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La Fiscalía colombiana y la CPI acuerdan compartir información a la mayor brevedad

- 1:25 - 14/09/2017

    Bogotá, 13 sep (EFE).- La Fiscalía General de Colombia y la Corte Penal Internacional (CPI) acordaron compartir "información relevante, a la mayor brevedad", y celebrar en los próximos meses reuniones técnicas de cooperación.

    La decisión se adoptó el pasado lunes durante un encuentro entre la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, y la vicefiscal, María Paulina Riveros, "en la que se estrecharon lazos de cooperación entre ambas instancias judiciales", según un comunicado oficial divulgado hoy.

    Los fiscales "tuvieron la ocasión de dialogar sobre los asuntos de interés para el organismo internacional: delitos sexuales y de género, desplazamiento forzado, paramilitarismo, muerte de civiles presentadas como bajas en combate y entrada en vigor e implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz", señaló la información.

    Las partes hicieron la revisión "a partir de la observación de las distintas modalidades en que hubieran ocurrido los hechos por parte de las guerrillas de las FARC (ahora convertida en partido político) y el ELN, los grupos paramilitares y la Fuerza Pública".

    En ese contexto, la Fiscalía colombiana destacó la importancia de obtener de parte de la CPI "la evidencia que posea sobre los puntos bajo observación, respondiendo a la complementariedad positiva, cuyo objetivo en los términos del Tratado de Roma es garantizar el cumplimiento de los Estados del deber de investigar".

    "Para tal efecto, la fiscal de la Corte Penal Internacional manifestó su disposición de dar respuesta a esta solicitud del fiscal general de Colombia y compartir información relevante, a la mayor brevedad", agregó el comunicado de la Fiscalía.

    Ante el "particular interés" de la CPI en las muertes de civiles presentadas como bajas en combate, conocidas en el país como "falsos positivos", la Fiscalía colombiana señaló que "existen 2.190 investigaciones activas, 4.275 personas vinculadas a los procesos penales y, a la fecha, 1.282 personas condenadas".

    "En el marco de la asistencia recíproca entre los entes investigadores se convino, a partir de los próximos meses, la realización de reuniones técnicas de cooperación", agregó.

    Durante su visita, Bensouda ofreció su apoyo a Colombia de cara a la Justicia Especial para la Paz (JEP), incluida en el acuerdo firmado con las FARC para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

    La JEP será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI).

    Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo de su aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros.

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