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El Supremo salvadoreño emplaza al Congreso para legislar a favor las víctimas de la guerra

- 1:37 - 14/07/2018
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    San Salvador, 13 jul (EFE).- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador dio hoy al Congreso hasta el 13 de julio de 2019 para emitir una ley de reparación a favor de las víctimas de las violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil (1980-1992).

    "En su elaboración deberá tenerse en cuenta la consulta con las víctimas del conflicto armado, las asociaciones que las representan y otros sectores de la sociedad que se muestren interesados en contribuir a los fines de su elaboración", dice la sentencia, en la que los jueces establecieron que la fecha es "impostergable".

    Dicha resolución es en "seguimiento" a una sentencia de inconstitucionalidad de julio de 2016, con la que los magistrados anularon la Ley de Amnistía General de 1993, que no permitía investigar ni juzgar los crímenes de lesa humanidad registrados durante la guerra.

    En ese fallo mandaron al Congreso a emitir una ley de reparación integral y recalcaron la orden en dos audiencias a mediados de 2017 y junio de 2018, en las que comparecieron representantes del Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía y Procuraduría de Derechos Humanos.

    Los juzgadores se basaron en los informes rendidos por estos funcionarios para declarar como "no cumplida" la sentencia contra la amnistía por parte del Gobierno y el Congreso, y "cumplida parcialmente" por la Fiscalía.

    De igual forma, ordenaron al presidente, Salvador Sánchez Cerén, para que emita ordenes ejecutivas y elabore instructivos para "proteger la documentación e información que se encuentre en poder del instituto castrense" sobre los operativos militares que resultaron masacres.

    También mandó al jefe de Estado a eliminar "obstáculos de carácter burocrático que impidan su consulta y regule su acceso por parte de las víctimas del conflicto armado y de las asociaciones que las representan".

    La anulación de la amnistía permitió la reapertura de procesos penales como la masacre de unos 1.000 campesinos por parte del Ejército en 1982 en El Mozote y la ejecución de dos militares estadounidenses en 1991 por una célula de la guerrilla, ahora en el poder como partido.

    Entre 1980 y 1992 se enfrentaron el Ejército, financiado por EE.UU., y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el conflicto se saldó con 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

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