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GIEI avisa al Gobierno de Nicaragua que la reconciliación no se impone por ley

Managua, 16 nov (EFE).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) avisó al Gobierno de Nicaragua que los procesos de reconciliación "no se imponen por ley", en referencia a un proyecto legislativo que impulsa el Ejecutivo para superar la crisis local, según confirmaron hoy sus integrantes.

"Los procesos de 'Reencuentro Personal, Familiar y Comunitario' pueden ser de gran importancia para atender el tejido social roto. Pero dichos procesos no se imponen, por ley", señaló el GIEI, en una carta enviada el pasado miércoles al canciller nicaragüense Denis Moncada, confirmaron sus integrantes, vía correo electrónico.

El GIEI, compuesto por especialistas en conflictos sociopolíticos de varias nacionalidades, envió sus comentarios a Moncada con el objetivo de "coadyuvar en la elaboración de una política pública que responda de manera integral y conforme a los estándares internacionales, a las necesidades de las víctimas y sus familiares en materia de verdad, justicia y reparación".

De acuerdo con los expertos, una estrategia de reconciliación se debe basar en la búsqueda de "la verdad, la justicia penal, reparaciones y garantías de no repetición", como base para que la población recupere la confianza en las autoridades.

El GIEI basó sus señalamientos en el proyecto de "Ley de Cultura de Paz y Reconciliación", que promueve el Gobierno para superar un conflicto que ha dejado entre 325 y 535 muertos, además de 552 a 558 "presos políticos" en menos de siete meses, en el contexto de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, quien reconoce 199 víctimas y 273 reos, que llama "terroristas".

Los expertos mostraron sus dudas sobre la propuesta del Gobierno, de lograr la reconciliación trabajando sobre su propio "legado cultural de resolución pacífica de los desencuentros".

"Dado que, ni las 'experiencias nacionales de paz' ni el 'legado cultural_ (que) ha constituido una prioridad para el Gobierno' lograron prevenir, evitar y/o detener los sucesos recientes, el GIEI considera que el gobierno haría bien en especificar qué es lo que aportan dichas experiencias previas", sostuvo.

"La promoción de valores puede ser una herramienta importante, pero solo podrá tener sentido si se realiza partiendo del conocimiento de la verdad de lo vivido, si es producto del diálogo y si se asumen las responsabilidades que corresponda (...) el reto está en fortalecer el estado de derecho y el sistema democrático", agregó.

Los expertos resaltaron el hecho de que la propuesta "omite, o soslaya, los traumas que han dejado en niños, niñas y adolescentes los sucesos recientes".

También criticaron que los planes de seguridad estén a cargo de la Policía Nacional, por su papel en la crisis.

"El GIEI considera que esta estrategia debe merecer una particular atención, por la participación de la Policía Nacional en la represión a la protesta ciudadana, sobre ellos recae la mayor responsabilidad de las muertes producidas en este período de violencia".

Asimismo, resaltó que la misma ni incluye acciones para "brindar la atención y reparación integral necesaria a las víctimas y sus familiares", y advirtió que las personas encargadas "deben tener un perfil idóneo básico para desarrollar el programa, no responder a estructuras partidarias y estar capacitadas".

El GIEI recordó al Gobierno de Nicaragua que "los Estados tienen la obligación de investigar y enjuiciar a las personas que resulten responsables de las violaciones" y "conceder reparaciones a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado".

La crisis en Nicaragua se inició el 18 de abril pasado, con protestas por unas fallidas reformas a la seguridad social, que se transformaron en el reclamo de la renuncia de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, debido al saldo mortal en las manifestaciones.

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