Politica

El Ejército viola derechos humanos de los moradores de las favelas en Río, dice un informe

Río de Janeiro, 27 sep (EFE).- Los habitantes de las favelas de Río de Janeiro han sufriendo 30 tipos de violaciones a los derechos humanos durante la intervención militar de este estado brasileño, decretada en febrero y que está prevista se mantenga hasta diciembre, según un informe divulgado hoy por la Defensoría Pública.

El estudio "Circuito Favelas por Derechos", realizado por más de 25 entidades en defensa de los derechos humanos, apunta que las distintas violaciones que sufrieron estas personas por parte de los militares se agruparon en cinco bloques: violación en domicilio, abordaje, mortalidad provocada por el estado, operación policial e impactos.

Esta clasificación, según la Defensoría Pública de Río de Janeiro, se definió a partir de los relatos de los habitantes de las comunidades, que relataron episodios de robo por parte de agentes de seguridad, de daño a su patrimonio, de agresiones sexuales, extorsiones, amenazas, agresiones físicas, ejecuciones o disparos al azar, entre otros.

La intervención, que puso el control del orden público en Río de Janeiro bajo el mando del Ejército, fue decretada el pasado 16 de febrero por el presidente brasileño, Michel Temer, para detener la ola de violencia que crecía en esta ciudad tras la organización de los Juegos Olímpicos de 2016.

El responsable de las visitas a las comunidades para el desempeño de este proyecto, Pedro Strozenberg, junto con otros defensores públicos, dedicaron de dos a tres horas a cada visita en las que recogieron las declaraciones de los vecinos y comerciantes de las zonas más afectadas por estas negligencias.

Strozenberg explicó que "los muertos son más visibles en las estadísticas y que los casos más expresivos, como las matanzas, son destacados en los medios, en cambio las violaciones se silencian, transformándose en sufrimientos patrimoniales, físicos y emocionales".

"Son relatos que exponen el miedo e invisibilidad al que cientos de miles de personas en Río de Janeiro están sometidas y demuestran que hay una forma de actuación recurrente en el modo en que las fuerzas de seguridad tratan a las comunidades", añadió el defensor público.

El informe destaca que hay "un conjunto de violaciones cotidianas que no salen en las estadísticas oficiales, pero contribuyen inmensamente a generar un sentimiento de miedo, desesperanza y revuelta en los habitantes de las favelas y de la periferia".

Strozenberg apuntó que es probable que algunas de esas violaciones, incluso sin estar formalmente ordenadas por superiores, pasen por una "validación oficial", como las prácticas de revisión de las mochilas de los niños.

"Aquí tratan a todo el mundo como si fuera delincuente, o es madre y padre de vagabundo, si es mujer es mujer de vagabundo, si es niño es hija de vagabundo, hay un 99 % de habitantes y de trabajadores, pero ellos creen que todo el mundo aquí es un bandido", expresó una mujer entrevistada por la Defensoría Pública.

Otro comerciante de una de las comunidades visitadas para el estudio relató que "el Ejército entró en su bar y robó la vídeo consola de su hijo y comió de sus productos", generando más de 4.000 reales (unos 1.000 dólares) de pérdida. "La gente trabaja para tener ese poco dinero y ellos se lo llevan", añadió.

 Además de los relatos de invasión, los hay también de desprecio y falta de respeto en el abordaje, incluso a las mujeres. "Yo sé que sólo una mujer puede revisar a otra mujer, pero si no les dejamos nos dan un golpe en la cara", contó otra de las entrevistadas.

 "El objetivo es que el informe presente una visión general de la situación y que sirva de instrumento de cambio y recomposición de la agenda pública de Río de Janeiro, ya que decenas de estos casos individuales relatados demandan una responsabilización", manifestó Strozenberg.

Las organizaciones no gubernamentales que hacen un seguimiento a la intervención desde su comienzo alegan que las propias estadísticas oficiales indican que la criminalidad ha aumentado desde que los militares asumieron el control del orden público en Río.

Según el Observatorio de la Intervención, que agrupa a varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre febrero y agosto de este año el número de tiroteos en Río saltó un 41 % frente al mismo período de 2017, hasta 5.712.

WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin