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Una jueza salvadoreña se abstiene de resolver sobre la reapertura del caso de los jesuitas

- 1:39 - 14/02/2018

    San Salvador, 13 feb (EFE).- Una jueza de El Salvador se abstuvo de resolver sobre la solicitud de reabrir la causa penal por el asesinato de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989 por lo "delicado, complejo y voluminoso" del proceso, informó hoy a Efe un abogado de los religiosos.

    Arnau Bualenas, letrado y coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), ente que solicitó la reapertura, señaló que esto supone la dilatación del proceso y una vulneración a los derechos humanos.

    El letrado dio a conocer parte de la resolución en la que la jueza suplente del Juzgado Tercero de Paz se excusó de emitir una resolución porque no ha tenido el tiempo necesario para conocer el caso, dado que debe asumir la titularidad de otro tribunal.

    "El presente proceso penal es sumamente delicado, complejo y voluminoso", por lo que la jueza "no ha contado con el tiempo necesario para poder conocer, estudiar y analizar todas la diligencias", reza la resolución.

    La misma señala que el juez titular del tribunal, José Alberto Campos, de quien se desconocen las razones de su ausencia, tendrá el tiempo suficiente para "emitir su resolución debidamente motivada conforme a derecho".

    Las autoridades de la salvadoreña Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por jesuitas, pidieron al referido tribunal en noviembre de 2017 reabrir la causa penal contra los "autores intelectuales" de la masacre de seis sacerdotes y dos colaboradas, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

    Los religiosos buscan dar marcha atrás al sobreseimiento que dictó el mismo tribunal en diciembre del 2000 a favor de Cristiani y 6 militares, quienes formaban parte de la cúpula militar del Ejército, por la prescripción del delito y la existencia de una ley que amnistiaba los crímenes de la guerra civil (1980-1992).

    En esa fecha, Baulenas señaló que la masacre es un "crimen de lesa humanidad", por lo que es "imprescriptible" y no puede ser amnistiado, como lo estableció en julio de 2016 la Sala de lo Constitucional en una sentencia que anuló la ley de amnistía de 1993.

    Además de Cristiani los jesuitas acusan a los generales en retiro Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, al difunto René Emilio Ponce y al coronel Inocente Montano, quien es juzgado en España por la muerte de los 5 españoles en este crimen.

    En diciembre de 2017, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, recomendó al tribunal la reapertura del proceso penal contra los militares acusados de planificar la masacre.

    El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, las colaboradoras de los religiosos.

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