donde no estuvo mamá, donde no estuvo papá o donde no estuvo ninguno de ellos y les tocó crecer sin el cuidado y sin la protección adecuada", subrayó.

    Esos jóvenes además viven en zonas altamente peligrosas, donde les es fácil conseguir drogas, armas e involucrarse al crimen organizado.

    Galeano instó al Estado y la sociedad a hacer "un replanteamiento" orientado a "prestarle más atención" a los menores, sobre todo aquellos que viven en situación de riesgo.

    Dijo que espera que el Gobierno hondureño apoye a los niños y jóvenes en riesgo con programas sociales, y aseguró que World Vision seguirá trabajando en favor de la niñez en Honduras.

    Por su parte, la titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Honduras, Lolis Salas, dijo a Efe que los niños de bajos recursos económicos son más vulnerables al reclutamiento forzado de grupos del crimen organizado, que aprovechan que las leyes del país impiden imputar penalmente a menores de edad.

    "Los adultos están utilizando a niños y niñas en la comisión de delitos" y los colocan "al frente de la batalla", enfatizó Salas, quien dijo que atender a la niñez debe ser "una prioridad" del Gobierno y la sociedad.


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