Politica

El Congreso rechaza 18 vetos de Bolsonaro a la polémica Ley de Abuso de Autoridad

Brasilia, 24 sep (EFE).- El Congreso brasileño rechazó este martes 18 vetos que el presidente Jair Bolsonaro había impuesto para sancionar la polémica Ley de Abuso de Autoridad, aprobada por el Legislativo en agosto y que es criticada por jueces, fiscales y policías por considerar que inhibe su trabajo.

No obstante, los congresistas mantuvieron quince de los vetos que el mandatario había promulgado cuando sancionó la ley el pasado 5 de septiembre.

Ahora el jefe de estado tiene un plazo de 48 horas para sancionar la ley modificada o, en su defecto, el proyecto pasará al presidente del Senado, David Alcolumbre, para su decisión final.

La legislación fue interpretada por muchos como una reacción de miembros del Congreso a la 'Lava Jato', la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que mandó a prisión a decenas de políticos y empresarios acusados de participar en una gigantesca red de desvío de recursos de la estatal Petrobras.

El jefe de Estado alegó en su justificativa de sanción, a comienzos de mes, que optó por un número elevado de vetos tras escuchar los argumentos en contra de la Ley de varios ministros, del equipo de abogados de la Presidencia, de la Contraloría y de otros organismos estatales, pero "preservando la esencia del proyecto".

Según Bolsonaro, sus vetos parciales obedecieron a que las normas estarían en contra del interés público o la Constitución y dificultarían las investigaciones y acciones policiales, principalmente en casos de corrupción.

Entre los artículos vetados y que el Congreso volvió a aprobar están el de sancionar a las autoridades que obliguen a las personas a declarar, aún cuando el intimidado tenga el derecho constitucional a mantener silencio, y el que procesaba a quienes dejen de identificar a un preso o lo hagan falsamente.

Ya entre las medidas que fueron vetadas por Bolsonaro y que el Congreso las mantuvo aparecen la que deroga la responsabilidad de las autoridades que publiquen fotos o vídeos de los presos y la que pretendía criminalizar a los agentes que usen esposas en los detenidos que no ofrezcan resistencia o provoquen peligro.

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