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El Parlamento de Nicaragua cancela la ONG de una activista expulsada a Costa Rica

Managua, 29 nov (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua ordenó la expropiación de bienes y canceló la personalidad jurídica de la ONG Centro de Información de Asesoría en Salud (Cisas), fundada por la activista nicaragüense-costarricense Ana Quirós, expulsada a Costa Rica el lunes pasado.

Con 71 votos a favor y 16 en contra, el Parlamento, de mayoría oficialista, hizo eco de la propuesta, presentada por el diputado Filiberto Rodríguez, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Además de la cancelación, el mandato del Legislativo ordena que "los bienes y acciones" de Cisas "deben ser entregados, so pena de responsabilidad penal, al Estado de Nicaragua".

La fundadora de Cisas, que gozaba de personalidad jurídica desde marzo de 1990, fue despojada de su nacionalidad nicaragüense y expulsada hacia Costa Rica el lunes sin proceso legal ni explicaciones, denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

Quirós, una feminista reconocida por la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, llevaba más de 30 años residiendo en el país y 21 de haber sido nacionalizada.

La activista fue la primera víctima de los actos de "represión" del Gobierno contra el estallido social del 18 de abril pasado, según organizaciones humanitarias, al resultar con heridas y fracturas que supuestamente le causaron integrantes de la Juventud Sandinista, de perfil oficialista.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos, 610 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y cientos de miles de exiliados en siete meses, según organismos defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales.

El Gobierno reconoce 199 muertos, así como 273 detenidos que clasifica como "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega no admite la responsabilidad y sostiene que superó un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

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