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El ombudsman presenta amparo contra canciller por quitar visas a la Cicig

Guatemala, 19 dic (EFE).- El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó hoy un amparo ante la Suprema Corte de Justicia contra la decisión "injustificada" de la canciller, Sandra Jovel, de retirar las acreditaciones del personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Además, promovió la acción de amparo en contra del director general de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la coordinadora de la subdirección de Control Migratorio del Ministerio de Gobernación (Interior) por disponer este martes que once funcionarios internacionales de la Cicig deben abandonar el país en un lapso de 72 horas.

El ombudsman reclamó que los funcionarios buscaron "afectar la condición migratoria de cada uno de los expertos que prestan sus servicios a la referida Comisión, al punto de pretender su expulsión del país" y sostuvo que el accionar se emitió "de forma coordinada", con el fin de "perseguir" el "objetivo de impedir" que la Cicig "cumpla sus objetivos".

Según Rodas, la Cancillería y la Dirección General de Migración realizó un "proceder notoriamente ilegal", al violar los derechos de "máxima asistencia a la que el Estado está obligado para la realización de funciones y actividades de la Cicig", la "observancia de los privilegios e inmunidades" del personal que se pretende expulsar; así como la "necesaria independencia" de la Comisión.

Los 11 funcionarios de la Cicig "están a cargo" de casos "trascendentales" como La Línea, Corrupción en la Policía Nacional Civil, en la Municipalidad de Chinautla, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y en el Instituto Nacional de Seguridad Social; y otros procesos como Corrupción y Construcción, Cooptación del Estado, La Cooperacha, Caso Rosenberg, Plazas Fantasma y Botin en el Registro de la Propiedad, entre otros.

Rodas solicitó que se deje sin efecto la revocación de visas de los 11 funcionarios, la cual había sido anunciada por las autoridades desde el mes de octubre pasado y pidió que se cumpla el convenio de creación de la Cicig entre el Gobierno y las Naciones Unidas, que brinda inmunidad diplomática a sus trabajadores.

También pidió que los impugnados se "abstengan de perturbar la permanencia en el país" de los funcionarios.

Rodas dijo este martes que la decisión de la Cancillería "hostiga" a la Cicig y que "atenta" al Estado de Derecho, pues es una acción que va "en contra de la población y sus legítimas luchas".

La mañana de este miércoles, autoridades de los pueblos maya, garífuna y xinca pidieron la renuncia del presidente, Jimmy Morales, "por no respetar la ley e incitar a la rebeldía", al no respetar las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad, que había ordenado con antelación que las controversias del Gobierno con la Cicig se resuelvan a través de la vía diplomática con Naciones Unidas.

En septiembre pasado, el presidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato del organismo de las Naciones Unidas que vence en 2019 y también impidió el ingreso al país de su comisionado, el jurista colombiano Iván Velásquez, quien se encuentra fuera de Guatemala desde entonces, pese a que ha sido ratificado en el cargo por Naciones Unidas.

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