Politica

La fiscal venezolana ordena investigar la supuesta incomunicación del opositor López

Caracas, 16 jul (EFE).- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ordenó hoy que se constate la supuesta incomunicación del líder opositor Leopoldo López, preso hace cinco meses en una cárcel militar próxima a Caracas.

"Inmediatamente mando a un fiscal de derechos fundamentales (...) para constatar esa situación que ustedes señalan. Nosotros, respetuosos de los derechos humanos, velamos también por el cumplimiento del debido proceso", declaró Ortega a preguntas de los periodistas sobre la denuncia de familiares de López de que solo se le permite recibir visitas de sus abogados.

López será enjuiciado a partir del próximo 23 de julio acusado de ser el inductor de incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir, por los hechos violentos registrados en Caracas el 12 de febrero, cuando fue atacada la sede de la Fiscalía con bombas caseras tras una marcha pacífica por él convocada en el marco de su estrategia de lucha "La Salida".

El máximo dirigente del partido Voluntad Popular (VP), uno de los que integran la variopinta plataforma partidista opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha insistido en que "La Salida" del presidente, Nicolás Maduro, no debe ser violenta.

Junto a la dirigente de la organización Vente Venezuela, la exdiputada María Corina Machado, que presiona por la renuncia de Maduro, López figura asimismo como parte de la "oposición radical" que en el seno de la MUD promociona la estrategia antigubernamental "La Salida" con "acciones de calle pacíficas".

Estas protestas contra el Gobierno se iniciaron en febrero y algunas de ellas derivaron en hechos violentos que hasta el pasado junio dejaron 43 muertos, 873 heridos y más de 2.500 detenidos.

La fiscal general precisó hoy que siguen detenidas 101 personas, de las cuales 14 son miembros de organismos policiales o militares y 6 estudiantes.

Reveló que de ello informó en las últimas horas a la instancia de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), que requirió información al respecto.

Ortega destacó que entre los 43 muertos que dejaron los hechos de violencia política 16 fueron funcionarios de la fuerza pública, de la Fiscalía u otras instancias estatales tiroteados por francotiradores "cuando estaban limpiando barricadas".

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