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Críticas en Argentina ante la posible reforma de la Ley de Glaciares

- 0:04 - 18/11/2017
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    Buenos Aires, 17 nov (EFE).- La posible reforma de la Ley de Glaciares de Argentina que pretende llevar a cabo el Gobierno del país ha despertado críticas y recelos, muchos de ellos entre los sectores que apoyan al propio Ejecutivo.

    La diputada oficialista Elisa Carrió, que encabezó la candidatura de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires en las recientes elecciones legislativas, publicó una carta al secretario de Minería, Daniel Meilan, por los "trascendidos públicos" que hablaban de la iniciativa para modificar el reglamento y "favorecer la actividad minera".

    En el texto, Carrió manifestó su oposición al "escandaloso e histórico lobby minero", acerca de un proyecto que se ha enmarcado dentro de la intención del Ejecutivo que preside Mauricio Macri de fomentar las inversiones, en este caso con unas normas menos restrictivas para la explotación de la parte argentina de la cordillera de los Andes.

    La legisladora anticipó en su escrito que varios de los diputados afines al Gobierno votarían en contra de cambiar la Ley de Glaciares actual, que "defiende intereses vitales para Argentina, ni más ni menos que el acceso y cuidado del agua de toda su población".

    La carta de Carrió llega después de que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, afirmase que la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques requieren "revisión porque son grandes ideas irreales que no tienen mecanismos de implementación, fiscalización y de ejecución eficientes para su fin", según recogió la agencia estatal Télam.

    En la Conferencia Internacional de Cambio Climático realizada en Bonn (Alemania), el ministro opinó que esas normativas "terminan siendo una épica legislativa el día que se hizo el lobby para que se proclame, y después no tienen ninguna trazabilidad sobre cómo esa ley tiene un impacto real en el cambio de la matriz, del recurso natural y el territorio que queremos preservar".

    Otra de las críticas que le han llegado al Gobierno en este sentido fue la del diputado de Cambiemos Raul Alfonsín, hijo del expresidente del mismo nombre, quien afirmó que el cambio en la ley que protege las zonas de glaciares "traería consecuencias ambientales muy severas".

    "Los glaciares y periglaciares son una de las principales reservas de agua dulce del país. Dinamitarlos sería destruirlas", sentenció Alfonsín, para quien "no se puede, en nombre del crecimiento y la inversión apoyar políticas que destruyan nuestra naturaleza. Existen otras alternativas más sustentables".

    Los ataques también han llegado desde las organizaciones ecologistas como Greenpeace, cuyas acciones tienen desde hace años en el punto de mira las actividades de las compañías mineras.

    Especialmente controvertida es, dentro del debate sobre los glaciares, la mina Veladero, operada por la canadiense Barrick Gold, en la provincia andina de San Juan, que además de estar situada zona protegida por la ley, desde 2015 ha protagonizado varios incidentes de derrame de sustancias contaminantes.

    En sus redes sociales, Greenpeace hizo eco de un comunicado de la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en el que consideran "inadmisible plantear un retroceso en los estándares de protección del ambiente periglacial solo para promover inversiones extranjeras".

    "Desde hace tiempo estos ecosistemas ya se ven amenazados por actividades mineras a gran escala, el bajo cumplimiento de la normativa ambiental que los protegen y el cambio climático", detallaron desde la organización.

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