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A juicio el exsecretario de Justicia Paz por la salida exguerrilleros de Colombia

EFE - 0:34 - 10/10/2018
  • Uno de los permisos sobre los que el ex secretario ejecutivo deberá dar explicaciones corresponde al de Fernando Arellán Barajas, quien el 8 de marzo de este año recibió autorización para salir del país entre el 23 y el 29 del mismo mes rumbo a Isla Margarita.

La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia llamó a juicio disciplinario al ex secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Néstor Raúl Correa por autorizar la salida del país de ocho exguerrilleros de las FARC cuando ya no tenía funciones para hacerlo.

La entidad señaló en un comunicado que Correa debe explicar "por qué después del 15 de enero de 2018, fecha en la que perdió competencia para desempeñar funciones jurisdiccionales (...) siguió aprobando salidas del país de excombatientes que se acogieron a esa jurisdicción especial, con lo que habría podido incurrir en extralimitación de funciones".

La Procuraduría calificó la falta de Correa como "grave a título de dolo" y añadió que la audiencia será convocada en un plazo no mayor a 15 días después de que sea notificado.

Uno de los permisos sobre los que el ex secretario ejecutivo deberá dar explicaciones corresponde al de Fernando Arellán Barajas, quien el 8 de marzo de este año recibió autorización para salir del país entre el 23 y el 29 del mismo mes rumbo a Isla Margarita.

Arellán está vinculado con el atentado con carro bomba al club El Nogal en 2003, que dejó 36 muertos y más de 200 heridos.

En su momento el Ministerio de Justicia dijo que no estaba de acuerdo con los permisos otorgados por la JEP a exguerrilleros de las FARC porque "deslegitiman" a esa institución encargada de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Correa dejó el cargo en abril pasado en medio de un escándalo por supuestos malos manejos de los recursos de la JEP.

La JEP se puso en funcionamiento el pasado 15 de marzo y es la columna vertebral del acuerdo de paz con las FARC, firmado con el Gobierno en noviembre de 2016.

Esta jurisdicción transitoria tratará los crímenes cometidos por exguerrilleros, agentes de la fuerza pública y civiles en el marco del conflicto armado con una visión de la justicia restaurativa para aquellos que cuenten la verdad, mientras que expedirá sanciones ordinarias para los que no colaboren con la justicia.

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