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Polémica en Argentina por la posible excarcelación de represores de la dictadura

Buenos Aires, 21 mar (EFE).- Un informe elaborado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Argentina ha generado polémica por recomendar medidas alternativas de prisión para más de un millar de detenidos, entre ellos represores de la dictadura (1976-1983) como Alfredo Astiz, conocido como el "Ángel de la muerte".

Se trata, como confirmaron a Efe fuentes oficiales, de un informe mensual que desde 2016 se realiza con la cantidad de internos, tanto procesados como condenados, que "de manera objetiva" podrían ser evaluados, por motivos de salud o por tener más de 70 años, para acceder a salidas anticipadas o al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica.

Es así que el SPF, que depende del Gobierno, informó de los nombres de los detenidos que podrían quedar en libertad condicional, vigilada o en un régimen de prisión domiciliaria.

Entre esas personas, según trascendió, está el excapitán de Fragata Alfredo Astiz, conocido como el "Ángel Rubio" -por su aspecto angelical- o "Ángel de la muerte", uno de los represores más temidos de la última dictadura, condenado por crímenes de lesa humanidad.

Astiz, de 67 años, que por padecer cáncer de próstata podría ser beneficiado con el arresto domiciliario, pasó a la historia más oscura del país por haberse hecho pasar como hermano de un detenido desaparecido por el régimen para ganarse la confianza de familiares reales de detenidos y conocer sus actividades.

El 10 de diciembre de 1977 y en la puerta de la iglesia Santa Cruz de Buenos Aires, por entonces sitio de reunión de los activistas de derechos humanos, Astiz besó (como forma de señalarlas) a quienes horas después serían secuestradas por un grupo de tareas que observó la situación: Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce, fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo.

En aquel grupo que recibió el "beso de la muerte" también estaban las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, quienes junto al resto de personas fueron detenidas, torturadas y luego arrojadas al mar desde un avión militar.

La posible excarcelación de Astiz generó en las últimas horas una fuerte controversia en el país austral, por lo que el SPF, en un comunicado, aclaró que "en ningún caso otorga libertades de tipo alguno".

"Por imperio legal, es el poder judicial quien determina y otorga los beneficios de egreso anticipado y libertades por vencimiento de la condena a las personas que se encuentran detenidas, y también quien determina las personas que se incorporan al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica", remarcó.

Entre ellas enfermos terminales, con discapacidad e internos mayores de 70 años (estos suponen el 6% de la lista).

"El poder judicial debe considerar cada caso concreto de manera individual y la administración penitenciaria debe también (...) efectuar un análisis y evaluación -tanto clínica como actuarial- que de manera no vinculante se remite a la autoridad judicial para su oportuna resolución", especificó el SPF.

En el caso de Astiz, es el tribunal que lo condenó en 2011 y en 2017 por crímenes de lesa humanidad el que debería resolver su medida alternativa a la prisión.

Entre las voces que se pronunciaron sobre este asunto está la del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien expresó una "posición institucional de oposición y rechazo" a que Atiz salga de prisión.

"Se debe comprender en primer lugar a los familiares y sobrevivientes. Astiz fue debidamente juzgado y condenado por reiterados delitos de lesa humanidad", agregó en Twitter.

También los principales organismos de derechos humanos, algunos de ellos muy críticos con el Gobierno de Mauricio Macri por considerar que quiere favorecer a los represores, se han pronunciado en contra.

"Me parece un despropósito del residente este anuncio. Me parece que vamos para atrás después de 40 años de lucha. Son los jueces (los que deciden) pero también hay un entrometimiento del presidente. No es la justicia independiente. Es un hecho político", remarcó a Efe la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas.

Por su parte, Graciela Fernández Meijide, activista y madre de otro desaparecido por el régimen, consideró que, "a determinada edad" o cuando se tienen "enfermedades terminales", estar detenido "deja de ser una condena y pasa a ser casi una venganza".

"Por mí, deberían mandarlo (a Astiz) a su domicilio, con prisión domiciliaria, con la pulsera electrónica, que pudiera atenderse y eventualmente estar cuidado por la gente que designe él mismo o su familia", afirmó Fernández Meijide en declaraciones a radio La Red.

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