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El Gobierno paraguayo reitera que necesita más presupuesto ante la emergencia campesina

- 18:01 - 14/09/2017

    Asunción, 14 sep (EFE).- El Gobierno reiteró la necesidad de una ampliación presupuestaria, de unos 40 millones de dólares, para afrontar los costos de la Ley de Emergencia Nacional para la reactivación de la agricultura familiar campesina, promulgada en agosto y pendiente de implementar, según informó hoy Presidencia.

    La fuente indicó que para el Ministerio de Agricultura y Ganadería es "imprescindible e imperiosa" la aprobación de una ampliación presupuestaria a favor de la cartera por parte del Congreso.

    El Gobierno afirmó que la normativa, aprobada por ambas Cámaras a finales de julio y promulgada por el Ejecutivo el 9 de agosto, no requiere de una reglamentación como en principio solicitaron los campesinos.

    En este sentido la implementación de la ley de Emergencia queda pendiente en tanto el Congreso no apruebe la ampliación presupuestaria y mientras que la Coordinadora Nacional Intersectorial Campesina no entregue el listado de los beneficiados por esta normativa.

    El ministerio presentó una nota a los campesinos para que provean el listado de productores beneficiados al tiempo de invitar a una nueva reunión para el lunes con el objetivo de seguir las conversaciones para el delineamiento de acciones y procesos a ejecutar para dar cumplimiento a la menciona normativa.

    Los campesinos estuvieron manifestándose desde principios de julio y durante 37 días acampados en Asunción en la céntrica Plaza de Armas frente al Congreso para conseguir declarar en situación de "emergencia" la agricultura familiar campesina y pedir la condonación de sus deudas.

    Además, durante las protestas, también buscaron la condonación de sus deudas, que según ellos ascendían a 34 millones de dólares y afectaban a 17.000 pequeños productores y consiguieron la aprobación de una ley de subsidio, aunque días después fue vetada por el presidente, Horacio Cartes.

    El Ejecutivo rechazó la ley apelando a que costaría cerca de 3.000 millones de dólares para las arcas del Estado.

    La semana pasada ese veto fue aprobado por el Senado tras la falta de apoyos para su rechazo y más de un mes después de anunciada la negativa del Ejecutivo.

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