Politica

La política de seguridad en Río prende las alarmas de organismos de derechos humanos

Río de Janeiro, 8 may (EFE).- La política de seguridad pública y el uso de francotiradores y de tiroteos desde helicópteros en Río de Janeiro ha dejado este año más de 430 muertos a manos de la policía en el estado más emblemático de Brasil, acciones que han prendido las alarmas de entidades y ONG defensoras de los derechos humanos.

Según el Instituto de Seguridad Pública, durante el primer trimestre del año 434 civiles murieron en acciones policiales, un número 17,9 % superior al del mismo período de 2018.

Tan solo en esta semana, 10 personas murieron en la "cidade maravilhosa" a manos de las autoridades, entre ellas, ocho jóvenes durante un mismo operativo que tuvo lugar el lunes en Maré, un complejo de favelas en Río azotado desde hace años por la violencia y el narcotráfico.

Ese operativo, que además de los muertos dejó heridos a un menor de edad y dos personas más, es objeto de fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos por la forma en la que procedieron las autoridades.

Disparos desde un helicóptero y el presunto "enjuiciamiento" de los jóvenes muertos fueron denunciados por los habitantes que atestiguaron los hechos.

"Ocho personas fueron muertas en menos de dos horas de operación. La Policía civil habla que fue una operación de éxito. Una operación exitosa tiene que garantizar la vida de quien vive aquí, tiene que garantizar los derechos de los que viven aquí", aseguró Lidiane Malanquini, coordinadora del eje de seguridad y acceso a la justicia de la organización Redes da Maré.

Los hechos, que según los testigos apuntan a irregularidades en los procedimientos de las autoridades, están bajo el ojo de la Defensoría Pública de Río.

"Esas muertes tienen que ser investigadas, las condiciones en las que ocurrieron deben ser investigadas, las actuaciones (de las autoridades) pueden haber sido erradas y, por eso, la Defensoría acompaña el caso", explicó a EFE Paloma Lamego, subdefensora pública de Río, que ya fue al lugar donde ocurrieron las muertes y habló con habitantes de la comunidad.

Como este, ya son varios los casos ocurridos en Río de Janeiro, todos en medio de operaciones policiales.

Por las circunstancias de los hechos, organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Right Watch (HRM) también hacen seguimiento.

"La policía de Río de Janeiro está matando a un número récord de personas. El año pasado fueron más de 1.500, el mayor número desde que se tienen registros oficiales. Y el comienzo de 2019 ha sido igualmente brutal: más de 400 muertos en tres meses, lo que es también un récord", señaló a EFE uno de los investigadores de HRW en el país.

Según el vocero de HRW, aunque la policía afirma que mató en legítima defensa, "Human Rights Watch y otras organizaciones han documentado cómo una parte de esos homicidios son en realidad ejecuciones extrajudiciales.

Para el investigador, el gran pero de este tipo de situaciones está en las investigaciones que "no son adecuadas", por lo que "los abusos permanecen impunes".

La política de "mano dura" contra la delincuencia fue prometida desde su campaña por el presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ya ha dado los primeros pasos al permitir la tenencia de armas de fuego en casa y el porte de este tipo de artefactos a políticos, camioneros, periodistas que cubran asuntos policiales, abogados, agentes de tránsito y cazadores, entre otros.

Este tipo de política es avalada e impulsada por uno de sus más fervientes seguidores, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, para combatir la violencia que azota a este estado.

Witzel, que asumió como gobernador el 1 de enero, ha legitimado públicamente la violencia policial contra delincuentes en las favelas y defiende que francotiradores de elite abatan a criminales que porten fusiles, una medida fuertemente criticada por defensores de derechos humanos y por la que fue denunciado ante la OEA por una comisión de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

De acuerdo con una encuesta realizada el mes pasado por la firma Datafolha, el 72 % de los brasileños no se siente más seguro con personas armadas para protegerse y un 64 % opina que la posesión de este tipo de artefactos debe ser prohibida.

El rechazo aumenta a 81 % para la franja que considera que la policía no puede tener libertad para disparar a sospechosos porque puede haber daño colateral que afecte a inocentes, y solo el 17 % de los brasileños admite ese tipo de acción.

María Angélica Troncoso

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