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El avance en unos colectivos contrasta con la amenaza a los indígenas en Bolivia

- 5:08 - 22/02/2018

    La Paz, 22 feb (EFE).- La constitución de una comisión sobre violaciones de derechos humanos durante dictaduras militares y los progresos en la protección de personas con discapacidad y transexuales contrastan con la amenazas a comunidad indígenas, en el informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre Bolivia.

    El informe sobre "La situación de los derechos humanos en el mundo" de esta organización relativo a 2017-2018 destaca en el caso de Bolivia la puesta en marcha de una "comisión de la verdad para investigar graves violaciones de derechos humanos bajo los gobiernos militares (1964-1982)".

    La comisión, creada en agosto del año pasado, tiene un plazo de dos años para emitir un dictamen y cuenta con el apoyo de mandos militares, a través de un grupo de trabajo del Ejército del país, que han concedido acceso a sus archivos, subraya la organización.

    Amnistía Internacional resalta también la aprobación en el Parlamento boliviano de una ley para facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad y dotar de apoyo económico a quienes la padecen de forma más grave, en la línea del subsidio mensual que durante años reclamaban activistas del país.

    Asimismo, señala el avance que supone un fallo judicial que desde el año pasado legaliza las uniones civiles de personas que legalmente cambien de sexo.

    No obstante, advierte de que el matrimonio entre personas del mismo sexo carece de reconocimiento oficial.

    Igualmente, recuerda que "el aborto inseguro" es una de las principales causas de mortalidad materna en Bolivia.

    El informe de AI alerta también sobre la situación de los derechos de pueblos indígenas bolivianos, por casos como una ley promulgada por el presidente del país, Evo Morales, que permite la construcción de una carretera en "una de las principales reservas de agua" de Bolivia en la que viven comunidades originarias.

    La ley, sostiene la organización, preocupa por la posibilidad de dar pie a otras infraestructuras y a proyectos extractivos en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro-Sécure (Tipnis), antes protegido ante esas actividades, para preservar los derechos de los indígenas.

    Finalmente, el informe anual se refiere a "las amenazas y el acoso a organizaciones de derechos humanos".

    En concreto, cita el cierre el año pasado de la oficina en Bolivia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al no renovar su mandato el Gobierno boliviano.

    Además, incluye la toma en febrero de 2017 de la sede en La Paz de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, por parte de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros del país.

    El episodio se produjo en el momento en que organizaciones de defensa de derechos indígenas denunciaban la amenaza para su supervivencia que representan proyectos para extraer petróleo.

    Otro caso denunciado por AI afecta a la organización no gubernamental Centro de Documentación e Información de Bolivia, cuyas cuentas fueron congeladas desde el rectorado de la Universidad Mayor de San Simón, donde tiene su sede en la ciudad boliviana de Cochabamba (centro).

    La organización sufrió hostigamiento y amenazas de desalojo por parte del rector, Juan Ríos, concluye el informe.

    Amnistía Internacional también alude a un fallo judicial que habilita a autoridades como el presidente Morales a presentarse de forma indefinida a la reelección, pese a que la Constitución del país limita a dos los mandatos consecutivos, aunque sin precisar cómo afecta a los derechos humanos en el país.

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