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El Gobierno impulsa una ley que cambia el régimen fiscal de los "call center" en Panamá

- 17:44 - 17/07/2018
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    Panamá, 17 jul (EFE).- El Gobierno de Panamá presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que regula la actividad de los llamados "call center", cuyo actual régimen fiscal llevó a la Unión Europea (UE) a incluir en diciembre pasado al país en una lista de paraísos fiscales de la que fue excluido semanas después.

    Se trata de otro esfuerzo de Panamá para cumplir con los estándares de transparencia fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE), dijo el Ministerio de Economía Finanzas (MEF), mientras que un analista consultado hoy por Efe consideró que el país ya cumple con los modelos internacionales y se le "está llevando a extremos".

    El Ministerio de Economía explicó que el proyecto de ley sobre los "call centers", entregado el lunes al Parlamento, "elimina el tratamiento fiscal diferenciado para las operaciones internas y externas, estableciendo una tasa neutra de cero por ciento de impuesto sobre la renta a la utilidad generada por la operación comercial".

    La propuesta "desarrolla el régimen fiscal aplicable, así como requisitos migratorios y laborales que aplican a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a esta actividad", dijo el Ministerio.

    "En Panamá, los 'call centers' generan más de 8.000 plazas de trabajos, ofreciendo los mismos beneficios que en otros países de la región, por lo que este proyecto de ley busca mantener la competitividad de la industria, cumplir con los estándares internacionales en materia fiscal y garantizar que este sector continúe aportando a la economía y al mercado laboral", añadió.

    A juicio del economista panameño Adolfo Quintero, "Panamá ha sido bien transparente en lo referente al sistema de 'call center'", y su régimen "no tiene diferencia con ningún sistema" de ese nicho a nivel internacional, por lo que las críticas en contra "no son justas".

    "Están llevando al país a los extremos", dijo al ser consultado por Efe sobre la iniciativa de ley para el régimen fiscal de los centros de llamadas.

    Quintero recalcó que Panamá "a diferencia de la mayoría de los países, tiene un régimen territorial para la renta gravable" y que en ese marco ha firmado múltiples acuerdos de intercambio de información fiscal y tributaria que permiten una amplia colaboración internacional así como que se identifique y frene la evasión en el país.

    "El Gobierno tiene que ser firme en sus principios de justicia y también tiene que utilizar la diplomacia, explicar al mundo lo que es Panamá y lo que está haciendo" para combatir la evasión fiscal y otros delitos económicos, afirmó el analista.

    Tras la inclusión de Panamá en la primera lista de paraísos fiscales europea, la Cancillería explicó en diciembre pasado que la UE entendió que había "elementos que no son equitativos" en el régimen tributario especial que tienen los "call centers" en el país.

    El Ministerio de Economía también presentó el lunes ante el Parlamento "un proyecto de ley sobre activos intangibles, que pretende incentivar a aquellos contribuyentes que realicen actividades de investigación y desarrollo, siempre que se compruebe que existe una relación entre el total del ingreso y los gastos incurridos por esta actividad".

    El activo intangible desarrollado incluido en el proyecto abarca "patentes y softwares protegidos y se excluyen las marcas, derecho de imagen y cualquier otro activo intangible utilizado para el mercadeo dentro de zonas o áreas regidas por leyes especiales", de acuerdo con la información oficial.

    En enero pasado el Ejecutivo panameño presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que establece penas de hasta 5 años de cárcel para quienes evadan el pago de impuestos por encima de los 300.000 dólares anuales.

    En la legislación panameña actual la evasión fiscal es una falta administrativa, y la iniciativa oficial de convertirlo en delito penal, por recomendación de organismos internacionales según han dicho portavoces del Gobierno, ha encontrado resistencia en sectores legales y empresariales.

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