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Temer concede descuentos de hasta el 60 % a los hacendados multados por desforestar

- 22:46 - 21/10/2017
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    Río de Janeiro, 21 oct (EFE).- El presidente brasileño, Michel Temer, firmó hoy un decreto por el que concede descuentos de hasta el 60 % en las multas impuestas a los hacendados y empresas por desforestar reservas ambientales a cambio de que se comprometan a invertir esos mismos valores en proyectos de preservación.

    De acuerdo con la Presidencia, la medida puede generar inversiones por hasta 4.000 millones de reales (unos 1.290,3 millones de dólares) en proyectos de reforestación en diferentes ecosistemas del país.

    "El decreto permite que parte de las multas ambientales sean convertidas en proyectos de recuperación de áreas degradadas y da otro paso en la búsqueda de la preservación del medio ambiente y de los ecosistemas brasileños", según un comunicado de la Presidencia.

    La medida, sin embargo, fue interpretada por los diarios electrónicos como una nueva concesión realizada por el jefe de Estado a los latifundistas del país y a los parlamentarios que defienden los intereses de los productores rurales.

    Según las versiones de prensa, el mandatario viene atendiendo diferentes reivindicaciones de este sector a cambio de que los legisladores de la llamada "bancada rural" lo absuelvan en la nueva denuncia por corrupción que le hizo la Fiscalía y cuyo avance depende del aval de la Cámara baja.

    El plenario de la Cámara de Diputados tiene previsto pronunciarse el próximo miércoles sobre si autoriza a la Corte Suprema a abrir el proceso penal contra el mandatario pedido por la Fiscalía o si opta por archivarlo, como lo hizo con otra denuncia hace dos meses.

    En otra medida supuestamente destinada a atender demandas de los productores rurales, el Gobierno brasileño anunció el pasado lunes una polémica y muy criticada normativa que dificulta el combate al trabajo análogo a la esclavitud en el país.

    El decreto que ofrece descuentos en las multas ambientales fue suscrito este sábado en una ceremonia en Miranda, un municipio en el estado de Mato Grosso do Sul ubicado en pleno Pantanal -la mayor área de tierras inundables del mundo e importante ecosistema brasileño-, al que asistieron decenas de hacendados de la región.

    Las multas que pueden ser convertidas en inversiones en proyectos de recuperación forestal son las que aún no han sido contestadas por los deforestadores ante tribunales.

    Según el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), el órgano de fiscalización responsable por multar a los deforestadores, las multas que aún no fueron pagadas ni contestadas en procesos judiciales suman actualmente unos 4.600 millones de reales (unos 1.483,9 millones de dólares).

    De acuerdo con la presidenta del Ibama, Suely Araújo, el decreto permitirá una mayor inversión en proyectos de reforestación, a los que podrán dirigirse hasta el 60 % del valor de las multas, ya que actualmente el órgano ambiental sólo recibe el 20 % de lo pagado para sus tareas y el Tesoro se queda con el restante 80%.

    "Un aspecto interesante de esta medida es que el proyecto que recibirá la inversión no puede ser en la misma área cuya deforestación generó la multa. Ello debido a que el infractor, independiente de acogerse al programa, ya está obligado a recuperar el área que desforestó", dijo por su parte el ministro de Medio Ambiente, José Sarney Filho.

    De acuerdo con el ministro, el decreto "cambia el paradigma del medio ambiente en Brasil" y hace con que el Ibama se convierta, además de un órgano fiscalizador, en un actor efectivo de la recuperación y el desarrollo sostenible.

    Sarney Filho conmemoró una nueva iniciativa de preservación ambiental en medio de las críticas que el Gobierno viene recibiendo por supuestamente haber permitido retrocesos en la preservación de la Amazonía desde que el conservador Temer asumió la Presidencia en sustitución de la destituida Dilma Rousseff.

    El ministro ha admitido que el Gobierno se equivocó en agosto pasado cuando publicó un decreto para extinguir una reserva mineral que preservaba unos 46.000 kilómetros cuadrados (el área de un país como Dinamarca) en medio de la Amazonía, pero alega que también acertó al revocar dicha medida.

    El Gobierno decidió mantener el área preservada tras recibir duras críticas de las organizaciones ecologistas, para las cuales la autorización para que las empresas mineras operen en el área ponía en riesgo al menos seis áreas de preservación ambiental y dos reservas indígenas ubicadas dentro de la reserva.

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