Sociedad

CEJIL: El Salvador se expone a condenas de la CorteIDH por prohibir el aborto

San Salvador, 24 oct (EFE).- El Estado de El Salvador se expone a recibir condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al no cambiar su legislación que prohíbe todas la formas de aborto, dijo a Efe, Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Aguiluz, directora de Programa para Centroamérica y México del CEJIL, explicó que "hay varios casos que están siendo conocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)" y que "seguramente van a llegar hasta la CorteIDH".

"El Salvador se expone a condenas de la CorteIDH", subrayó la activista, quien se mostró convencida de que la legislación salvadoreña que prohíbe el aborto viola los derechos humanos de las mujeres.

Añadió que espera "sentencias de la CorteIDH que ordenen a El Salvador cambiar su legislación y medidas de reparación" económicas para las víctimas y "otras que pasan por evitar que estos hechos sigan ocurriendo".

Explicó que la CorteIDH admitió el caso de "Beatriz", el nombre ficticio con el que se conoció a una joven de 22 años, que padecía lupus y que pidió a la Corte Suprema de Justicia abortar en 2013.

La joven, quien falleció en 2017, dio a luz mediante cesárea a las 26 semanas de embarazo y cinco horas después de ser extraída del vientre de su madre la hija de "Beatriz", que carecía de cerebro, murió.

La Corte denegó un recurso de amparo el 28 de mayo de 2013 y un día después de esa decisión, la CorteIDH, con sede en Costa Rica, dictó medidas provisionales en favor de "Beatriz".

"Nosotros ya presentamos nuestra argumentación. El Estado tuvo la oportunidad de contestar y estamos esperando que (la CIDH) emita un informe de fondo, donde declare, y creemos que así será, la responsabilidad internacional de El Salvador", acotó Aguiluz.

El artículo 133 del Código Penal salvadoreño establece penas de entre 2 y 8 años de cárcel a quien provoque, consienta o practique un aborto en cualquier condición, pero las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía.

"La legislación salvadoreña viola los derechos humanos de las mujeres en este país y además está comprometiendo la responsabilidad internacional de El Salvador", remarcó Aguiluz.

Recalcó que el país centroamericano "tiene la obligación de proteger la vida, la integridad personal y la salud de las mujeres, y esta legislación limita cumplir con ese objetivo" y "agrava la situación" de las féminas.

Añadió que esta prohibición de la interrupción del embarazo tiene el "agravante" de afectar principalmente a las mujeres "en mayor vulnerabilidad", es decir, pobres y con baja escolaridad.

"Esta ley no afecta a todas la mujeres por igual, afecta a aquellas que no pueden pagar una atención médica privada para ver resueltos sus problemas de salud", lamentó la miembro de CEJIL.

Recomendó al Congreso salvadoreño cambiar la ley "para permitir el aborto en casos en los que la vida de las mujeres esté en riesgo y en casos de violaciones sexuales, que lamentablemente es una situación muy cotidiana en este país".

En octubre de 2016, el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, pero la iniciativa no ha tenido avances.

Para Aguiluz, el cambio del cuerpo legal es un paso, pero señaló que el país debe trabajar para contrarrestar "una cultura muy arraigada en el sector de administración de justicia", en el que "a la hora de conocer estos casos (de aborto) no está fallando con enfoque de derechos humanos ni de género".

El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto.

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