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Una ONG humanitaria propone conformar una Junta de Gobierno provisional en Nicaragua

Managua, 18 ene (EFE).- Un organismo humanitario nicaragüense propuso hoy conformar una Junta de Gobierno provisional en Nicaragua con el fin de encontrar una salida a la crisis sociopolítica que vive el país, y que ha dejado cientos de muertos y detenidos desde abril del año pasado.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) consideró en un comunicado que "conviene a lo inmediato diseñar una ruta para la paz social, con justicia y restitución plena de los derechos humanos, institucionalidad y democracia en Nicaragua", la cual pasa, a su juicio, por la conformación de una Junta de Gobierno provisional.

En el documento, leído este viernes por el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, también proponen instalar un diálogo nacional incluyente, exceptuando a aquellos sectores sociales que han violado los derechos humanos de los nicaragüenses.

"Dicho diálogo debe darse con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) comprometidos con la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos", planteó esa ONG, crítica con el Ejecutivo.

Ese diálogo se debe dar con la observación de organismos de derechos humanos nacionales y en el exilio, al igual que internacionales, "que serán garantes del cumplimiento de todos los acuerdos con miras a lograr un consenso nacional homogéneo", añadió.

La idea, explicó Leiva, es restablecer la paz social con justicia, restituir los derechos humanos, la institucionalidad y la democracia en Nicaragua.

Asimismo, la ANPDH abogó por la liberación de todos los "presos políticos" y la indemnización por los daños morales y materiales a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Además, investigar, perseguir y castigar a todos los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en contra del pueblo nicaragüense, "con el propósito de que el brazo de la justicia de los derechos humanos llegue hasta el último rincón del país en este período de terror, que ha generado dolor, luto y derramamiento de sangre en la historia de Nicaragua".

Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente Daniel Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.

Ortega, que lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido aplacado.

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