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El Gobierno de Costa Rica buscará votos para la reforma fiscal tras el criterio de la Corte

- 1:47 - 17/10/2018
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    San José, 16 oct (EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció que el Gobierno buscará los votos necesarios para aprobar una reforma tributaria tras el pronunciamiento de hoy de la Corte Suprema de Justicia en el que determinó que la iniciativa fiscal afecta su independencia.

    "El Gobierno continuará apoyando el avance de la iniciativa en la Asamblea Legislativa con el fin de contar con los votos necesarios que permitan su aprobación en segundo debate", indica un comunicado de la Casa Presidencial.

    La Corte Suprema de Justicia determinó hoy que la reforma fiscal aprobada en primer debate por el Congreso el pasado 5 de octubre, afecta su autonomía, ante lo que sugirió una serie de cambios o de lo contrario el proyecto necesitará mayor apoyo de legisladores.

    Tras este criterio, el Congreso podría realizar el segundo debate pero necesitará la mayoría calificada de 38 votos de los 57 diputados que integran el Legislativo.

    La primera votación de la reforma fiscal contó con el apoyo de 35 diputados, lo que obligaría al Gobierno a negociar en busca de al menos tres votos más a favor de la iniciativa.

    "De manera contundente el Presidente de la República, Carlos Alvarado aseguró que con el apoyo de las diferentes bancadas, continuará impulsando el expediente 20.580 (reforma fiscal), iniciativa indispensable para recuperar la estabilidad financiera del país", agrega el comunicado de la Casa Presidencial.

    En el boletín, el mandatario afirmó estar "seguro que nada del proyecto lesiona el funcionamiento del Poder Judicial", pero se mostró dispuesto a "promover los consensos para generar iniciativas que garanticen que estos aspectos no serán afectados".

    Los magistrados de la Corte Suprema señalaron 4 artículos de la reforma fiscal que a su criterio atentan contra el funcionamiento y la independencia del Poder Judicial.

    Estos artículos tienen que ver con reducciones de pluses salariales; una regla fiscal para contener el gasto del Estado; así como la centralización de la evaluación de desempeño de los trabajadores del sector público y de la concentración de la rectoría del empleo público del Estado en el Ministerio de Planificación.

    La otra opción del Congreso es que aplique de alguna manera los cambios sugeridos por la Corte Plena.

    El pronunciamiento de la Corte Suprema forma parte de las consultas hechas por el Congreso a diversas instituciones estatales tras aprobar en primer debate la reforma tributaria.

    Según el Gobierno, el plan tributario es prioritario para evitar una crisis y busca recaudar recursos frescos equivalentes al 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) para paliar el déficit proyectado al 7,1 por ciento del PIB para 2018.

    La reforma convierte el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero gravará los servicios.

    También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales y una regla fiscal.

    Grupos sindicales comenzaron el pasado 10 de septiembre una huelga en rechazo a esta reforma tributaria, pues consideran que golpeará más a las clases medias y bajas.

    La huelga ha ido perdiendo fuerza y según el Gobierno el 98 por ciento de los trabajadores que se mantienen en el movimiento corresponden al sector educación.

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